Douglas Charchal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), deberá enfrentar proceso penal por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita en el caso TCQ, según resolvió el juez Miguel Ángel Gálvez este mediodía.
POR CLAUDIA PALACIOS
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Charchal también presentó al juez Gálvez una copia de su renuncia al cargo de magistrado de la Corte.
El togado está vinculado a la estructura de corrupción presuntamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti que, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cooptó varias instituciones estatales entre 2012 y 2015.
Ayer, la Fiscalía presentó llamadas telefónicas y mensajes de texto intervenidos que indican que Charchal podría haber colaborado en más de una ocasión con los miembros de la organización criminal.
Charchal es sindicado por presuntamente intervenir a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en un amparo interpuesto por el alcalde del Puerto de San José, Jorge Rizzo, para que se obligara a la entidad comercial a pagar una licencia de construcción por Q24 millones.
Según la declaración de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia que ahora actúa como colaborador eficaz del MP, Charchal movió sus influencias para beneficiar a TCQ y a cambio pidió que le asegurara una magistratura en la CSJ.
En una conversación por mensajes de texto intervenida por la Fiscalía, se lee que Rina Sanchinelli, exasesora de la Vicepresidencia, le envió a Baldetti los nombres de seis magistrados que serían electos para la CSJ y le preguntó si estaba de acuerdo con sus nombramientos. Entre los mencionados se encuentra Charchal.
El juez hizo mención de este indicio y cuestionó que la exvicepresidenta pudiera tener acceso a esa información incluso antes de que se llevara a cabo la votación para la elección de magistrados en el Congreso de la República.
Además, de acuerdo con el testimonio de la exfiscal de delitos económicos, Ana Elena Guzmán Loyo, en una ocasión el magistrado le pidió desestimar un caso denominado “El Bodegón”, ya que según le indicó debía pagar algunos favores a quienes lo ayudaron a obtener la magistratura.
Gálvez señaló que la comunicación de un magistrado con un fiscal es un hecho “delicado”.
Tras analizar los indicios presentados por el MP, el juez resolvió abrir un proceso penal contra Charchal, quien sigue en su calidad de magistrado de la CSJ, aunque está separado de sus labores provisionalmente.
El togado solicitó una licencia de dos meses para ausentarse del pleno, mientras resuelve su situación judicial.
