POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, ya envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una copia del expediente judicial de financiamiento electoral ilícito en el que está involucrado el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Esto, debido a un requerimiento que formuló el ente electoral.
El presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, dijo que se requirió al Juzgado pruebas de las acusaciones que el Ministerio Público (MP) realiza por financiamiento electoral ilícito que recibió el FCN-Nación para la campaña electoral de 2015. Esto, para corroborar si es viable la cancelación de la agrupación política, tal como lo solicitó la Fiscalía contra Delitos Electorales del MP.
El Presidente del TSE aseguró que la información contenida en la carpeta judicial será “el punto esencial” para poder tomar una decisión respecto a la solicitud que formuló el ente investigador.
La petición del MP se deriva de un segundo hallazgo sobre financiamiento electoral ilícito que involucra al partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia. Según las investigaciones, para la campaña electoral de 2015, un grupo de empresarios, coordinados por Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), acordaron realizar aportes dinerarios a FCN-Nación de forma anónima y sin registrarlos, los cuales suman, al menos Q8 millones.
Estos aportes estaban destinados al pago de fiscales electorales, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía.
La investigación se sustenta en las declaraciones de las colaboradoras eficaces Paulina Paiz y Olga de Figueroa, quienes ocupaban cargos gerenciales en Novaservicios S.A., entidad por medio de la cual se canalizaron aportes anónimos, según las pesquisas.
Por este caso ya fueron ligados a proceso penal en audiencia de primera declaración Arenas y el empresario José Andrés Botrán Briz por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Se encuentra pendiente de citación el excongresista Edgar Justino Ovalle Maldonado. La Fiscalía no ha solicitado la rebeldía contra el sindicado porque no han localizado una dirección a la cual notificarlo de la cita judicial.
