CIDH mantiene monitoreo sobre criminalización y exilio de operadores de justicia

Rolando Alvarado

En la audiencia de supervisión de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 196 período de sesiones en Washington, organizaciones peticionarias y personas beneficiarias denunciaron que los factores de riesgo que motivaron la protección internacional siguen completamente vigentes en Guatemala.

Las víctimas señalaron durante una audiencia ante la Comisión, amenazas continuas, hostigamientos, vigilancia y campañas de desprestigio en su contra, según información compartida en la cuenta de red social de Verdad y Justicia en Guatemala.

Asimismo, advirtieron sobre la agudización de procesos de criminalización mediante el uso prolongado de la reserva procesal, la emisión de órdenes de captura y la falta de avances en las investigaciones de los ataques que sufren.

Denunciaron también graves barreras que enfrentan los operadores de justicia y defensores exiliados, quienes no cuentan con garantías de seguridad para ejercer su derecho de defensa ni para retornar al país.

Por su parte, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y el Ministerio Público (MP) reconoció la existencia de rezagos en las investigaciones penales.

Elvyn Díaz, director ejecutivo de la COPADEH, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso con la implementación y supervisión de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia.

Reconoció que existen rezagos en las investigaciones y señaló que, por ello, la delegación estatal incorporó al secretario general del MP, Edwin Chabajay, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y contribuir al combate de la impunidad.

CIDH MANTIENE MONITOREO

Durante la audiencia, integrantes de la CIDH destacaron que las medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia en Guatemala reflejan la gravedad de la situación que enfrenta el país y reiteraron que la Comisión mantiene un monitoreo permanente de estos casos.

El comisionado José Luis Caballero expresó su preocupación por la cantidad de procesos penales abiertos contra personas beneficiarias y consultó al Estado cómo avanzará la revisión de esos expedientes, el acceso a la información para quienes permanecen en el exilio y las acciones para evitar el uso de tipos penales que puedan facilitar procesos de criminalización.

Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, expuso que las audiencias celebradas durante el período de sesiones evidencian que la protección de personas defensoras y operadoras de justicia requiere no solo esquemas de seguridad, sino que también el fortalecimiento de las instituciones de justicia.

Hizo ver que, aunque las medidas cautelares fueron analizadas de forma conjunta, el seguimiento de la Comisión sigue siendo individual para cada caso.

Por último, la vicepresidenta de la Comisión, Andrea Pochak, destacó el impacto que el exilio ha tenido en las instituciones de Guatemala y valoró que el Estado reconociera los problemas de criminalización y persecución.

Reiteró que continuarán evaluando la vigencia de las medidas cautelaras, la efectividad de los mecanismos de protección y la situación de las personas que permanecen en el exilio o enfrentan procesos penales que impiden su retorno seguro al país.

La Comisión indicó que mantendrá un monitoreo permanente sobre la situación general del país y advirtió que las 22 medidas cautelares abordadas en la sesión seguirán bajo evaluación individual.

EXIGEN A LA CIDH MANTENER PROTECCIÓN

En su intervención, el Paulo Estrada, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) sostuvo que el Estado no ha respondido de manera efectiva a los hechos de riesgo denunciados y afirmó que las organizaciones han documentado patrones de amenazas, hostigamiento y ataques, incluidos los ocurridos en redes sociales y desde instituciones estatales.

Por su parte, el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, valoró la apertura mostrada por las nuevas autoridades del MP y solicitó el levantamiento de la reserva procesal y de las órdenes de captura contra personas exiliadas para garantizar el acceso a los expedientes y posibilitar su defensa.

Aura Lolita Chávez, Irma Elizabeth Palencia y Leyla Susana Lemus, beneficiarias de medidas cautelares, solicitaron a la CIDH mantener vigentes las medidas de protección, ya que Chávez denunció que continúa enfrentando amenazas tras su retorno a Guatemala y pidió medidas con enfoque «territorial e interseccional».

Por su parte, Palencia afirmó que el hostigamiento y la persecución persisten pese a haber dejado el cargo como magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y solicitó restablecer su esquema de seguridad.

Mientras que Lemus solicitó mantener las medidas cautelares y que el Estado continúe investigando los hechos que dieron origen a su otorgamiento, además de fundamentar técnicamente cualquier modificación a su esquema de protección.