POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Supervisión General de Tribunales deberá visitar el despacho del juez Tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto, para determinar si éste provocó retrasos injustificados en el trámite del Caso Bufete de la Impunidad, tal como lo señala el Ministerio Público (MP). Según el Consejo de la Carrera Judicial, la supervisión no tendría que demorar más de 15 días en realizar las diligencias de investigación.
La magistrada Vitalina Orella y Orellana, representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el Consejo de la Carrera Judicial, dijo que el Consejo ya instruyó a la Supervisión de Tribunales para que investigue si el juez incurrió en alguna falta disciplinaria regulada en la Ley de la Carrera Judicial.
Orellana dijo que debido a que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal se encuentra dentro de la jurisdicción de la ciudad capital, la Supervisión General de Tribunales no debería demorar más de 15 días en la investigación.
CASO
El MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el juez Moto por los delitos de retardo de justicia y prevaricato.
La Fiscalía le recrimina a Moto que, de forma injustificada, demoró 18 meses en acatar una resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal que ordenaba revocar la medida sustitutiva a la jueza Marta Sierra de Stalling y enviarla a prisión preventiva por el Caso Bufete de la Impunidad.
Además, retrasó diez meses el cumplimiento de una resolución de otra Sala de apelaciones en la que también se ordenaba revocar el arresto domiciliario que gozaban otros siete sindicados.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), mencionó que durante la audiencia de etapa intermedia fue evidente cómo el juez Moto intentó, de forma arbitraria, beneficiar a los sindicados.
Lo anterior se reflejó, dijo Sandoval, en la decisión que asumió el togado de cerrar el proceso penal a favor de ocho sindicados, pese a que existían medios de convicción suficientes para enviarlos a juicio.
No obstante, la CSJ rechazó In limine el antejuicio y, en cambio, ofició al Consejo de la Carrera Judicial para que investigara si el juez incurrió en una falta disciplinaria.
El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, manifestó por medio de su cuenta de Twitter que “en Guatemala no se ha comprendido bien la trascendencia e implicaciones” de la actuación del juez Moto en el Caso Bufete de la Impunidad.
Asimismo, manifestó su rechazo por la decisión de la CSJ de rechazar la solicitud de antejuicio y con ello impedir al MP y a la CICIG que lo investiguen por los delitos de prevaricato y retardo de justicia.
