El Ministerio de Gobernación (Mingob) aún no define cuando podría dejar de utilizar las cárceles públicas, administradas por la Policía Nacional Civil (PNC) y las cuales custodian a 1 mil 626 privados de libertad, según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, fue consultado por la situación de estas prisiones y explicó que todavía no tienen un plazo para dejar de utilizarlas.
El funcionario agregó que la intención es que durante su gestión pueda cesar el uso, pero mientras tanto tendrán que continuar con ellas.
A pesar de que el Artículo 48 de la Ley del Régimen Penitenciario ordena que las prisiones deben estar a cargo del Sistema Penitenciario (SP), actualmente hay doce centros que son administrados por la PNC.
La normativa literalmente dice: “Los centros de detención estarán a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, a excepción de los centros de internamiento de menores de edad, que se rigen por legislación especial, por lo tanto es prohibido el ingreso de menores en conflicto con la ley a los centros del Sistema Penitenciario”.
OCUPACIÓN DEL 190 POR CIENTO
Un estudio del CIEN, presentado en octubre pasado, refiere que actualmente hay 1 mil 626 privados de libertad en las cárceles de la PNC.
De la estadística hay 1 mil 488 personas que están en prisión preventiva: 1 mil 445 hombres y 43 mujeres, mientras que en situación de condena hay 138 personas: 131 son hombres y 7 mujeres.
Esas prisiones están ubicadas en Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz, Huehuetenango, Retalhuleu y Jalapa.
En estos centros existe capacidad para 854 reclusos, pero al igual que las prisiones del SP, sobrepasa la cantidad, pues actualmente hay 1 mil 626 privados de libertad.
La investigación del CIEN, indica que hay una tasa de ocupación global de 190 por ciento.
ANTECEDENTE DE UNA MUERTE
En septiembre de este año, la PNC documentó el caso de un hombre detenido y recluido en la cárcel de Baja Verapaz, a cargo de la PNC. El hombre habría muerto por no pagar la primera extorsión de ingreso, mejor conocida como talacha.
Guadalupe Lemus Blanco murió en el Hospital Nacional de Baja Verapaz, tras ser golpeado en el centro carcelario del referido departamento.
Magdalena García, esposa de Lemus, relató a la PNC que él fue capturado el 15 de septiembre de este año por los delitos de violencia contra la mujer y posesión de licor. El día que fue encontrado sin vida abandonaría de la cárcel, tras solventar su situación jurídica.
García dijo a las autoridades que su cónyuge fue golpeado por otros reos que le exigían la denominada talacha, la cual no pagó.
RECOMENDACIONES PARA ATENDER EL HACINAMIENTO
Por otro lado, el CIEN sugiere en su investigación la urgencia de atender el hacinamiento en las prisiones, lo cual se logrará a través del trabajo del Organismo Judicial (OJ) y el SP.
En el OJ, el CIEN recomienda que se deben buscar mejoras en el desarrollo del proceso penal, especialmente en la descongestión de los juzgados y tribunales para agilizar los procesos penales. También fortalecer las medidas alternas al encarcelamiento, para que la cárcel sea el caso de excepción, tanto para la prisión preventiva como para el cumplimiento de condena.
En tanto, en el SP se debe modernizar la infraestructura penitenciaria, ya que la misma debe ser mantenida adecuadamente, además de renovarla y modernizarla periódicamente para prevenir su deterioro y desactualización. En tanto, se debe mejorar la cobertura del SP en el territorio nacional, ampliando la cantidad de espacios para lograr un número adecuado según la población, el nivel de violencia y la eficiencia de la persecución penal.
Autoridades del Mingob dicen estar de acuerdo con estas sugerencias y por tanto, este y el próximo año trabajan en el remozamiento y creación de nuevos centros carcelarios, aunado a la capacitación del personal penitenciario, así como a la rehabilitación y el respeto por los derechos de los privados de libertad.
