POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Para mañana estaba programada una audiencia en la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal donde se preveía que el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, presentara sus pruebas de descargo en el antejuicio que se tramita en su contra. Sin embargo, un recurso legal interpuesto por la defensa del congresista suspendió la citación.
Blanco presentó una “declinatoria” contra el juez pesquisidor de su antejuicio, Eduardo Galván Casasola, con la cual aduce que éste carece de “competencia” para conocer la denuncia en su contra.
El diputado de la UNE busca ser investigado por la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito. Según la Fiscalía, se detectó que entre el 1 de enero de 2015 al 9 de enero de 2016, tiempo en el cual Blanco fungía como Secretario General del partido, incumplió con sus obligaciones de reportar al Tribunal Supremo Electoral aportes dinerarios de más de Q2 millones que se destinaron al pago de transporte aéreo. Dicho servicio fue prestado por la empresa Helicópteros de Guatemala.
Sin embargo, según el diputado no existe un delito qué investigar ya que las anomalías que se hallaron en la contabilidad del partido pueden ser subsanadas ante la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y, de no ser así, aún se pueden enmendar. Por esta razón, asegura el parlamentario, el caso no debe tramitarse ante un juez pesquisidor.
De tal cuenta, Galván Casasola, quien integra la Sala Segunda, trasladó el expediente del antejuicio a la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que deberá decidir si el caso debe ser conocido por un juez pesquisidor o no.
Esta es la segunda ocasión en que se suspende la audiencia en la que Blanco debe ofrecer sus pruebas de descargo. La primera vez, instantes antes de la citación, el diputado presentó una recusación contra Galván Casasola, con la cual buscaba separarlo como juez pesquisidor señalando que dudaba de su imparcialidad.
En su momento, la Fiscalía también interpuso un antejuicio contra el diputado Roberto Villate, debido a que coordinó gastos de contribuciones anónimas para la campaña electoral del partido Lider (ya desaparecido) por un monto de Q21 millones entre mayo a septiembre de 2015.
