POR VIRGINIA CONTRERAS
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El Comisionado Iván Velásquez dijo sentirse optimista ante el hecho de que las reformas constitucionales al sector justicia deban llegar al Congreso de la República para ser evaluadas y posteriormente aprobadas. Organizaciones sociales desconfían de los diputados, debido a los antecedentes en procesos de reformas.
“No conozco más que por referencia lo que han sido estos antecedentes a los que permanentemente se refieren de frustración y engaño (por parte del Congreso); pero yo si tengo optimismo”, expresó el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tras las distintas muestras de desconfianza que integrantes de la mesa de diálogo manifestaran sobre el Legislativo.
La interrogante que surgió en torno al tema, giraba en cuanto a cómo comprometer al Congreso a respetar el resultado del proceso de reformas al sector justicia que actualmente se discuten, dados los antecedentes de ese poder, como resultó con las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Recientemente los diputados aprobaron reformas a la Ley Electoral, pero no cambiaron los aspectos que afectan sus intereses, como el financiamiento de campañas, la reelección y el voto por planillas.
DIÁLOGO GENERARÁ PRESIÓN
A criterio de Velázquez, la sociedad guatemalteca es quien debe estar a la cabeza de las reformas y destacó que el diálogo nacional que convoca a los distintos sectores generará una presión frente al Organismo que le corresponde reformar la Constitución y tras ello, sería la ciudadanía quien deba pronunciarse sobre la reforma en la consulta popular que deberá realizarse.
“Si juntamos todos los elementos y vinculamos propuestas colectivas que se pueden generar en espacios como este y luego, en la vigilancia para que las propuestas que consensuadamente adopten en la mesa, sean aprobadas por el Congreso. Así como en la difusión y promoción que sean aprobadas en la consulta popular, se puede lograr el objetivo”, explicó.
DUDAS
Carmen López, de la Convergencia Cívico Política de Mujeres, fue una de las presentes que externó su preocupación sobre ese poder y a su criterio, para evitar que dichas reformas sean manipuladas, se debería solicitar un punto resolutivo para obligarlos a que respeten el proceso.
Por su parte, Norma Cruz, de Fundación Sobrevivientes, compartió los motivos que inquietan al resto del sector, pero aclaró tener la convicción de que la coyuntura en el país es diferente a la de otros tiempos.
Además, explicó que dentro de la secretaría técnica se encuentran personas que garantizan un liderazgo y gozan de la credibilidad del pueblo. Por lo que entiende que la población se movilizaría si el Congreso “quiere jugar” con ese tema.
“Eso me da cierta confianza en que esta vez no será lo mismo de siempre. Creo que es un compromiso de los que estamos en este lugar”.
A la opinión de Cruz, se unió la de Mayra Veliz, Secretaria General del Ministerio Público, quien señaló que la auditoría social, a través del ejercicio pleno de la ciudadanía debe funcionar eficientemente para que vigile y observe el proceso.
“No conozco más que por referencia lo que han sido estos antecedentes a los que permanentemente se refieren de frustración y engaño (por parte del Congreso); pero yo si tengo optimismo”
“Si juntamos todos los elementos y vinculamos propuestas colectivas que se pueden generar en espacios como este y luego, en la vigilancia para que las propuestas que consensuadamente adopten en la mesa, sean aprobadas por el Congreso. Así como en la difusión y promoción que sean aprobadas en la consulta popular, se puede lograr el objetivo”.
Iván Velásquez
CICIG
