POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Los empleados del Sistema Penitenciario (SP) detenidos ayer en diferentes cárceles del país consideran que el Juez de Paz que los denunció, incurrió en ilegalidades debido a que el pasado 2 de enero solicitó el traslado “de forma verbal” de una privada de libertad a un centro asistencial privado por mastitis, derivado de los implantes que se colocó.
Las personas entrevistadas en la Torre de Tribunales explicaron que cumplían diferentes funciones en la Cárcel de Santa Teresa, cuando ocurrieron los hechos que desencadenaron en su detención.
Nora Lisbeth Carranza Cruz y Yohana Leticia Dubón Arévalo fungían como rectoras de la referida prisión, mientras que Nidia Carol Rivera Smith era secretaria; en tanto Marvin René Ayala Vela fungía como oficial de seguridad.
Según los señalados, en enero pasado el Juez de Paz solicitó “verbalmente” el traslado a un hospital privado de una reclusa de nacionalidad colombiana, sindicada por lavado de dinero, ya que padecía de mastitis (inflamación en las glándulas mamarias), debido a los implantes que se colocó.
De acuerdo con los relatos, la Directora de ese centro se negó a atender el requerimiento porque, según ella, no había un documento de respaldo para llevar a cabo la diligencia, tampoco la detenida estaba grave de salud.
El juez habría ordenado la detención de la Directora en flagrancia, por lo que Carranza, Dubón, Rivera y Ayala se opusieron.
“Ella -la Directora- no podía cumplir la orden porque entre los protocolos de seguridad tenemos que solo por emergencia se sacan a los privados a los hospitales nacionales y para un hospital privado se necesita por escrito una orden de juez. El Juez en ningún momento giró una orden por escrito, sino que la estaba girando verbalmente. El Juez le dijo a ella –a la Directora- “si no la saca la consigno” y cuando vimos que iban a consignar a la Jefa todos respondimos”, indicó una de las personas capturadas.
De acuerdo con los detenidos, en aquella ocasión el Juez de Paz no logró ninguna detención, sino, hasta ayer.
“Ahora nos salió el problema. La colombiana ya salió libre y el Juez cuando todos le dijimos que no llevaba la orden por escrito, la giró pero hasta después. La colombina no tenía nada, ahí están los informes, a ella le dolía el busto, mastitis por los implantes”, indicaron.
CASO
La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó las órdenes de detención en contra de los trabajadores penitenciarios, por los delitos de resistencia con agravaciones específicas, detención ilegal y abuso de autoridad.
Por otro lado, el Ministerio Público (MP) informó que las capturas se realizaron luego de la denuncia presentada por un juez de Paz, quien el 2 de enero se presentó a Santa Teresa para practicar una exhibición personal a favor de una reclusa, que “ameritaba” traslado a un centro asistencial.
“El juzgador instruyó a las autoridades del centro para hacerlo efectivo, no obstante se negaron; situación que llevó al Juez a pedir la detención por flagrancia de la encargada del centro. En ese instante, varios guardias de seguridad intervinieron para evitar la detención”, informó el MP en su sitio web.
