POR MARIELA CASTAÑÓN
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El pasado 5 de octubre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), revelaron más detalles de una extensa red de corrupción en el Sistema Penitenciario (SP). El 3 de septiembre de 2014, las autoridades presentaron los resultados de la primera línea de investigación por una estructura de traslados ilegales que eran dirigidos por el reo Byron Lima, que fue ejecutado en Pavón en julio del año pasado. Las pesquisas llevaron hasta el cuestionado sistema político actual y al alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Álvaro Arzú.
La corrupción que ha imperado en las cárceles guatemaltecas ha sido un problema fortalecido por los propios funcionarios de turno y por partidos políticos, que le han dado poder a los presidiarios con mayor influencia para controlar todos los negocios ilícitos dentro de las prisiones, como la planificación de extorsiones, asesinatos, secuestros, talachas y traslados.
Desde hace varios años La Hora ha documentado decenas de casos de corrupción, donde se ha revelado cómo las propias autoridades de Presidios permitieron violaciones sexuales de niñas y mujeres, ingresos de celulares, traslados ilegales de cárceles y extorsiones a reos.
Los delitos contra los presidiarios han incidido negativamente en la población, que hasta hoy es afectada por las extorsiones y asesinatos, que se planifican desde los centros carcelarios, ante la pasividad y complicidad de gobiernos que no han actuado por encubrir sus propios intereses, así lo demostró la CICIG y el MP con el caso “La Caja de Pandora”, que responde a varias interrogantes planteadas sobre el poder e influencia que ostentaba el reo Byron Lima.
El hilo conductor de las investigaciones del 3 de septiembre de 2014, cuando fue sindicado por nuevos delitos Lima, el exdirector del SP, Édgar Camargo y el exsubdirector Eddy Fisher, entre otras personas, permitió establecer cómo entre 2012 y 2014 la banda de Lima realizó 150 traslados, amparados por el Artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario. (Lea el recuadro El argumento para el traslado ilegal de reos). Los costos de cada movimiento carcelario eran de US$7 mil, es decir más de Q50 mil, o entrega de vehículos o inmuebles.
GOBIERNO DEL PP OTORGÓ PODER A LIMA
Tras la declaración de Alejandra Reyes, pareja sentimental de Lima, quien colaboró con las autoridades a través de su testimonio y entregó su teléfono celular para que fuera extraída toda la información necesaria, se conoció cómo a partir de la toma de posesión del gobierno del Partido Patriota (PP), el poder de Byron Lima creció.
“En su declaración Alejandra Reyes indicó que en el año 2012 Byron Lima le comentó que el coronel Luis Alberto González Pérez (quien fue detenido el pasado 5 de octubre), designado director del Sistema Penitenciario -durante el inicio de gestión del PP-, le dio un mensaje de Mauricio López Bonilla -exministro de Gobernación- que consistía en el regalo de trasladar a 150 reos de Pavoncito”, refirió el MP.
Agregó: “Las pesquisas entre Byron Lima y los dirigentes del Partido Patriota, se debió a que en gran parte compartían formación militar”.
En reiteradas ocasiones se cuestionó la actitud del exministro de Gobernación y de los exfuncionarios del SP, por los privilegios a Lima, pues le permitían realizar fiestas, ingresar edecanes, usar redes sociales, someter a reos, entre otros ilícitos, sin embargo, ofrecieron diversos argumentos para encubrir a Lima.
Algunos como Luis González justificaban que Lima tenía “un liderazgo positivo” que contagiaba a los otros privados de libertad. Así se documentó el 29 de mayo de 2012, en la entrevista “Sistema Penitenciario: Pavoncito es un ejemplo”.
Otros, como Édgar Camargo, admitieron en el reportaje publicado el 3 de febrero de 2014 por La Hora “Cárceles: ingresar un celular vale Q500; traslados cuestan hasta Q150 mil”, que hubo traslados ilegales, bajo el amparo del Artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario, sin embargo, tras insistir en los niveles de corrupción y su pasividad, en tono molesto, el otrora titular de Presidios, instó a quien conocía de actos al margen de la ley, que interpusiera las denuncias.
Mientras que al exministro de Gobernación, Mauricio López se le cuestionaba por qué mantenía a Lima en Pavoncito, a pesar de todas sus ilegalidades. En la nota “Ministro asegura que jueces no ordenan traslado de Lima”, publicada el 17 de mayo de 2013, López dijo que ningún juez se había atrevido a hacer el cambio.
En tanto, según el MP y la CICIG, el PP le otorgó al presidiario la facultad de realizar los nombramientos de funcionarios, entre estos los de Luis González, quien avaló los traslados de los reos Alfonso Rafael Menéndez Castillo y Kevin Overdick Barrios, quienes pagaron con sus vehículos a Lima y éste a su vez se los entregó a sus abogados defensores Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell.
LOS VÍNCULOS ENTRE LIMA Y ARZÚ
La información incautada en 2014 en la cooperativa Torre Fuerte, que estaba en Pavoncito y que era dirigida por Lima, así como las intercepciones de llamadas vinculadas con negociaciones para la contratación y formas de pago, además de la declaración de Alejandra Reyes, llevaron hasta la Comuna Capitalina, misma que era una de las principales contratistas de la referida cooperativa.
“La contratación de servicios por sí no constituye un delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir gastos de campaña del partido Unionista y algunos aliados, los cuales eran pagados con fondos municipales a personas cercanas a Byron Lima”, refieren las pesquisas.
De acuerdo con las investigaciones, también se documentó la existencia de plazas fantasma en la Municipalidad de Guatemala, entre estas la de Alejandra Reyes y su madre, también la de la viuda del reo fallecido, Obdulio Villanueva, quien junto a Lima fueron parte de la seguridad de Álvaro Arzú cuando fue presidente de Guatemala.
En las averiguaciones del caso se conoció que Lima identificaba a Arzú como “Señor Oro” y él usaba el seudónimo de “Julio”. En una ocasión exigió Q727 mil al alcalde capitalino para una operación, el pago de un auditor y honorarios a abogados.
El Alcalde capitalino no ha negado las plazas que le daba a las parejas de Lima y Villanueva. En reiteradas ocasiones ha dicho que “apoya” a las personas que le han pedido trabajo.
EL PASADO QUE LOS UNE
Lima cumplía una condena por el asesinato del obispo Juan Gerardi. El crimen ocurrió el 26 de abril de 1998.
Los vínculos entre Arzú, Lima y Villanueva datan desde 1996, cuando los dos eran seguridad del entonces Presidente de la República.
Villanueva formaba parte de una comitiva presidencial, en 1996, cuando disparó contra Pedro Haroldo Sas Rompich, porque supuestamente quería atentar contra Arzú, incluso se le sindicó de estar bajo efectos del licor, pero informes forenses determinaron que no había alcohol en su cuerpo. Villanueva fue detenido.
Mientras que Lima fue acusado por la muerte de Juan Gerardi, en 1998. A partir de ahí Arzú protegió a Lima y su padre, Byron Lima Estrada, según las autoridades. Ambas situaciones hicieron tambalear el mandato de Álvaro Arzú.
ANTEJUICIO
La CICIG y el MP realizaron una solicitud de antejuicio contra Arzú, para que sea investigado por la posible comisión de delitos.
Información de la Secretaría del Juzgado Undécimo Penal, indica que el juez José Eduardo Cojulum ya firmó la excusa para que la solicitud de antejuicio sea elevada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En caso la CSJ decida darle trámite remitirá la denuncia a una Sala Penal para que evalúen el proceso.
El argumento para el traslado ilegal de reos
Artículo 8, Ley del Régimen Penitenciario
Control judicial y administrativo del privado de libertad. Toda pena se ejecutará bajo el estricto control de juez de ejecución, quien hará efectivas las decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.
En el caso de personas sujetas a prisión preventiva, estarán a disposición de los jueces respectivos, conforme al Código Procesal Penal. El control de las condiciones generales de los centros de privación de libertad estará bajo la responsabilidad del director general del Sistema Penitenciario, con la debida supervisión del Juez competente, debiéndose velar por las condiciones dignas y los derechos inherentes al ser humano.
El traslado de las personas reclusas de un centro a otro, o a un centro médico asistencial, sólo podrá ser autorizado por el juez competente en casos plenamente justificados. En situación de emergencia la Dirección General del Sistema Penitenciario podrá disponer de aquellos traslados, dando cuenta inmediata al juez correspondiente, quien resolverá definitivamente.
Sindicados en caso La Caja de Pandora
Once personas fueron capturadas el pasado 5 de octubre por el caso La Caja de Pandora, entre ellos, Moisés Galindo y Marco Antonio Rosell, quienes fueron abogados defensores de Lima y sindicados por lavado de dinero, así como Luis González, exdirector del SP entre enero de 2012 a febrero de 2013 y acusado por asociación ilícita y tráfico de influencias.
También, Zorayda Herincx, subdirectora de atención a las comunidades precarias de la comuna, señalada por fraude y peculado por sustracción. Ella requería a Lima la elaboración de artículos promocionales con los logos del partido Unionista y a la alianza de las agrupaciones Creo, Todos, Victoria y Gana.
Lima entregaba los productos a Herincx a través de Alejandra Reyes y Luis Lima, hermano de Byron Lima, quien fue detenido por peculado por sustracción.
Los pagos se solicitaban por medio de fracturas en blanco, las cuales llenaban en la Municipalidad como si se tratara de servicios prestados a la misma. El pago se efectuaba con cargo a recursos del fideicomiso de apoyo a la planificación urbana, es decir con dinero de la alcaldía.
La autorización la daba Luisa María Salas, directora del comité técnico del fideicomiso y síndico primero de la Comuna. Herincx y Lima también organizaban talleres de capacitación con la finalidad de afiliar a los participantes al partido Unionista, cancelados con cargo de los mismos recursos públicos. Salas es sindicada por fraude y peculado por sustracción.
Herincx pedía que los asistentes fueran de la capital, ya que los talleres tenían el propósito de reclutar votantes para apoyar la reelección de Arzú, como alcalde de Guatemala.
Además de estas personas, fueron aprehendidas Ana María González Ruíz, Militza Lorena Viera Juárez, Oswaldo Pop Velásquez, Norberto de Jesús Ortega Barco, Amado Randelí Valdez Castillo. Ellos están relacionados con delitos de fraude, peculado por sustracción, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.
En tanto, serán citados a primera declaración, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, Dora Alicia Pineda Carías, Leonel Francisco Boror Gatica, Manfredo Cecilio Juárez Ramírez y Patricia Lisbeth Orozco Maldonado.
Además, tres personas están pendientes de aprehensión.
