POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
*Miguel, un niño que todavía no cumple 10 años, es una nueva víctima silenciosa de las violaciones sexuales en las cárceles de Guatemala, que se caracterizan por funcionar sin control y escasos o nulos protocolos de seguridad.
El menor entró junto con su madre a la prisión de Izabal el pasado 5 de julio para visitar a su padrastro, Luis Amílcar Pérez Coy, de 24 años, sentenciado a ocho años de prisión en un caso de violación.
La agresión sexual contra Miguel se dio porque pernoctó ese sábado en la prisión, debido a que, aparentemente, por razones de tiempo no lograron regresar con su progenitora a Alta Verapaz, de donde son originarios.
De acuerdo con la denuncia develada por la organización El Refugio de la Niñez, aún no se sabe si fue uno o varios reclusos quienes participaron en la agresión contra el menor de edad, pues el caso sigue en investigación.
En tanto la Procuraduría General de la Nación (PGN), ya presentó la denuncia ante la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (MP), identificada con el número MP-282-2014-3479 y también en contra del personal del centro carcelario, a través de la denuncia MP-282-2014-3478.
Sin embargo, se sabe que el delito se cometió ante la mirada indiferente de quienes debieron ejercer el control en la prisión y no lo hicieron, iniciando, porque ni siquiera se sabe quién autorizó que la madre y su hijo durmieran en las instalaciones de la cárcel.
Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez, lamentó que Miguel fuera conducido a convertirse en otra víctima de la violencia sexual. La hermana del niño fue abusada sexualmente por el reo Pérez Coy, quien estaba detenido por dicho delito.
Por otro lado, la gravedad de este caso provocó que las autoridades de Presidios trasladaran al recluso a la cárcel Fraijanes I, donde en apenas dos horas de estadía fue encontrado muerto y atado a la pared de la ducha con un lazo plástico. No hay explicaciones sobre el suceso, aunque se habla de un supuesto suicidio.
REVELACIONES ACERCA DEL PREVENTIVO
El caso de Miguel no es el primero sobre violaciones a menores en las cárceles guatemaltecas. En octubre de 2009, La Hora publicó un reportaje que dejó a luz los casos de violaciones en contra de niñas y adolescentes que ingresaban al Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18.
En respuesta a esa publicación, Eddy Morales, entonces director del Sistema Penitenciario (SP) de la administración de Álvaro Colom, ordenó la instalación de una garita de ingreso, supuestamente, para ejercer “mayores controles” y evitar hechos similares y, además, estableció un protocolo interno con el que solo los padres podían ingresar con los niños a las cárceles, comprobando el parentesco a través de Cédulas de Vecindad –en aquel entonces– y fe de edad de los infantes.
En reiteradas ocasiones, se consultó al otrora funcionario sobre los mecanismos legales que dejaría vigentes en presidios para proteger a la niñez y a la adolescencia de estos vejámenes y destacó que lo haría a través del Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario que se publicó el 30 de diciembre de 2011, a pocos días de que concluyera la administración de gobierno.
Morales advirtió que las nuevas autoridades debían crear los reglamentos específicos para darle vida al Reglamento General. En tanto, sólo el artículo 21, en el segundo párrafo, aborda el ingreso de los menores, pero la normativa no establece mayores controles o medidas de seguridad para los niños y niñas.
“En el caso de los menores de edad deberán ingresar acompañados de una persona adulta, previo haber acreditado ante la autoridad del centro de detención, el parentesco con el recluso”, explica.
Édgar Camargo, actual director de Presidios, fue consultado sobre la creación de esos reglamentos específicos e indicó que aún no se han emitido porque pretenden hacer nuevas modificaciones a las leyes. (Lea el recuadro, “Estamos planteando cambios normativos”).
“LANZAN GAS”
Es miércoles por la tarde, decenas de mujeres esperan ingresar al Preventivo de la zona 18; la mayoría tiene en sus brazos o sostienen la mano de niños y niñas, quienes son desde recién nacidos hasta preadolescentes de 13 años.
Algunas esperan su turno con paciencia para ingresar a visitar a sus parientes y otras alegan un “trato desigual”, pues dicen que nuevamente no podrán entregar las encomiendas a los pandilleros del Sector 11, porque están “castigados”.
En medio de palabras soeces e insultos, pretenden ejercer presión a los guardias de presidios para lograr su cometido; frente a ellas están sus hijos y los de otras mujeres, quienes perciben el ambiente hostil a su alrededor.
Una mujer, esposa de un recluso del sector 7, advierte: “¡Cuidado! Hágase para acá porque cuando ellas se ponen así les lanzan gas”. A la mujer se le consulta: “¿Aunque los niños estén ahí?” Responde: “Si, esto así es”.
Ese día, unos 30 menores de edad eran testigos de la hostilidad del ingreso en esa prisión, en tanto, adentro, las propias madres entrevistadas por La Hora confirman que son revisados manualmente para evitar que lleven algún ilícito en su ropa o cuerpo.
En el área de visitas pueden estar expuestos a cualquier tipo de violencia o escenarios inapropiados, que vulneran su inocencia.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
Expertas en seguridad reiteraron la necesidad de crear protocolos de seguridad en los centros carcelarios, que hoy siguen siendo escenarios de hechos al margen de la ley, ante la pasividad de las autoridades del SP.
Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que si bien es cierto, los niños pueden mantener el vínculo familiar con sus padres a través de la visita, es importante que se tomen en cuenta los protocolos adecuados de seguridad.
“Es importante que los niños puedan visitar a sus familiares para mantener el vínculo familiar, pero por el otro lado, es muy importante que se garantice la seguridad de los menores porque ellos son personas vulnerables, se deberían crear espacios específicos para visitas familiares con niños menores, donde haya supervisión adecuada, porque con las condiciones actuales el SP no puede cumplir con eso, hay sobrepoblación y la infraestructura está saturada”, refirió.
Según la profesional a través de horarios y días específicos se podrían implementar mecanismos que mantengan seguros a los infantes, principalmente si ocurriera una emergencia.
“Cualquier emergencia que ocurra, los niños son los primeros que sufrirían, porque no pueden correr rápido, están entre tanta gente, expuestos a ver cosas que no deben ver, por ejemplo, en algunos centros no hay lugares adecuados para visita conyugal”, expresó.
Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) opina que en este tema también convergen otros factores de riesgo como los conflictos entre detenidos, quienes terminan exponiendo a los niños.
“Los protocolos de seguridad son indispensables, pero sobre todo se debe establecer espacios seguros para los menores que visitan a sus padres, entender que la reunión familiar es importante, pero deben evitar que las rencillas que puedan originarse dentro de la cárcel, no repercutan en los menores o familias de los privados de libertad”, explicó.
De León opinó sobre lo ocurrido en la cárcel de Izabal, cuestionó la falta de control de las autoridades del SP en los recintos carcelarios.
“Para empezar, la primera pregunta es ¿Cómo es posible que todavía no se tenga el control del espacio interno de las cárceles? es lo más terrible pensar que siguen siendo áreas donde el Estado no tiene control de lo que está sucediendo, y no hay mecanismos de atención inmediata o alerta temprana que permitan que las autoridades actúen de forma efectiva”, lamentó.
“Es importante que los niños puedan visitar a sus familiares para mantener el vínculo familiar, pero por el otro lado, es muy importante que se garantice la seguridad de los menores porque ellos son personas vulnerables, se deberían crear espacios específicos para visitas familiares con niños menores, donde haya supervisión adecuada, porque con las condiciones actuales el SP no puede cumplir con eso, hay sobrepoblación y la infraestructura está saturada”
Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
Edgar Camargo: “Estamos planteando cambios normativos”
Édgar Camargo, director del Sistema Penitenciario, concedió una entrevista a La Hora, donde fue cuestionado por la violación del niño en la cárcel de Izabal, así como por la falta de creación de los reglamentos específicos que reforzarían las regulaciones adecuadas para el ingreso de los infantes a las cárceles.
El funcionario dijo lamentar la violación del menor y agregó que colaboran con el Ministerio Público (MP) con todo lo que se les ha requerido en este caso, por otro lado, explicó que pretenden impulsar modificaciones legales, pues consideran que existen divergencias entre el Reglamento General y la Ley del Régimen Penitenciario, esto llevará tiempo.
Camargo agregó que el ingreso de los menores de edad a las cárceles difícilmente se podrá evitar, pues esto forma parte de la rehabilitación de los reclusos.
La Hora. Luego de la violación del niño en Izabal usted me dijo que trabajan en modificaciones a la Ley del Régimen Penitenciario para regular el ingreso de menores de edad ¿En qué consiste esa propuesta?
Édgar Camargo: Es a través de la política pública penitenciaria, que va con metas de largo, mediano y corto alcance, dentro de estas metas están los cambios normativos que deben hacerse a la Ley del Sistema Penitenciario, al Reglamento, como a otro tipo de leyes, es el análisis que se hace a través de la política que estaremos presentando en estos meses.
L.H. ¿Qué proponen en el ingreso de menores?
E.C. Es un análisis que está dentro de la política, hay algunas propuestas de los análisis que tenemos, porque la misma nos dice muy claramente que cuando hagamos un cambio normativo, vamos a llamar a los entes involucrados, se va a armar mesas técnicas donde va a estar el Sistema Penitenciario (SP), el Organismo Judicial (OJ), Derechos Humanos y la sociedad civil.
L.H. ¿Específicamente que escenarios ha planteado el SP en el ingreso de menores de edad?
E.C. El área de control –se ha contemplado– analizar la situación legal para que ingresen o no, pero lo más factible es crear la infraestructura necesaria para que haya visitas que es lo que vamos a tener con los nuevos módulos de deshacinamiento.
L.H. ¿Cuándo presentarán la política pública?
E.C. En un mes y medio o dos meses estaremos presentando la política, que prácticamente está en el final de la misma.
L.H. ¿Esto quedará plasmado en un mecanismo legal?
E.C. Sí, estamos planteando los cambios normativos de la política pública. Recordemos que los cambios normativos a la Ley y al Régimen Penitenciario no son de la noche a la mañana. Estamos creando y haciendo una propuesta y se va a presentar a diferentes entidades. Posteriormente hay que hacer los lobbies correspondientes al Legislativo para que se presenten los cambios normativos. Después vienen todas las lecturas, no es un cambio que se hará de la noche a la mañana. Son propuestas que se tienen planteadas en una política de diez años.
L.H. El exdirector Luis González me comentó en una ocasión que ya no consideraron el Reglamento General que dejó la administración anterior, sino que estaban creando modificaciones a la Ley del Régimen Penitenciario ¿a eso se refiere?
E.C. Sí, es un análisis grande que estamos haciendo, estuve platicando con una persona que estuvo involucrada en hacer ese reglamento y pasaron casi un año platicando sobre eso, un día se fueron de vacaciones y cuando se dieron cuenta en diciembre ya estaba aprobado ese reglamento y no tenía nada que ver con lo que habían hablado en las reuniones anteriores, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que hay mucha divergencia entre lo que dice el reglamento con lo que dice la ley. Nos hemos encontrado con varios topes y ahí tenemos que modificar otras leyes.
