POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Un recurso de apelación que interpuso la defensa del expresidente Otto Pérez Molina, con la cual insiste en que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, sea separado del proceso penal en su contra, impide a la judicatura continuar con el trámite ordinario del Caso La Línea.
El pasado viernes, el juez Gálvez envió a juicio a 28 personas sindicadas de conformar una estructura de defraudación aduanera denominada La Línea.
Sin embargo, previo a dictar esa resolución, el juez rechazó un incidente promovido por los abogados del expresidente, con el cual pedían al togado que se separara del proceso penal aduciendo que, por Ley, no estaba facultado para conocerlo.
Eso, según César Calderón, abogado de Pérez Molina, se debe a que al momento en que se dictó la orden de aprehensión contra su cliente, éste ostentaba el cargo de Presidente de la República, por lo que su caso debió ser conocido por una Sala de Apelaciones del Ramo Penal y no por un Juzgado de Primera Instancia Penal.
Esta petición ya fue rechazada por Gálvez, sin embargo, inconforme, la defensa de Pérez Molina presentó un recurso de apelación para dejar sin efecto dicha resolución. Por tal motivo, según Calderón, el juez estimó conveniente suspender el trámite del proceso en tanto la Sala de Apelaciones no resuelva la apelación.
“El juez estima que debe suspenderse el trámite del proceso por ser una cuestión contra él mismo y entonces, al elevar los autos a la Sala jurisdiccional, se suspende el trámite normal del proceso La Línea”, dijo el abogado.
De momento, aún está pendiente que el juez Gálvez programe una audiencia de “ofrecimiento de prueba”. Dicha diligencia tiene como finalidad discutir qué pruebas aportadas por el Ministerio Público serán aceptadas en la etapa del juicio.
Gálvez designó al Tribunal de Mayor Riesgo “B” como el órgano jurisdiccional de conocer el juicio contra los 28 sindicados.
CAMBIAN DELITO A EXBINOMIO
Durante la audiencia de fase intermedia, el juez Gálvez cambió el delito de cohecho pasivo que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) le atribuían a Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el tipo penal de enriquecimiento ilícito.
Además, los envió a juicio por casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.
