POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, convocó a los sindicados del caso La Línea a una audiencia este lunes para dar a conocer la resolución de una inconstitucionalidad planteada por el expresidente Otto Pérez Molina.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó que la inconstitucionalidad se planteó en contra del artículo 330 del Código Procesal Penal.

En dicho apartado se prohíbe que el juez pueda liberar de cargos penales a una persona cuando esta fuere sindicada de delitos relacionados a la defraudación aduanera.

César Calderón, abogado de Pérez Molina, asegura que la normativa aludida limita las facultades del juez para resolver en un determinado proceso.

“–La inconstitucionalidad– es contra un artículo que establece que el juez, en la etapa intermedia, no puede clausurar o dictar sobreseimiento en un determinado delito. Pero eso le corresponde a un juez –decidirlo– y no a los diputados que hicieron la ley”, manifestó Calderón.

Y agregó que “con este artículo el juez tendría que abrir a juicio” obligadamente.

Pérez Molina se encuentra ligado a proceso por los delitos de defraudación aduanera, cohecho pasivo y asociación ilícita.

Este jueves, la defensa también solicitó que se modificaran los delitos por los cuales fue ligado a proceso penal el exmandatario, sin embargo, el juez Gálvez rechazó la petición.

Según Calderón, durante el proceso no existe evidencia de que el exmandatario haya liderado una organización criminal, como lo señala el Ministerio Público (MP).

PÉREZ MOLINA LOGRA ANULAR ETAPA INTERMEDIA
El pasado miércoles, el juez resolvió anular el desarrollo de la etapa intermedia derivado de una queja planteada por el expresidente en la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo.

Pérez Molina alegó que el juez violó su derecho de defensa al no programar una audiencia solicitada por su defensa. La diligencia se solicitó para discutir la modificación de los delitos por los cuales fue ligado a proceso.

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