Tras un día y medio de discusiones legales sobre la pertinencia de su participación, Salvador González Álvarez, alias Eco, comenzó a relatar ante el juez B de Mayor Riesgo los secretos de La Línea, la estructura de defraudación aduanera en la que participó bajo la protección del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, según las investigaciones del Ministerio Público (MP). A continuación, un resumen de los primeros capítulos de su declaración.
POR C.PALACIOS
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Según el relato, Juan Carlos Monzón era un conocido suyo desde años atrás, de la colonia donde ambos crecieron. En 2006 tuvieron un proyecto de negocio que no se concretó y no se volvieron a ver hasta que en 2011 González Álvarez entró en contacto con el Partido Patriota con el objeto de alquilarle aparatos de radio comunicación para la campaña electoral que estaba en curso. Gracias a ese negocio conoció a Roxana Baldetti, quien en 2012 se convirtió en vicepresidenta junto a Otto Pérez Molina.
LAS EMPRESAS DE BALDETTI
En el primer semestre de 2013 Monzón lo contactó nuevamente y le comentó que la vicepresidenta estaba interesada en que lo apoyara en la asesoría de algunas empresas, cuya situación era crítica. González aseguró que aceptó esta propuesta a cambio de un pago mensual de $US 10 mil al mes.
Es así como empieza a hacer una auditoría de Corporación de Noticias, casa editora de Siglo.21 y alDía y según relató, dicha auditoria fue pagado por Edin Barrientos y los resultados de la misma fueron presentadas a él y a Juan Carlos Monzón. Tras esa asignación, conoció a Roxana Baldetti.
Tras un tiempo trabajando de esta forma, Monzón le introdujo personalmente a Roxana Baldetti en una reunión en la Casa Presidencial, donde además conoció a Julio Aldana Franco, con quien debía colaborar para otro proyecto del que en ese momento no obtuvo mayor detalle.
Aldana le hizo firmar un documento de confidencialidad y le explicó que su ayuda era necesaria para apodar a Baldetti la sociedad de ciertas empresas inmobiliarias con las cuales no tenía relación, pero las cuales había consignado en su declaración de probidad.
Es así que fue ganando la confianza de la vicepresidenta, hasta que un día le comunican que el presidente Pérez Molina está interesado en que además le asista en un plan de elevación de la recaudación tributaria.
González aseguró que planteó al Presidente que tenía dudas sobre su propia capacidad para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, pero Pérez Molina le explicó que no era un asunto técnico, sino de “confianza”.
ASÍ CONOCIÓ LA LÍNEA
Para ejecutar el plan, trabaja con Carlos Muñoz, superintendente de administración tributaria, quien le presenta a Filadelfo Reyes, entonces intendente de Aduanas, y a Carlos Pinzón, gerente de Recursos Humanos, así como a una persona de apellido Cruz, cuyo nombre no recuerda.
Sin embargo, pronto se hizo evidente que el proyecto no buscaba la elevación de la recaudación tributaria. Según le explicaron, en las aduanas existía una cuota de agilización el trámite de importación llamada “cola”, la cual era un cobro aparte del impuesto que se pagaba al Estado y que su trabajo tendría que ver con la recaudación de la misma. Hasta entonces, no comprendía exactamente de qué trataba el proyecto.
Tiempo después, cuando aún no terminaba de entender los detalles, le comunicaron que el liderazgo del proyecto había cambiado y que sería un importador llamado Osama Aranki quien le instruiría qué hacer.
Aranki dejó claro todo. El proyecto, comentó, se iba a trabajar a través de una tabla, donde se diferenciaba la R1, que correspondía a los impuestos cobrados, y la R2, que correspondía al cobro de la cola.
Este último ingreso, le explicaron, no ingresaba a las arcas del Estado, sino que se distribuía de la siguiente manera: 50 por ciento se debía entregar a Juan Carlos Monzón, quien a su vez los entregaría al presidente y a la vicepresidenta a través de alguien llamado Víctor Hugo Hernández. Del otro 50 por ciento, 5 se entregaba a Carlos Pinzón y a Filadelfo Reyes, 4 a Monzón, y 2 por ciento eran para González. Todo dinero lo recibía González en efectivo y en cajas. Estas entregas se hacían de forma semanal o quincenal, explicó.
Paralelo a la administración del dinero, González aseguró que ayudaba a coordinar la cooptación de las aduanas con miembros de la estructura que se estaba conformando. Esta última operación es la que causó disputas y cambios a lo interno de la organización.
El primer cambio es la salida de Filadelfo Reyes como intendente de aduanas y la entrada de Claudia Méndez en su lugar. La nueva intendente pasó a cobrar el 5 por ciento que recibía su antecesor y comenzó a colaborar también con la estructura.
Dijo que en tiempos de la UNE, uno de los sujetos de la estructura le dijo que Gustavo Alejos pretendió hacer lo mismo pero que no había aceptado.
LA RUPTURA
González asegura que se reunió en varias ocasiones con Méndez, quien no estableció una buena relación con Carlos Muñoz ni Carlos Pinzón. A decir de la intendente, estas dos personas no colaboraban con “el proyecto”.
Mientras esta situación se discutía, otro inconveniente surgió. González obtuvo información de que Osama Aranki se apropiaba de una parte del dinero que ingresaba a través de las aduanas, sin decirlo a la estructura.
González informó a Monzón y juntos tomaron la decisión de removerlo de la organización, junto a algunos de sus colaboradores.
Debido al descontrol surgido después de la separación de Aranki y teniendo conocimiento, gracias a una advertencia de Méndez, de que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) estaba investigando la estructura, González dijo que pidió a Monzón no seguir con el proyecto.
Sin embargo, con el propósito de no detener las operaciones en las aduanas, tras la salida de Aranki, Monzón le presentó a González a Javier Ortiz, alias teniente Jerez, quien le dijo, en adelante se encargaría de la coordinación de la estructura. Junto a Ortiz, llegó Miguel Ángel Lemus Aldana, a quien éste llamó “su mano derecha”.
LA SALIDA DE MUÑOZ
Ortiz inició nuevamente con movimientos de personal a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para lo cual contó con el apoyo de Anthony Segura, director del sindicato de trabajadores de la SAT.
Fue Segura quien solicitó a la organización la remoción de Carlos Muñoz como superintendente, ya que según González, creía que no estaba colaborando lo suficiente y lo responsabilizaba del incumplimiento de las metas de recaudación.
Tras la presión del sindicato, finalmente Muñoz fue despedido y se comenzó el proceso de sustitución. Como interino fue nombrado Omar Franco, quien según el colaborador eficaz, tenía “muy buena relación” con la intendente de Aduanas.
Aunque aseguró no tener información certera de por qué el presidente terminó designando a Franco como titular de la SAT, González cree que pudo ser gracias a la influencia de Méndez.
El colaborador finalizó su declaración explicando que habló con Franco hasta después de su juramentación, cuando éste por casualidad llegó a
Es así como empieza a hacer21, periódico del cual era director. “Tú sabes quién soy yo”, le preguntó González a Franco. “Sí, el director de Siglo 21”, le respondió. “No”, le dijo, “estamos colaborando con ustedes en una consultoría externa para la SAT”, acotó. A lo que el superintendente respondió, “sí, algo de eso he oído”.
DETALLES
González admitió que pese a que fue contratado para un plan de elevación de la recaudación tributaria, su trabajó terminó siendo “dar apariencia de legalidad a eventos ilegales” y que pese a tener conocimiento de ello, no se detuvo.
De acuerdo con el colaborador el sobrenombre de “Eco”, se lo asignó el mismo, ya que implementó un sistema de comunicación con la estructura a través de los aparatos de radio comunicación que alquilaba. Esto, aseguró, no era para evitar ser escuchados, sino porque él mismo había comprobado la efectividad de los productos en la comunicación organizacional.
Asimismo, fue él quien nombró como “1” al presidente Pérez Molina y “2” a Roxana Baldetti.
