POR: KATERIN CHUMIL
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El caso de defraudación tributaria de Tiendas La Riviera se encuentra estancado en los tribunales debido a un amparo interpuesto por la defensa de los acusados.
El amparo fue interpuesto contra una decisión de la Sala Tercera de Apelaciones que impide a los sindicados acercarse a las instalaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), debido a que podrían obstaculizar las pesquisas.
Los cinco sospechosos permanecen en libertad provisional mientras se resuelve el proceso en su contra.
Tamara de León, jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos, señaló que el Ministerio Público se encuentra listo para presentar una acusación formal en contra de los implicados en el caso.
Además indicó que aún está pendiente la captura de la sindicada Lucía Touzard Romo, quien fungió como representante legal de Tiendas Libres.
Touzard fue ubicada en Panamá, donde se esconde debido a que también tiene una orden de captura internacional, girada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, por el delito de Blanqueo de Capital.
El MP acusó a Rudy Villeda, extitular de la SAT, y otros exfuncionarios de la institución por haber creado un procedimiento normativo que otorgó una exoneración ilegal de impuestos a una empresa. Dicha autorización anómala permitió que Tiendas Libres de Guatemala (TLG), cuyo nombre comercial es La Riviera, operara como un depósito aduanero privado y a su vez como tienda libre de impuestos.
PROCESO INTERNACIONAL
En tanto ayer se dio a conocer que el grupo Wisa, propietario de La Riviera, es parte de una red denominada “Waked Money Laundering Organization (Walked MLO)”, y fueron incluidos en la “Lista Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, según informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según la información publicada en medios y agencias internacionales, estos incluyen los locales operados por La Riviera, S.A. en la Zona Libre de Colón, la capital de Panamá, Colombia, Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, México, Bolivia, Honduras, Nicaragua y Uruguay.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes propiedad de las 68 compañías en Panamá y Colombia, bajo la designación de capo del narcotráfico.
Como parte de dicho esfuerzo, la policía colombiana arrestó un día antes al empresario panameño Nidal Waked en un aeropuerto de Bogotá.
EXTRADITARÁN A EMPRESARIO
Esta mañana, agencias internacionales informaron que el empresario Waked, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores mundiales de dinero del narcotráfico, será extraditado a ese país donde es requerido por la justicia.
Waked, de 44 años, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras superar los controles de migración “y notificado de una orden judicial de extradición (en su contra) de la Corte del Distrito Sur de la Florida, expedida el pasado 25 de marzo de 2016, por dos cargos relacionados con ‘concierto para cometer lavado de activos’”, detalló la Policía en un comunicado.
Según el texto, Waked, quien es señalado como el “hombre más buscado del mundo por blanqueo de dinero”, es dueño de una cadena internacional de tiendas libres de impuestos, ubicadas en diferentes aeropuertos, a través de la cual presuntamente lavaba dinero proveniente del narcotráfico.
La Policía de Colombia aseguró que, en el escrito de acusación del juzgado estadounidense que le requiere, se señala que Waked “recibía dólares por el tráfico de drogas, los invertía en sus establecimientos e impedía que las ganancias salieran de la zona de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales, y así evitaba que las autoridades de los diferentes países le hicieran seguimientos o controles financieros”.
Tras su detención, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aseguró que la “Procuraduría General ha anunciado una investigación y nuestros reguladores bancarios y de valores han tomado medidas inmediatas para proteger la integridad de nuestro mercado de valores y de los depositantes”.
