POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Diversas entidades internacionales manifestaron su preocupación por los retrasos que ha sufrido el antejuicio contra el diputado Édgar Justino Ovalle. Según manifestaron, hay intentos de obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas del caso Creompaz.
Las organizaciones firmantes son: Washington Office on Latin America (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Plataforma contra la Impunidad, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Y Abogados sin Fronteras – Canadá.
Las entidades manifestaron su preocupación por el hecho de que el antejuicio se presentó desde enero de 2016, sin que a la fecha exista una resolución al respecto.
Las organizaciones también alertaron “sobre los intentos de obstaculizar la garantía de justicia para las víctimas de desaparición del caso Creompaz”.
“Desde hace más de un año, la Corte Suprema de Justicia recibió la solicitud del Ministerio Público de retirar la inmunidad parlamentaria al congresista del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN), Édgar Justino Ovalle, sin que el caso sea resuelto”, expresaron.
Las organizaciones dijeron que, junto con el MP, se han manifestado a favor de que el diputado Ovalle enfrente cargos penales por diversos crímenes contra la humanidad, ocurridos durante el Conflicto Armado Interno.
JUEZA PESQUISIDORA AÚN NO RINDE INFORME
El pasado 10 de noviembre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió el expediente de Ovalle a la jueza pesquisidora, Benicia Contreras, quien deberá remitir un informe indicando si es procedente retirar o no la inmunidad al parlamentario.
La ley otorga un plazo de 60 días para que la togada realice las pesquisas, sin embargo, varios recursos judiciales han retrasado el proceso.
“La jueza tenía 60 días para emitir su informe, que hasta hoy no ha sido presentado”, expresaron las organizaciones firmantes.
