POR KIMBERLY LÓPEZ
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El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, transmitió la postura del Organismo Ejecutivo frente al posible pacto de impunidad que se estaría gestando entre el Organismo Legislativo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para garantizar impunidad a ocho diputados oficialistas y al magistrado Douglas Charchal.
Según Hiemann, el Ejecutivo respeta la independencia de poderes y también promulga que no exista intervención entre estos.
No obstante, «si el pacto es ilícito y busca beneficiar a personas específicas ante la ley, definitivamente tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se debería denunciar, inclusive hasta en instancias internacionales”, indicó el portavoz.
Asimismo, indicó que más que al Ejecutivo estos son temas que le corresponden a las instancias de investigación, Ministerio Público (MP) y la CICIG para detectar actos de corrupción.
Agregó que frente a este posible acto de corrupción, el organismo Ejecutivo, dirigido por el presidente Jimmy Morales, estaría en la disposición de colaborar con las instancias, a través de los procesos operativos correspondientes y de la realización de las capturas que sean necesarias.
PACTO ILEGAL
Diputados y allegados a éstos, quienes piden no ser citados, informaron que están a la espera de que el Congreso conozca el expediente contra Charchal y que a través de un sorteo quede integrada la comisión pesquisidora que deberá determinar si procede retirarle la inmunidad al magistrado señalado en el Caso TCQ.
De acuerdo con estos legisladores, habría un amaño en el proceso para beneficiar a Charchal, a cambio de que en el Organismo Judicial no se les retire la inmunidad a los ocho diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN).
La Hora también recibió información que la negociación entre el partido oficialista FCN y algunos magistrados de la CSJ habría estado encabezada por Blanca Stalling, quien también cabildeó para que Remberto Ruiz fuera electo como director del Instituto de la Defensa Pública Penal. La aludida goza actualmente de un permiso durante un mes concedido por la CSJ.
A mediados de marzo pasado, llegó a La Hora información que había un plan para desestabilizar a la fiscal general Thelma Aldana que involucraba a magistrados de la CSJ y a diputados.
