POR MARIELA CASTAÑÓN
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Tras aprobación de Ley se registraron 5,018 muertes de mujeres y niñas, y solo 282 condenas por femicidio

En 2008 se aprobó la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, y desde entonces se registró el asesinato de 5 mil 18 mujeres y niñas, una cifra que contrasta con las 378 sentencias relacionadas con procesos sobre esos crímenes, de las cuales 282 fueron condenatorias y 96 absolutorias. Aunado a esto, la Fundación Sobrevivientes cree que la cantidad de femicidios es mayor en comparación con los casos que conoce el sistema de justicia, pues aunque algunas muertes tienen características de ese delito, no todas son tipificadas de esa forma.

Así intentaron desaparecer el cadáver de Jacoba Arévalo

El 17 de febrero de 2015, a las 11:10 de la mañana, la Policía inició las diligencias para levantar el cadáver de una persona carbonizada en el interior de la finca Atos, ubicada en el kilómetro 84 de la ruta que conduce de Santa Lucía hacía Siquinalá, en el departamento de Escuintla.

El cuerpo estaba completamente quemado y alrededor tenía alambre, aparentemente del que tienen en su interior las llantas de los automóviles.

“En la parte de los talones –del cuerpo– se localizó dos pedazos de tela de cuadros de color azul blanco y celeste. En la parte de la espalda se localizó un pedazo de tela color rosado, blanco y celeste. Encima del cadáver restos de alambre, posiblemente de llanta”, detalla un informe oficial sobre el hallazgo.

Por otro lado, los primeros testimonios –de personal que laboraba en la finca– indicaban que les llamó la atención que esa madrugada observaron que de entre los cañaverales emanaba una columna de humo, y al acercarse al lugar constataron que se trataba del cuerpo de una persona recién asesinada.

El cadáver fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), aún sin determinar la identidad de la víctima; tras practicar una prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN) y la espera de aproximadamente un mes para conocer los resultados, se confirmó que el cuerpo correspondía a Jacoba Elizabeth Arévalo Garrido, de 26 años, madre de dos niños y técnica radióloga en el Hospital Nacional de Tiquisate.

Arévalo Garrido desapareció el 16 de febrero de este año, tras una discusión con su esposo, Juan Carlos Fuentes Gallo, médico, quien hoy es el principal sospechoso de esa muerte y declarado prófugo de la justicia.

PRINCIPAL SOSPECHOSO

Juan Carlos Aquil, abogado de la Fundación Sobrevivientes, que acompaña el caso de Arévalo y busca atribuir el delito de femicidio al esposo de la víctima, explicó que existen varios indicios que vinculan a Fuentes Gallo con la muerte de su cónyuge, por lo que se requirió la orden de captura, que hasta hoy no se ejecuta.

“Por lo que tenemos en la investigación, estamos convencidos que fue este señor –Fuentes Gallo–; regresando al día del hecho él discutió con doña Jacoba porque quería comer plátanos, y ella decía que eran para el otro día. Él hizo un drama, tuvieron una discusión y a causa de eso ella se puso muy alterada. En un momento en que los niños no querían comer se ofuscó, agarró una tijera y se quería hacer daño; él se la quitó –dijo Fuentes en su relato–, al final terminaron discutiendo y como él –dijo– está enfermo de la presión decide mejor llevarle a los niños a su suegra –Alba Garrido, mamá de Jacoba–”, explica.

Según el profesional, un día después de la discusión entre la pareja, fue encontrado el cuerpo de una mujer y a pesar de que Fuentes Gallo, por petición de la progenitora de Arévalo ingresó a la morgue a observar el cuerpo, dijo a los familiares que no correspondía al de su esposa.

“Un día después –de la desaparición– en Siquinalá se encuentra un cadáver carbonizado en los cañaverales. Doña Alba se enteró de ese cadáver y le dice a él –Fuentes Gallo– que vayan a reconocerlo, pero él la convence para que no vaya y se quede en la casa. Ella le pide favor a otros familiares que lo acompañen a –Fuentes Gallo– y cuando el Inacif traslada el cadáver a Escuintla al único que permiten entrar a ver el cuerpo es a él; cuando sale dice que no corresponde al de Jacoba, porque el cuerpo era una señora rubia y gorda”, argumenta el abogado.

Aquil detalló que otros indicios son los testimonios de vecinos de la pareja que no quisieron declarar, pero sí admiten que escucharon la discusión y vieron cuando Jacoba iba en un vehículo con Fuentes.

El entrevistado agregó: “Otra cosa que resulta sospechosa es que cuando se empieza a llamar a doña Jacoba él –su esposo– tenía su teléfono y sus documentos personales, creemos que no le dio muerte allí –en su casa- sino en otro lugar, porque la necropsia dice que cuando la quemaron ella estaba viva”.

LA JUSTICIA QUE NO LLEGA

Evelyn Arévalo, hermana de Jacoba, lamenta la muerte de su pariente y principalmente la situación de su familia, pues según ella, la abuela paterna quiere tomar la custodia de los niños, que actualmente tiene Alba Garrido, su progenitora.

“Él está prófugo –Fuentes Gallo- y el 7 de agosto fue la audiencia porque la mamá de él enjuició a mi mamá porque le quiere quitar a los niños, ahora los tiene mi mamá, pero los tienen que compartir cada 15 días, ella los debe llevar a Mazatenango para que los vean, creemos que es una injusticia, ella debe salir a las seis de la mañana y exponerse a viajar. Ellos no le dan para un bote de leche ni para un pañal, no la ayudan”, dice la entrevistada.

Arévalo manifestó su frustración por la impunidad en la muerte de su hermana, pues el principal sospechoso sigue libre.

“No vemos que el caso avance, la vez pasada circularon fotos de él –Fuentes Gallo- que estaba en Retalhuleu como si nada. Vimos unas imágenes –en las redes sociales- donde él sale a hacer ejercicios. Nos sentimos fatal, no sentimos apoyo de ninguna autoridad porque no se le da seguimiento, le quitaron el caso al fiscal Juan Bautista y el otro fiscal Homero, no se lo da a nadie más”, lamenta.

MUERTES, DENUNCIAS Y SENTENCIAS

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), entre 2008 y 2015 fueron asesinadas violentamente 5,018 mujeres y niñas. De esas, 4 mil 344 eran mujeres adultas y 674 menores de edad (Lea el recuadro Muertes violentas de mujeres y niñas).

En tanto en ese periodo de tiempo el Ministerio Público (MP) recibió 1 mil 750 denuncias por el delito de femicidio. (Lea Denuncias de Femicidio).

Por otro lado, el Organismo Judicial (OJ) conoció 945 casos de femicidio en los últimos ocho años y emitió un total de 378 sentencias, de las cuales 282 fueron condenatorias y 96 absolutorias (Lea Casos y sentencias por femicidio).

BÚSQUEDA Y TIPIFICACIÓN

Carmen López, de la Convergencia Ciudadana de Mujeres reiteró la importancia de una ley que permita la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, pues de esta forma se evitará hechos trágicos como una muerte, según indica.

“Seguimos tratando de impulsar que la iniciativa de Ley avance en el Congreso, nosotras estamos con esa preocupación porque como el Congreso está paralizado las cosas no caminan y allí está el proyecto engavetado”, refiere López.

A criterio de la profesional, esta iniciativa es importante porque así se lograrán articular acciones interinstitucionales y se emprenderán acciones inmediatas.

Por otro lado, Juan Carlos Aquil, abogado de la Fundación Sobrevivientes, explicó que actualmente puede existir una cifra negra de los casos de femicidio que ingresan al sistema de justicia y por lo tanto pueden existir más.

“Es importante poner en contexto dos cosas, la estadística que usa el OJ y la cifra negra cuando ocurre una muerte y no se sabe quién fue –el responsable- o no se tienen elementos probables o suficientes de investigación para decir que es un femicidio, yo creo que la cifra es más alta”, refiere Aquil.

El entrevistado reiteró que anteriormente las investigaciones por femicidio eran débiles y esto aún persiste principalmente en el interior del país donde en algunas áreas no hay cámaras de vigilancia, testigos u otros insumos que fortalezcan las pesquisas, sin embargo, enfatizó en el esfuerzo de la actual fiscal por mejorar el tema.

“Creo que la Fiscalía, especialmente con la administración de la fiscal Thelma Aldana ha enfocado mucho esfuerzo en esa línea, pero anteriormente era diferente. En el interior del país por ejemplo, no se documenta bien la escena del crimen, por lo que al final tenemos sentencias absolutorias, el juez lo que quiere son pruebas y muchas veces no se da cuenta que la prueba que tenemos no es toda la que se quisiera tener”, indica.


Ley Contra el Femicidio

Artículo 1. Objeto y fin de la Ley. La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos.
El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres, garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por Guatemala.


Buscan tipificar femicidio

La Fundación Sobrevivientes busca tipificar la muerte de Jacoba Arévalo como femicidio, pues según el abogado Juan Carlos Aquil, reúne las características de un delito de esta magnitud.

“El derecho penal tiene una figura general que es el homicidio, pero cuando hablamos de un femicidio es una figura especial que se da principalmente entre parejas o alguien que ha tenido algún tipo de relación con otra persona que lo conozca, que sea familiar o que esté dentro de la comunidad; en el presente caso ellos habían tenido una relación de pareja y tenían dos hijos. Ella sufrió violencia en el hogar y cuando le dan muerte se tipifica como femicidio”, explica.

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