POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Previo a la discusión y aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2016, el titular de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, solicitó al presidente Alejandro Maldonado Aguirre, promover acciones conjuntas para la desaparición de los fideicomisos públicos del marco jurídico nacional y la cancelación de esta figura legal para el manejo de recursos estatales debido a que dificultan una adecuada auditoría.
Carlos Mencos, a través de una nota enviada esta mañana al despacho del presidente Alejandro Maldonado Aguirre, señaló que es de suma importancia eliminar por completo la posibilidad de ejecutar recursos del Estado en cualquier tipo de proyecto mediante el uso de fideicomisos públicos, así como la potestad de ejecutar obra gris o programas sociales por parte de Organizaciones No Gubernamentales, para que únicamente apoyen en programas de ampliación de cobertura en Salud y Educación.
En ese sentido, el jefe de la CGC, pidió al mandatario guatemalteco, iniciar los esfuerzos necesarios para lograr la prohibición y supresión de los fideicomisos públicos, sea por la vía constitucional o legal y de este modo, “cerrar la puerta a la corrupción, la discrecionalidad, al secreto bancario y al despilfarro, en la administración del Estado”.
Alejandro Maldonado Aguirre, juramentado ayer en el Congreso como Presidente de la República, dijo tras la toma de posesión del cargo, que buscará ser el centro de convocatoria para promover las reformas necesarias y urgentes que necesita el país, aprovechando su posición de jefe de Estado y cabeza del gobierno central.
El 13 de agosto de este año, el contralor Carlos Mencos, a través de un oficio, solicitó a la Junta Directiva del Legislativo, la aprobación del proyecto de ley que pretende modificar el Código de Comercio, Decreto 2-70, con el objeto de prohibir la posibilidad que cualquier institución pública pueda utilizar recursos gubernamentales a través de los fideicomisos.
Sin embargo, el funcionario comentó que la propuesta no ha encontrado apoyo en las bancadas parlamentarias y que este instrumento no se encuentra ligado a la Ley de Contrataciones del Estado y por ende, existe mucha dificultad para la auditoría “ya que sus fiduciarios son los bancos y estos no nos dejan ser fiscalizables porque están sujetos a la Superintendencia de Bancos”.
“En la carta que se envió al Presidente, se le hace ver que si no se ha reformado el Código de Comercio antes de que se apruebe el presupuesto de la Nación 2016, sería recomendable que las modificaciones se incluyeran en una norma para su prohibición”, explicó el entrevistado.
Asimismo, el representante del ente fiscalizador señaló que la misiva también busca el impulso del mecanismo de subasta invertida para la adquisición de medicamentos en sustitución de los contratos abiertos autorizados por el Ministerio de Finanzas, para que los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujen hacia la baja el precio ofertado y mantener abastecida la red hospitalaria nacional.
Datos de la Contraloría refieren que actualmente funcionan en el país 135 fideicomisos creados para el manejo y administración de fondos públicos, 66 se encuentran vigentes y 69 entraron ya en proceso de liquidación.
