POR KATERIN CHUMIL
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Gustavo Alejos Cámbara, empresario y exsecretario privado de Álvaro Colom, permanecerá en prisión preventiva y ligado a proceso por los delitos ya imputados, luego de que la jueza Silvia Violeta de León rechazó una apelación de su defensa para que diera libertad condicional al sindicado y lo liberara de los cargos de cohecho activo y asociación ilícita.

Los defensores de Alejos solicitaron que su cliente solamente fuera juzgado por el delito de tráfico de influencias.

Ante estas solicitudes, los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se opusieron fervientemente.

Alejos aseguró que continuaría colaborando con la Ley y que permanecería en el país, mientras su proceso judicial finaliza.

Asimismo indicó que la Embajada de EE.UU. le suspendió la visa, porque él lo solicitó como una supuesta garantía de que permanecería en Guatemala.

Sin embargo, el Juzgado Sexto de Instancia Penal rechazó los beneficios solicitados y confirmó su permanencia en el Cuartel Militar Matamoros, zona 1.

Negociantes de la Salud

De acuerdo con las pesquisas investigativas del MP y la CICIG, la estructura criminal en la que Gustavo Alejos participaba junto a 10 personas, tenía como objetivo favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”.

Con este fin, el modus operandi de la red era negociar con suministradores de medicamentos y con funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con el objetivo de manipular la forma de adquisición de productos y servicios médicos.

Las “comisiones” obtenidas a través de la actividad irregular de los operadores para incidir en los procesos de adquisición en el IGSS, eran pagadas por el proveedor y eran compartidas con los funcionarios públicos que participaban del negocio.

De acuerdo con los investigadores, Gustavo Alejos Cámbara, Juan Pablo Muralles Morán y Alejandro Enrique Toledo Paz eran operadores de la estructura, y a su vez, eran proveedores de medicamentos.

En una de las conversaciones que se proyectaron a través de interceptaciones de escuchas telefónicas, hacen referencia, a dos operadores de la repartición de los porcentajes de ganancia por un contrato. Asimismo señalaron que el 15 por ciento obtenido, se repartía en un siete por ciento que era para ellos, (operadores) y el ocho por ciento restante era dado a “aquellos de arriba”. El MP destacó esta referencia, mas no detalló a quiénes podría aludir.

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