POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ya recibió el pronunciamiento del Ejecutivo por los tres amparos que fueron planteados en contra del presidente Jimmy Morales y ministros del Ejecutivo por las acciones recientes en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y, en particular, contra el comisionado Iván Velásquez.

Santiago Palomo, portavoz de la CC, informó que ayer en horas de la noche el Ejecutivo terminó de enviar sus informes circunstanciados por los amparos que fueron interpuestos por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, el abogado Alfonso Carrillo y Marco Vinicio Mejía Dávila.

Ahora, la CC deberá conocer una sesión plenaria si otorga el amparo provisional a los solicitantes.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el portavoz de la CC informó que el presidente en funciones de la CC, Bonerge Mejía, aún no había convocado a sesión plenaria. Esto, debido a que hasta ayer en la noche se recibieron los informes circunstanciados del Ejecutivo, dijo Palomo.

De momento, el magistrado Mejía preside la CC, pues la presidenta titular, Dina Josefina Ochoa, viajó desde el viernes a Corea para participar en la firma de un convenio de cooperación y en un seminario de Derecho Constitucional, según la información proporcionada por la CC.

AMPAROS

El primer amparo fue interpuesto por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en contra de Morales; el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el director de la Policía Nacional (PNC), Erwin Tzi, por el despliegue de elementos militares fuertemente armados en las cercanías de la sede de la CICIG el pasado viernes.

El viernes, en una acción intimidatoria, vehículos Jeep 8 que fueron donados por la Embajada de Estados Unidos fueron utilizados para rodear la sede de la CICIG, lo cual, según el PDH, violó el artículo 8 del acuerdo de creación de la CICIG, el cual establece que el Estado de Guatemala se compromete a garantizar la seguridad y protección de personal de la Comisión.

El segundo amparo fue interpuesto por el abogado Alfonso Carrillo en contra del presidente Jimmy Morales por la amenaza latente de que no se otorgue o se demore entregar la visa oficial de trabajo al comisionado Velásquez, la cual vence el 19 de septiembre.

Por último, el tercer amparo contra el Presidente fue interpuesto por Marco Vinicio Mejía Dávila, debido a que el Presidente no ha resuelto las controversias surgidas en torno a la CICIG aplicando el acuerdo por negociación con la ONU.

Aunado a los amparos, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público inició una investigación de oficio por el despliegue militar el pasado viernes, confirmó la jefa de dicha Fiscalía, Hilda Pineda.

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