Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron dos solicitudes de antejuicios, la primera contra el diputado Felipe Alejos, actual integrante de la Junta Directiva del Congreso y la segunda contra el juez séptimo penal, Adrían Rodríguez.
Ambos se encuentran involucrados en el caso «Traficantes de Influencias» según las autoridades. La solicitud contra el diputado Alejos fue por cohecho activo mientras que contra el juez Rodríguez por prevaricato y denegación de justicia.
En el caso de Alejos, el MP y la Cicig lo señalan de haber sido intermediario entre funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresas particulares que requerían de sus servicios para la agilización de trámites de devolución de crédito fiscal de manera irregular.
De 9 empresas captadas, Alejos captó el Ingenio Palo Gordo que tramitó 3 expedientes en la SAT.
En interceptaciones telefónicas a Geovani Marroquín Navas, que formaba parte de la estructura, se evidencian sus gestiones para agilizar los procesos del ingenio Palo Gordo. Sobre Alejos, el intermediario de Palo Gordo, el personero de la empresa, Rodrigo Presa Riera, indicó en acta testimonial que en una reunión se encontró con él, a quien conocía y a quien le dijo que el precio del azúcar estaba malo y que las solicitudes de devolución de crédito fiscal se tardaban bastante.
Según lo testificado por Presa Riera, Felipe Alejos le dijo que podía apoyarlo con eso y que se hacía a través de un amparo, “que le diera la copia de los expedientes y que él los iba a tramitar”.
No obstante, el caso de la Línea en 2015 dificultó la tramitación de los expedientes y pagos en la SAT, ya que Geovani Marroquín Navas y otros funcionarios fueron capturados.
“Existen elementos fundados de los que se infiere que el señor Felipe Alejos, diputado del Congreso, formó parte de los agentes externos de una organización criminal, quienes ofrecían servicios de gestión ante la SAT para agilizar irregularmente solicitudes de crédito fiscal a cambio de lo cual cobraban a sus clientes comisiones ilícitas” refiere la investigación del MP y Cicig presentada hoy.
En cuando al juez Rodríguez, según el MP y la Cicig, “existen elementos fundados de los que se infiere que a sabiendas y con toda determinación, emitió una resolución contraria a la ley, y además fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal a la entidad Aceros de Guatemala S.A”.
