Por Eder Juárez
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La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) presentó un estudio sobre la “Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala”, en el que aseguró que la conflictividad se exacerba por la falta de presencia del Estado en extensiones amplias del territorio nacional.
De acuerdo con Asies, la conflictividad es impulsada por factores ideológicos y rezagos socioeconómicos que se reproducen y potencian en entornos de pobreza y falta de oportunidades en zonas rurales. El clima de conflictividad social e ingobernabilidad y la falta de certeza jurídica ha afectado significativamente las operaciones en la distribución de energía eléctrica.
Carmen Salguero, investigadora de Asies, dijo que el Estado ha retrocedido en su presencia, profundamente desconectado de la realidad nacional y cuando existe esta ausencia, es ocupada por otros actores y eso es lo que se vive en Guatemala ahora.
Según Salguero, en el Presupuesto para el 2018 el 20% de Presupuesto es inversión directa mientras que el 80% restante es para pagar salarios, gasto, pero no en inversión para resolver los condicionantes de salud o educación, lo cual potencia la protesta social.
“La pobreza es el núcleo calórico de la conflictividad social aquí y en todas las partes del mundo, el responsable de atender las condicionantes de desarrollo humano no es el sector privado, la cooperación internacional, es el Estado”, señaló la investigadora.
El estudio hecho por Asies refiere que según la estimación en el escenario económico más crítico, derivado del fenómeno de la conflictividad social, el país tendría que absorber un costo total de Q14 mil 665.74 millones, donde el 10% afectaría al sector energético, mientras que el 90% afectaría a los demás sectores de la economía, lo que equivaldría al 5.75% del Producto Interno Bruto (PIB).
TRANSPARENCIA
Por su parte Javier Brolo, investigador de dicho estudio, indicó que aunque la investigación no toca directamente el tema de las consultas a los pueblos y la transparencia en las adjudicaciones a las empresas hidroeléctricas, estas acciones permitirían evaluar esos procedimientos que son eficaces para reducir los costos de la conflictividad.
“Se debe promover como una práctica que sea efectiva, nuestro estudio abarca los costos que se tienen por no tener acuerdos y resistencia al pago de la energía eléctrica distribuida, esta medición nos sirve como referencia para que se puedan evaluar los mecanismos y reducir el costo”, indicó Brolo.
El experto agregó que el costo de la conflictividad y la conflictividad misma se reducen cuando se implementen soluciones de este tipo, pero actualmente no se pueden evidenciar y es lo que el subsector eléctrico intenta hacer para tener un punto de partida de la situación del problema y de esa manera tener las soluciones más efectivas y las más adecuadas para todas las partes de esta problemática.
