POR CLAUDIA PALACIOS
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Del Cid se presentó voluntariamente al Juzgado A de Mayor Riesgo para resolver su situación jurídica. En la audiencia, el Ministerio Público solicitó se le ligara a proceso por los delitos de plagio y violación; sin embargo, después de evaluar las evidencias presentadas, la jueza lo liberó por falta de mérito e instó al MP a proseguir con las investigaciones, ya que hasta el momento, supuestamente, existían incoherencias en las acusaciones.

El presunto implicado deberá presentarse a firmar cada 15 días en la fiscalía correspondiente como medida de precaución.

En junio último, la jueza Patricia Flores benefició a Cristian Noé Ligorría Cruz, también implicado por el MP en las violaciones, luego de que una víctima retractara su testimonio. Los otros tres implicados, Mario Adalberto Durarte Sical y los hermanos Enrique y José Ruiz Gutiérrez ya habían sido liberados por la misma jueza en marzo del presente año.

En el caso de la violación por la que se acusa a del Cid, la víctima aseguró en su testimonio que la noche del 5 de julio de 2013 observó que un carro la perseguía, logrando ver una parte del número de identificación del vehículo, el cual consta en los medios de prueba presentados por la fiscalía.

La mujer también declaró que había sido adormecida por una bebida que le ofreció un hombre y que luego fue llevada al sitio donde ocurrió la violación. Durante la agresión, uno de los hombres se habría quitado el pasamontañas, de manera que pudo reconocer algunas características faciales, que según la defensa, no coinciden con el perfil de Adalberto del Cid.

Las investigaciones del MP indican que la edad de las víctimas oscilaba entre los 17 y 21 años, y eran en su mayoría estudiantes universitarias. Los testimonios de las cinco mujeres agraviadas coinciden en que sus agresores las llevaron en un picop de doble tracción a terrenos baldíos o bodegas de cardamomo. Los agresores escondían su identidad usando gorros pasamontañas y tenían tatuajes.

Según declaraciones de Nery Baten, abogado de la Fundación Sobrevivientes, que actúa como querellante adhesivo en el caso, se están investigando posibles actos de coerción a las víctimas, razón que explicaría que algunas se retractaron de lo dicho.

El abogado resaltó que en el caso en cuestión, la joven habría recibido diversas amenazas de parte de los agresores y que incluso recibió una copia de su denuncia en la puerta de su casa. A pesar de que se pidió a la jueza que se reservara el nombre de la víctima, su identidad fue revelada durante la audiencia.

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