PAOLINA ALBANI
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De acuerdo a la Ley de Comisiones de Postulación, en su artículo 17, “no podrán ser nominados quienes integren la Comisión Postuladora”, a pesar de esto, los comisionados no se han inhibido de participar en el proceso sacando de la contienda a familiares cercanos quienes se habrían postulado para alguna de las magistraturas, señaló Edgar Balsells.

Asimismo, según las organizaciones, se hizo evidente el compadrazgo que existe entre algunas comisiones, quienes condicionan su apoyo a cambio de recibir soporte en la selección.

“Es una descarada negociación de listas por distintos grupos que conforman esas Comisiones de Postulación… hay comisionados de la Corte Suprema que se están postulando en Cortes de Apelaciones y hay comisionados de Cortes de Apelaciones que se están postulando para Corte Suprema”, explicaron.

Veintidós postulantes participan doblemente esperando conseguir cualquiera de las magistraturas disponibles, pero de acuerdo a los representantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quienes buscan la reelección no pueden optar por otro poder judicial.

La petición de la convergencia es que se excluya a los magistrados del proceso y de las Comisiones de Postulación “intentamos evitar las posibles injerencias indebidas que pueda darse de un comisionado que es aspirante –en otra comisión–”, refirieron.

Por otro lado, explicaron que esta multiparticipación de los comisionados vulnera tres principios, el de Igualdad, el de Sujeción a la Ley y el interés social sobre el particular, además de que dicha práctica es “desleal”, pues da ventaja a quienes ya tienen cierto grado de poder influenciando su reelección.

Esto permitiría el pago de favores y componendas políticas. “Estas dos son de las peores comisiones que se han establecido en los últimos años, las Comisiones de Postulación han venido en un serio deterioro de su función principal”, expresó el representante de CALDH.

CONSECUENCIAS
Las consecuencias de no atender esta problemática generarían que los poderes fácticos se enraícen en el sector de justicia, los cuales “por muchos años han condicionado la administración de justicia en el país”, indicó la convergencia conformada por Refugio de la Niñez, Fundación Myrna Mack, Sedem, ODHAG, Madres Angustiadas, Movimiento Pro Justicia, CIIDH, Udefegua, ICCPG, Unamg, Cafca y CALDH.

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