POR REDACCIÓN LA HORA
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En conferencia de prensa el comisionado Iván Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana revelaron que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti constituyeron un “entramado de corrupción para financiar el proyecto político del Partido Patriota (PP) y -tras llegar al poder- enriquecer a sus líderes”.
Esta estructura se alimentó en un inicio de los fondos de sus financistas de campaña y posteriormente de los contratistas del Estado, indicaron las autoridades, quienes dieron detalles de las capturas realizadas esta mañana en el Caso Cooptación del Estado.
Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) identificaron tres modalidades de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito: a través de canales de televisión abierta, con la triangulación de fondos de financiamiento y por medio de la adjudicación de contratos del Estado.
LA INVERSIÓN TIENE SU FRUTO
El grupo Albavisión, propiedad del mexicano Ángel González, financió durante cuatro años al PP de forma oculta, lo cual constituye el delito de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, señaló la fiscal Aldana.
Desde 2008, cuando Pérez Molina se perfilaba como candidato presidencial del PP, los canales 3 y 7 de Albavisión comenzaron a trasladar fondos a cuatro empresas de cartón: Comercial Urma, Publiaces, Publimerc y Serpúmer, controladas por el exscretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas.
Los depósitos a dichas empresas alcanzaron los Q17 millones 679 mil 200, que no pudieron ser justificados por las televisoras, señaló el comisionado Velásquez.
El seguimiento a los movimientos bancarios de las empresas llevó al MP a comprobar que los Q17 millones fueron utilizados para comprar bienes inmuebles para Baldetti y Pérez Molina, así como sufragar los gastos de publicidad del PP.
Sin embargo, «La inversión tiene su fruto», indicó Aldana al explicar que los canales 3 y 7, de televisión abierta, fueron beneficiados con el pago de Q216 millones 267 mil 762.52 en concepto de pautas millonarias del PP.
FINANCISTAS OCULTOS
Otra modalidad utilizada por la red de Baldetti y Pérez Molina fue la triangulación de financiamiento para ocultar los nombres de las empresas que aportaban a la campaña electoral.
De esta manera, financistas de campaña, que buscaban evitar figurar como donantes del PP, aportaron Q50 millones que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró.
Esas empresas facturaban a favor de sociedades anónimas manejadas por Monzón y su contador, Víctor Hugo Hernández, quienes, a su vez, canalizaban los recursos para la agrupación política.
Mes a mes, en los registros den TSE, las empresas de los testaferros registraban aportes a la campaña electoral, pero éstos no provenían de sus ingresos, sino de otras empresas que no querían que se mencionara su nombre. “Solamente esto es delito en Guatemala”, explicó Velásquez.
“HICIERON DEL ESTADO UNA FERIA”
“Esa maquinaria ilícita de lavado de dinero que les sirvió para llegar al poder siguió operando después del 14 de enero de 2012 –día en que tomaron posesión en el ejecutivo-”, aseguró el comisionado Velásquez.
Según las investigaciones, existía una gestión pública paralela liderada por Baldetti y Pérez Molina, quienes nombraron a operadores para las distintas instituciones del Estado.
Estos operadores coordinaron la adjudicación de obras y proyectos a empresas de la estructura criminal, que luego entregan en efectivo el dinero a los líderes.
Los operadores eran el poder real de las entidades: determinaban prioridades en las instituciones de acuerdo a los intereses de la estructura.
Las comisiones ilegales por cada contrato adjudicado podían llegar a ser de 60 por ciento para el exbinomio presidencial y de 40 por ciento para el resto de colaboradores, detallaron las autoridades.
Hasta hoy el MP y la CICIG han identificado 450 contratos dentro de instituciones del Estado que fueron gestionados por esta estructura de corrupción, a través de los cuales habrían captado Q500 millones de recursos públicos.
CANALES, BANCOS, CONTRATISTAS
En este día histórico en el que el MP y la CICIG destaparon la manera en que se cooptó al Estado, salieron lesionados los canales abiertos de Ángel González y por ende su esposa tiene orden de captura.
También se vieron afectados dos bancos del sistema, Banrural y G&T Continental ya que sus más altos ejecutivos, Fernando Peña y Flavio Montenegro, respectivamente, tienen órdenes de captura y ahora son prófugos de la justicia.
También salieron a luz varios contratistas del Estado, entre los que destacan Sigma Constructores, Conasa, Acquatecnica, HW Contractors, Tigsa Fertilizantes y muchos otros; sus representantes legales tienen orden de captura.
Tanto Aldana como Velásquez, refirieron que las investigaciones continúan y que los accionistas de tales entidades son parte de la pesquisas, pero advirtieron que éstas toman tiempo y que “no es lo que sabemos, es lo que podemos sustentar”, dijo Velásquez en alusión a que se siguen buscando indicios suficientes.
INVOLUCRADOS
Se ejecutaron 25 órdenes de detención en contra de: Karl Cristian Kaeller De León, Boris Orlando Navas Aguilar, Antonio Rodríguez Vas, Max Roberto Burgos Faillace, Denis Leonardo Lam, Mario Rodolfo Contreras Díaz, Julio Alejandro Quinto Tobar, Alberto Rafael De León Escobar, Juan Carlos Salguero Barrientos, Benjamín González Zepeda, Denis Leonel Linares Juárez, Boris Alberto Linares Juarez, Alex Sical Giron Martínez, Walter De Jesús López Acevedo, Oscar Ludwin Osorio Ovalle, Rudy Leonel Gallardo Rosales, Emilia Guadalupe Ayuso De León, Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Julián Muñoz Jiménez, Edin Raymundo Barrientos, Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, Judith Del Rosario Ruiz, Juan Abner Fonseca Galicia y Daniel Estuardo Calderón Ángel.
Además quedaron pendientes de ser capturadas las siguientes personas: Carlos Guerra Villeda, Álvaro Mayorga Girón, Miguel Martínez, Ana Graciela López Gálvez, Álvaro Mayorga Girón, Miguel Martínez, Ana Graciela López Gálvez, Adolfo Fernando Peña, Edna Berganza, Eduardo Ketzler, Marco Recinos, Orlando Morales, Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, Enrique Castellanos Rojas, Juan Luis Ortíz Álvarez, Eduardo Villa Corta, Rudy Navas, Daniela Beltranena, Julio Aldana Franco, Carlos Raúl Ruiz Vásquez, Jorge Ruiz Vásquez, Danny Cronwel Mayorga y Sergio Roberto Valladares.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, informó sobre la solicitud de órdenes de captura de carácter internacional contra Alba Lorenzana, Vivian Urízar, Jorge Balcárcel, Alfonso España, Carlos Ruiz, Graciela López, Allan Marroquín, William Schwak y Jurg Widmer.
Además, se solicitaron seis órdenes de conducción para ampliación de nuevos hechos delictivos para Roxana Baldeti, Otto Pérez Molina, Jonathan Cheves, Samuel Aceituno Juárez, Gustavo Martínez y Julio Sandoval.
También se citó a primera declaración a Luis Fernando Ricardo Marroquín, Jack Irving Cohen, Luis Fernando Montiel Dávila, Mario René Cano Gutiérrez, Manuel Alberto Portillo Méndez, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Ismenia Beatriz del Bal Herrera, Byron Enrique Barrera Menéndez, Gerson Isaac Ricar.
El comisionado Velásquez indicó que las investigaciones continúan y a medida se vaya profundizando en ellas, podrían surgir más personas involucradas. Esto, ante una pregunta de La Hora sobre la participación de otros corruptores y funcionarios de gobiernos anteriores.
Además, recordó que la Ley debe aplicarse a todas las personas y que el MP y la Cicig no tendrán reparo en accionar contra cualquiera, sin importar su cargo o posición. “Nadie está excluido de una investigación”, dijo.
INICIARÁN DIALOGOS
El presidente Jimmy Morales, presente en la conferencia, anunció que la próxima semana se iniciarán a las discusiones para la segunda etapas de reformas al sector político, las cuales serán necesarias para fortalecer la democracia en el país y asegurar que lleguen al poder personas honorables.
