POR GRECIA ORTIZ
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El sistema de justicia como le conocemos hasta ahora podría cambiar radicalmente si se concretan las reformas que plantean varios entes del Estado con el apoyo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para modernizar a las instituciones y garantizar la independencia judicial. Aunque existen condiciones para dialogar sobre cambios profundos en el país, el proyecto tendrá que pasar por las manos de los diputados, que hasta ahora se han mostrado reacios a modificar leyes que afecten sus intereses y los de grupos de poder.
El presidente de la República, Jimmy Morales, anunció recientemente la realización del «Diálogo Nacional: Hacia la reforma de la justicia en Guatemala», cuyo propósito es promover la discusión, aprobación e implementación de reformas concretas al sistema de justicia que contribuyan a la lucha contra la impunidad y la corrupción, garantizando la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad guatemalteca.
El mandatario hizo el anuncio luego de una reunión de alto nivel en la cual participó junto con el presidente del Congreso, Mario Taracena; el presidente del Organismo Judicial, Ranulfo Rojas; la fiscal general, Thelma Aldana Hernández; el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y el Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez.
Según acordaron los representantes del Estado y la CICIG, este proceso estará orientado a la reforma constitucional en materia de justicia y reforma a otras leyes.
Estará liderado por los tres poderes del Estado y contará con el acompañamiento de una secretaría técnica integrada por la Fiscal General, el Procurador de los Derechos Humanos y el Comisionado. Además, contará con el acompañamiento de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand; y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
Otro de los aspectos acordados fue la elaboración de un documento base, el cual será presentado el 25 de abril con el ánimo de generar un Diálogo Nacional con propuestas definidas para la reforma de la justicia en el país.
El presidente Jimmy Morales dijo que de trabajar de manera coordinada entre los tres poderes del Estado de Guatemala, las reformas al sector justicia podrían estar listas antes de que finalice el año. «Si se trabaja con compromiso no debería pasar el mes de octubre para que tuviéramos esas reformas», expresó.
Aunque la propuesta de diálogo cuenta con el aval de los representantes de los más altos organismos del Estado y organizaciones civiles y empresariales coinciden en que las reformas del sector justicia son necesarias, el proyecto tarde o temprano tendrá que pasar por los diputados, que hasta ahora son reacios a implementar cambios profundos en el Estado.
EL GRAN OBSTÁCULO
Para Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, las reformas se constituyen como una tarea sumamente compleja pero necesaria, debido al alto deterioro del sistema de justicia.
«Encontramos una serie de problemas; muchos de orden ético, otros de tipo institucional y otros de tipo profesional. Hay que trabajar el tema en conjunto, tanto desde la reforma constitucional como desde la reforma de las leyes ordinarias. Ahora la pregunta es: ¿Qué viabilidad hay?», cuestionó Ibarra.
A criterio de la activista, existen condiciones propicias para discutir y plantear cambios, pues cree existe un discurso de apoyo parlamentario, además de que «las autoridades de justicia están comprometidas, sobretodo la Fiscal General».
Sin embargo, la problemática entonces, residiría en la falta de voluntad política real, tal y como sucedió con las reformas al Ministerio Público, que al final se consiguió con el apoyo de los parlamentarios, pero solo con la presión social, lo que demuestra que las reformas pasan por el papel que juegue el ciudadano guatemalteco.
«En todo este debate sobre las reformas Constitucionales en temas de justicia o en el diálogo sobre las reformas ordinarias, prevalece una actitud como la que hemos visto en el tema de la carrera judicial -de que- no vamos a avanzar mayor cosa, y podríamos tener un consenso difícil», destacó.
Álvaro Pop, del Organismo Naleb´, expresó que las reformas al sector justicia representan un importante paso para la construcción de un nuevo sistema, que solo se puede consolidar con una clase política consciente y comprometida con la ciudadanía.
Sin embargo, Pop es escéptico sobre el papel que puedan jugar los diputados en las reformas al sector justicia, al punto que piensa que podría repetirse la historia de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuando los diputados desoyeron el clamor ciudadano y reformaron la norma a su favor, aunque Mario Taracena, presidente del Congreso, quiso hacer creer lo contrario.
En ese sentido, aseveró que con los diputados de esta gestión no se observan «grandes expectativas» y destaca que «la sociedad guatemalteca no ha recibido mensajes de que tengamos un Congreso realmente consciente y listo para hacer transformaciones serias».
Los mensajes que han dado los diputados con aspectos como el transfuguismo, demuestra un contubernio entre la clase política, para su propio interés, señaló. «Sinceramente me parece que tenemos que hacer muchísima presión si queremos que el Congreso de la República actué de diferente manera, por lo que el camino de estas reformas esta cuesta arriba», agregó.
EL PROCEDIMIENTO
Próximamente se estará informando sobre la metodología de una serie de reuniones en la ciudad capital y en el interior del país, en las que se dará participación a la sociedad para que formule sus propuestas de reformas al sector justicia.
Las regiones que se tienen contempladas son Quetzaltenango, Huehuetenango, Cobán, Teculután, Flores y Santa Rosa.
En convocatoria del Diálogo Nacional se invitará a participar todas las expresiones sociales individuales y colectivas, principalmente aquellas que cuenten con trayectoria en procesos de incidencia, análisis, acompañamiento y/o monitoreo del fortalecimiento del sistema de justicia en su conjunto o de áreas particulares.
Hasta ahora, solo el presidente Morales dijo que se incluía la posibilidad de una reforma constitucional, aunque no entró en detalles de la misma, y solo se conocen algunas propuestas de reformas en las leyes ordinarias.
Velásquez se expresó ya sobre la iniciativa de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que contiene 79 artículos que buscan garantizar y fortalecer la independencia judicial.
«La administración de la Carrera Judicial es un tema fundamental y por eso se plantea que el Consejo de la carrera sea de carácter permanente. Ese mismo hecho impide que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo integre, puesto que éstos deben estar dedicados a su función jurisdiccional», refirió el titular de la CICIG, Iván Velásquez.
El comisionado de la CICIG indicó que el sustraer de sus funciones a un magistrado para que de manera permanente se ocupe de la administración de la carrera judicial, significa disminuir la capacidad de la CSJ en el cumplimiento de su función en la administración de justicia.
Asimismo, Velásquez expresó que el Consejo debería estar integrado por siete miembros: un representante de la CSJ, un magistrado de la Corte de Apelaciones, un juez de Primera Instancia y un juez de Paz; los otros tres integrantes deberán ser nombrados por los anteriores representantes, a través de un proceso de selección por oposición.
El planteamiento de la propuesta es que los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial sean permanentes y no participe el Presidente de la CSJ ni por un suplente, como actualmente se encuentra.
La fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana, aseveró que para que estas reformas tengan un verdadero efecto en la seguridad del sistema de justicia, deben lograr fortalecer a las instituciones y hacerlas independientes.
Aldana recordó que en años anteriores ya han surgido varios intentos para establecer reformas para la justicia, sin embargo, no se han obtenido resultados reales.
CAMBIOS NECESARIOS: CARRERA JUDICIAL
El abogado Ramón Cadena, considera urgente que se logre separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que los togados ya no tengan relación con asuntos administrativos.
El letrado asegura que no ve razón para que los magistrados se resistan a realizar este cambio, y que junto a esta reforma se debe crear el Consejo de la Judicatura.
Por otro lado Lorena Escobar analista de justicia de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies), expresó que aún se desconocen cuáles podrían llegar a ser los puntos medulares de las reformas y que en apariencia se tomará como base lo discutido de la iniciativa 4387
Escobar destacó que dentro de los aspectos a tomar en cuenta en las reformas estaría el modificar el tiempo de gestión en la Presidencia del Organismo Judicial para que deje de ser de un año y rotativa.
La rotación genera un desgaste para el OJ, expuso la analista, y por eso es que se ha considerado la ampliación del periodo de gestión; para mejorar este aspecto se buscaría que existan tres presidentes, cada uno con una administración de cuatro años durante doce años, y que no existan reelecciones.
«Se pretende mejorar el sistema de justicia, que tengamos mejores jueces motivados, un juez con aspiraciones y controlado, va a poder emitir mejores fallos, o a resolver mejor los conflictos que se ponen en conocimiento», destacó.
De acuerdo con el analista independiente en temas de justicia, Adolfo Alarcón, las reformas a este sector que se empiezan a discutir deben atacar las mayores deficiencias del sistema.
Entre estas destacan la coordinación interinstitucional, investigación criminal, mejorar la carrera profesional, asegurar recursos económicos, humanos y tecnológicos.
En tanto el combate a la corrupción, la transparencia y la mejora de procesos internos son aspectos que según el analista, deben reformarse para aumentar la capacidad de los entes de justicia.
Finalmente la activista Helen Mack, afirmó que existen temas cruciales, y que la CSJ ha evitado, relacionados a la independencia de la judicatura, para que la CSJ no tenga interferencia en el que hacer de los jueces y magistrados que siempre ha estado bajo el control de quienes son electos por el Congreso para formar parte de la CSJ control.
«En la medida que no se sancionen las faltas éticas, la corrupción siempre va existir en cualquier instancia del Estado, pero obviamente con los jueces es la puerta de entrada para la corrupción y eso es lo que no quieren», apuntó.
Además de estas reformas, es necesario hablar de la ley de colegiación profesional, porque a nivel constitucional también se debe tener en cuenta la Ley de Amparo «como hemos visto el amparo es utilizado para obstaculizar la justicia y no para el fin para el cual fue creado».
De suceder estos cambios, Mack explicó que no se observaría una variación de la noche a la mañana, no obstante si marcaría el camino a seguir.
Este año para la activista, se podría decir que sería crucial, pues se llegaría a definir la impunidad de los casos de alto impacto, que tiene que ver con exfuncionarios implicados.
EL INGREDIENTE QUE FALTA: USTED
A criterio de Marielos Chang, integrante de la organización Red Ciudadana, el papel de la ciudadanía sea fundamental en las reformas al sistema de justicia, pero aclara que eso requiere un diálogo amplio de los diferentes sectores de la sociedad.
Chang enfatizó que lo ideal es que la sociedad se informe, participe y esté vigilante del proceso de reformas, para que los diputados no se aprovechen de la incertidumbre y al final termine el proceso sin obtener cambios significativos.
«La clave es que quienes representen al sector civil alcancen un consenso de fiscalización, independiente de cuales sean sus postura, o intereses particulares. Yo creo que eso podría servir de mucha más presión para los diputados que no podrían aprovecharse y jugar, como lo hicieron con la Ley Electoral, que fue reformada sin escuchar los intereses de la población», dijo.
La participación además de servir para representación de la población, servirá para que los demás se informen sobre la propuesta de justicia, aseguró Chang.
LAS PROPUESTAS BÁSICAS
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala -OACNUDH-, con el apoyo del Ministerio Público -MP-, presentaron a finales del año pasado en la Mesa de Seguridad y Justicia del Congreso de la República las propuestas de reformas a Ley en Materia de Antejuicio y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Ley en Materia de Antejuicio
Los principales objetivos de esta propuesta son: generar un procedimiento ágil y transparente para la tramitación del antejuicio y preservar su naturaleza con el objeto de evitar que se afecte la función pública, y garantizar la continuidad y eficiencia de las atribuciones inherentes al cargo.
Ley de Amparo
Los principales objetivos de esta propuesta es contribuir a la agilización y simplificación del trámite del amparo y armonizar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre acceso a la justicia.
Ley de la Carrera Judicial
La Mesa Técnica se reunió en seis ocasiones para consensuar el contenido de seis bloques temáticos: Principios de la carrera judicial, ingreso y estabilidad en el cargo, Consejo de la Carrera Judicial y órganos, régimen disciplinario, evaluación del desempeño y separación de funciones administrativas y jurisdiccionales.
INSISTENCIA DE CICIG
En 2014 el Comisionado Iván Velásquez Gómez ya había hecho un llamado a todos los sectores a unirse para replantear prioridades y recursos en materia de justicia con el fin de generar una agenda mínima consensuada y conseguir las reformas que se requieren en dicho sistema.
Propuso en el pasado integrar tres mesas de trabajo que reflejen un diálogo abierto e intersectorial, en el que la sociedad guatemalteca pueda replantear sus prioridades y recursos con dicho tema para los próximos años.
Mesa # 1:
Carrera profesional en las instituciones de justicia, que discutirá la carrera judicial, fiscal, policial, penitenciaria y carrera del defensor público, así como el ejercicio de la abogacía.
Mesa # 2:
Obstáculos legales y prácticos a la investigación criminal y persecución penal, que tratará tanto las reformas legales como el fortalecimiento institucional.
Mesa # 3:
Acceso a la justicia y pluralismo jurídico que abarcará el acceso geográfico, lingüístico y con pertinencia cultural
