POR KATERIN CHUMIL
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El expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti enfrentarán una nueva causa judicial por actos de corrupción durante su Gobierno. Los exmandatarios fueron ligados a proceso por aceptar un millonario soborno a cambio de otorgar un usufructo oneroso a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, subsidiaria de la española Grup TCB.
Tras dos semanas de audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que existen suficientes indicios de que el exbinomio presidencial fue parte de una estructura ilícita que otorgó de forma irregular un contrato para un usufructo oneroso a TCQ.
Los delitos en los que presuntamente incurrieron son fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
Junto a ellos, el Ministerio Público (MP) acusó a 10 personas más que formaron parte de la negociación ilegal, entre ellos, al exsubinterventor de la Portuaria Quetzal, Julio Sandoval, y al representante de TCQ, Juan José Suárez.
El interventor del Puerto, Allan Marroquín, continúa prófugo en Estados Unidos, donde solicitó asilo político.
Todas las actividades ilícitas de la estructura fueron reveladas por el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, quien fue operador del negocio y ahora colabora con el MP.
Además, la Fiscalía cuenta con las declaraciones de dos testigos y con documentos, correos electrónicos, informes financieros y llamadas telefónicas interceptadas para comprobar la veracidad de su acusación.
A petición del MP, el juez Gálvez envió a prisión preventiva a todos los sindicados, con excepción de los sindicalistas Julio César Zamora y Julio Norberto Esquivel Orellana, quienes gozarán de medida sustitutiva.
El juzgador también citó a Monzón el próximo lunes 9 de mayo, para que amplíe su declaración.
EL CASO
De acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría la nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos, el cual estaba integrado por: Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías (líderes de la estructura), Gustavo Martínez Luna, Guillermo Lozano Bauer, Allan Herbert Marroquín Castillo, William Schwank López, Julio Rolando Sandoval Cano, Juan Carlos Monzón Rojas, Angel Pérez-Maura, Juan José Suarez Messeguer, Mauricio José Garin y Jhonatan Harry Chevez.
Ellos se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
