Por Eder Juárez
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El abogado constitucionalista Alejandro Balsells afirma que las declaraciones del presidente Jimmy Morales, sobre no acatar nada ilegal, son una nueva amenaza a la Corte de Constitucionalidad, lo cual considera es grave.
“Esto es otra amenaza, solo que ahora salió sin soldados. Él lo que está diciendo es que no le va hacer caso a una resolución que no le gusta. Incluso, lo grave es que sale después el PGN (Jorge Luis Donado) diciendo que va a valorar las resoluciones de la Corte… Esto de estar amenazando a la Corte, eso es muy grave. Ahora ya no lo hizo con policías y soldados atrás”, dijo Balsells.
Asimismo, dijo que los magistrados de la CC ya cuentan con memoriales y varias solicitudes de ejecución efectiva de amparos anteriores, por lo que debe “resolver conforme a derecho”.
El presidente Jimmy Morales afirmó que la Constitución le faculta a no obedecer órdenes ilegales, reiterando lo que dijo el pasado viernes cuando anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, que según la Carta Magna, las instituciones y sus funcionarios no están obligados a acatar órdenes ilegales.
“Nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales y en ese contexto, le digo al pueblo de Guatemala que a lo largo de nuestra administración de gobierno nunca tomaremos decisiones que violen el orden constitucional”, afirmó Morales durante una conferencia de prensa convocada esta mañana.
Además, el Presidente indicó que la Constitución le asigna facultades que “no son delegables y tampoco pueden ser condicionadas o restringidas”.
DECISIONES APEGADAS A DERECHO
En su discurso Morales dijo que como ciudadano y Presidente “es mi deber y obligación tomar decisiones de Estado que sean de interés nacional, que estén apegadas a derecho y que promuevan la paz social, el orden y el desarrollo de nuestra sociedad”.
El mandatario refirió que desde el pasado viernes, “desde la Presidencia de la República se han tomado decisiones trascendentales para garantizar el Estado de Derecho. Todas las decisiones han tenido un tiempo considerable para su análisis, debate y consenso, privilegiando en todo momento que respondan a nuestro interés nacional y estén apegadas al orden constitucional”.
Morales señaló que reiteraba al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que el Gobierno está “firmemente” comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva.
El Presidente dijo que recientemente en el marco de las facultades que le asignan la Constitución Política hizo del conocimiento al Secretario de la Organización de las Naciones Unidas que el Estado de Guatemala no solicitará una prórroga más del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Esta decisión está apegada a Derecho y por ningún motivo se está violentando el orden constitucional (…), ahora es momento que el Estado de Guatemala asuma el liderazgo, autonomía, y objetividad los retos de la seguridad y de la justicia”, indicó.
“En la vida hay que tomar decisiones trascendentales y valientes, pero siempre respetando nuestro ordenamiento jurídico, nuestros valores democráticos y nuestra soberanía nacional. El Estado de Guatemala respetará el mandato de la CICIG”, afirmó
REPROCHA A LA ONU
Asimismo, dijo que el pueblo de Guatemala y la Comunidad Internacional deben saber que el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores promovió ante la instancia de la ONU, un diálogo orientado a la solución satisfactoria de las preocupaciones que en 2017 y 2018 se plantearon a este organismo internacional sobre el actuar del Comisionado de CICIG.
“Transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten, pone en riesgo el orden, la paz social y la gobernabilidad del país”, manifestó el mandatario.
El Presidente dijo que lamenta públicamente la pasividad de la ONU para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 del acuerdo de la CICIG, “esta decisión debidamente consensuada y apegada al Derecho del Gobierno de Guatemala tampoco violenta o rompe el orden constitucional, al contrario se fundamenta en los principios constitucionales que promueve una sociedad en paz y garante de los derechos humanos”.
Según el mandatario la decisión no fue orientada en ningún momento por asuntos personales, ya que no ha intervenido en ningún proceso judicial, “ni personal, ni familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto le puedo decir al pueblo de Guatemala y la comunidad internacional que no he intervenido ni lo voy a hacer porque no interferiré en este tipo de investigaciones”.
Morales actualmente tiene una solicitud de antejuicio en el Congreso por financiamiento electoral ilícito. Este el segundo expediente que llega ese organismo, que lo protegió el año pasado al no retirarle su inmunidad.
