POR VIRGINIA CONTRERAS
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Organizaciones, redes y movimientos internacionales, integrantes de la Misión Internacional, lanzaron el tercer informe de la misión sobre el derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición (DDA), el cual revela que el Estado de Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, (54.8%) y ocupa el primer lugar en niveles de desnutrición crónica.
El informe de la Misión destaca que a pesar de que Guatemala cuenta con un marco jurídico e institucional que favorecen el DDA y de ser un país rico en recursos naturales y de pujanza económica, no se visualizan cambios estructurales en las condiciones de vida de la población. En tal sentido, indica que el país es el tercer productor mundial de azúcar por tonelada métrica y reconocido productor de café, pero a la vez el tercer país con la carga tributaria más baja del continente (13%).
Por otro lado, señala que el enfoque predominantemente asistencialista de los programas de seguridad alimentaria es una de las causas de esta situación, ya que existe una falta de coherencia entre dichos programas y la legislación que reconoce los derechos humanos e igualmente, las políticas públicas y leyes sobre uso y manejo de los recursos naturales, laborales y comerciales.
En referencia al tema, menciona que en los últimos diez años, cuantiosas sumas de dinero han sido invertidas para diseñar planes integrales que abonen en la superación de la pobreza y al abordaje del hambre, tal es el caso de los cuatro planes estratégicos diseñados desde que el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -Sinasan- está vigente, los cuales son elaborados con el inicio de cada administración gubernamental y de la misma manera se sustituyen por nuevos planes al terminar el período de cada gobierno.
Aunado a ello, alude que el Estado impone un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional, el cual es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona el acaparamiento de los recursos naturales limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades.
Adrián Tuñón, de ACT Alliance y miembro de la Misión, refirió que el estudio se realizó con base a seis lugares del país, siendo Camotán, Chiquimula; San Rafael Las Flores, Santa Rosa; la Puya, San José del Golfo; el Valle del Polochic, Alta Verapaz y la Blanca Ocós en San Marcos.
