POR VIRGINIA CONTRERAS
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Tras el fallo emitido el pasado jueves por el Juzgado de Delitos Ambientales del departamento de Petén, el cual ordenó el cierre por seis meses de la empresa Reforestadora de Palma de Petén S.A. (Repsa), se han suscitado distintos hechos de violencia en Sayaxché.
El pasado 18 de septiembre, un día después de que entrara en vigencia la orden de suspensión de operaciones de Repsa, fue asesinado Rigoberto Lima Choc, de 28 años, maestro de Petén, concejal electo por el partido Unidad Nacional de la Esperanza y activista que señaló a la compañía de ser la causante de lo que se consideró un “ecocidio” en el río La Pasión.
El ataque sucedió frente al Juzgado de Paz de Sayaxché, Petén, en donde vecinos detallaron que dos personas en motocicleta fueron las responsables de disparar contra Lima.
Ese mismo día, unos cien empleados de Repsa manifestaron frente al Organismo Judicial de San Benito Petén, como muestra de rechazo por la orden emitida por el juzgado, pues expresaban que no tienen otra manera de subsistencia.
Para hoy continuaron los conflictos; el Consejo Nacional de desplazados de Guatemala (Condeg) acusó mediante un comunicado a Repsa de incitar a sus empleados a realizar otros bloqueos en la carretera de Sayaxché hacia la ruta de Cobán, Alta Verapaz, en donde además responsabilizaron a la entidad en mención, de haber atentado contra la integridad física de tres de sus colaboradores, quienes permanecieron retenidos el viernes por un lapso de 12 horas.
REPSA SE DEFIENDE
Ante tal situación, José Quezada, portavoz de Repsa, aseguró que son ajenos a estos incidentes, ya que indicó, les han manifestado a sus empleados que todo el asunto de la suspensión de la empresa, debe manejarse por la vía legal. “Hemos hecho distintos llamamientos a los empleados para que nuestra actuación se dé dentro de los canales legales, ya que sabemos que ellos se consideran agraviados con lo que está sucediendo”.
Quezada calificó como absurda, radical y desproporcionada, la medida tomada por Carla Hernández, jueza B de Primera Instancia Penal de Petén que ordenó el cierre y señaló que con esta acción se está afectando el empleo de 23 mil personas.
El portavoz destacó que tratarán de revocar la orden por considerar que es ilegítima e innecesaria.
