POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Supervisión General de Tribunales del Organismo Judicial (OJ) iniciaron, de oficio, una investigación para determinar quiénes son los responsables de haber filtrado información sobre la captura de tres personas, a quienes se les sindica de participar en un evento de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El MP y la CICIG buscaban coordinar ayer la captura de Henry Silva Madrid Romero, sindicado de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de influencias; Carlos Humberto González Castellanos, por peculado, asociación ilícita y fraude y Juan Carlos Fernández Valle, por lavado de dinero u otros activos. Sin embargo, ninguna de ellas pudo ser ubicada.
Los entes de investigación aseguraron en un comunicado que los tres sindicados fueron alertados de las capturas por medio de llamadas telefónicas el jueves 12 de abril, lo que les permitió evadir su detención.
Juan Francisco Sandoval, jefe de al FECI, atribuyó esta fuga de información a un nuevo sistema de comunicación electrónico entre los jueces y la PNC, que se utiliza para coordinar las órdenes de captura. Esta red de comunicación se implementó en un acuerdo de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo el fiscal.
Derivado de lo anterior, la FECI inició desde ayer una investigación penal de oficio. Quienes resulten como sindicados de haber filtrado la información podrían enfrentar cargos por el delito de obstrucción de justicia, estimó de forma preliminar Sandoval.
Aunado a esto, la Supervisión General de Tribunales inició también una investigación de oficio para determinar si existen funcionarios judiciales que ameriten ser sancionados en el régimen disciplinario por facilitar la información de las capturas.
Las órdenes de detención fueron giradas por el juez suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Gustavo Peinado.
DENUNCIANTE
Como parte de las pesquisas, la Supervisión General de Tribunales entrevistó al jefe de la FECI ayer en su Fiscalía, quien ratificó la denuncia pública que realizó en distintos medios de comunicación sobre una posible fuga de información.
Sandoval sugirió que se realice “una auditoría al sistema informático (de capturas), para determinar la eficiencia del mismo”.
“(la fuga de información sobre las órdenes de detención) podría derivarse de la utilización del sistema integrado con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, en el que se cargan las órdenes de detención, por considerar que muchas personas podrían tener conocimiento de la emisión de las mismas”, dijo Sandoval en su entrevista con los supervisores de tribunales.
CÁMARA PENAL
Derivado de los señalamientos del fiscal, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocó a una conferencia de prensa en la que aclaró que dicho sistema de comunicación electrónica no es público, y que los únicos que tienen acceso a éste son los jueces que emiten las capturas y la Sección de Capturas de la PNC.
