POR ACISCLO URIZAR
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Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, dijo que durante el año que lleva al frente de la Comisión se han adelantado tres grandes frentes de trabajo. Por un lado la investigación de casos de fenómenos criminales priorizados, en segundo lugar la transferencia de capacidades acordadas con las instituciones con el sector justicia y la construcción de informes temáticos.
Velásquez expresó que durante este periodo se han presentado denuncias acerca del origen dudoso del financiamiento de las campañas electorales, así como la posible relación del crimen organizado con funcionarios.
“Surge información sobre presunta financiación ilícita o relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos del orden nacional, regional y municipal y, en consecuencia, la Comisión desarrolla investigaciones que permitirán recaudar la prueba que lleve a estructurar casos sólidos sobre financiamiento ilícito en campañas electorales o de la asociación de políticos con organizaciones criminales”, sentenció.
“La financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales ha sido uno de los temas de debate en Guatemala. En ausencia de una debida transparencia se produce un efecto nocivo sobre la legalidad y legitimidad de las instituciones políticas del país”, expuso.
El Comisionado dejó ver que hay “investigaciones preliminares adelantadas”, realizadas con información de bases de datos abiertas, revisión de expedientes adelantados por el MP, análisis de resultados de procesos de elección, ubicación de zonas geográficas donde operan organizaciones criminales y entrevistas rendidas por pobladores de esas regiones.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Por otra parte, indicó que el trabajo de la Comisión que preside se enfoca en cinco líneas fundamentales a las cuales les están inyectando todo el esfuerzo y recursos posibles: El contrabando, corrupción administrativa, financiamiento ilícito de campañas, corrupción administrativa y narcotráfico y lavado de activos.
“Se han identificado prácticas aparentemente corruptas y en circunstancias que las podrían favorecer, de las cuales se destacan la malversación de fondos públicos, contratación administrativa irregular, la selección de beneficiarios en la adjudicación de contratos a partir de retribución de favores; falta de control ciudadano, entre otras”, denunció el comisionado en alusión a la corrupción imperante en la administración pública del país.
CORRUPCIÓN Y JUSTICIA
Respecto de la corrupción en el Sistema de Justicia, Velásquez manifestó que ha sido necesario que la Comisión aborde el análisis de ese fenómeno para fortalecer a las instituciones encargadas de garantizar la correcta aplicación de la ley.
“Pretendemos contribuir a la consolidación de un Sistema Judicial cuyos pilares sean la independencia y la autonomía de las instituciones que lo conforman. En ese sentido la CICIG adelanta no menos de seis investigaciones que determinarán la posible relación entre funcionarios públicos y estructuras paralelas de poder que pretenden controlar las instituciones nacionales de justicia a través del poder económico o político”, señaló el comisionado.
Además, resaltó que dentro de las investigaciones destacan las que ya han trascendido a instancias judiciales, como los antejuicios promovidos contra el magistrado Erick Gustavo Santiago de León y Gudy Rivera, así como los que se propondrán contra los jueces Gisela Reynoso y Adrián Rodríguez.
