El cambio de mando en la Corte de Apelaciones ha provocado un remezón en las diferentes judicaturas del Organismo Judicial porque algunos jueces, principalmente de tribunales, han ascendido a una magistratura y han dejado esas vacantes.
Sin embargo, esto también ha afectado a la administración de justicia, porque muchos de los juicios que estaban en desarrollo serán anulados, según confirman fuentes judiciales.
Según se conoció, algunos de los jueces integrantes de tribunales solicitaron a la CSJ la posibilidad de retrasar su toma de posesión como magistrados ante las salas a las cuales fueron asignados con la finalidad de concluir los juicios que estaban en desarrollo, sin embargo, la Corte no accedió a las peticiones.
De acuerdo con la información conocida, la CSJ estima que si estos ya fueron electos y designados a una Sala, no tienen otro camino que asumir sus respectivos cargos y cumplir con el periodo respectivo de cinco años.
EL TRIBUNAL DE MAYOR RIESGO B
Tal es el caso del Tribunal de Mayor Riesgo B, donde tres juicios emblemáticos que ya esperaban llegar a su fin deberán comenzar de cero y buscar una reprogramación.
Esto ocurre por la salida de la jueza Elia Perdomo, quien asumió oficialmente este martes 15 de octubre como magistrada vocal II de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal.
En el caso específico, el Tribunal ha comenzado a notificar que ciertos juicios en donde la juez Perdomo integraba, quedan suspendidos tras su salida.
El ente queda desintegrado hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombre a un nuevo juez.
Así distribuyó la Corte Suprema de Justicia a los magistrados de Apelaciones 2024-2029
No obstante, dos situaciones quedan en este punto. Aunque se nombre a un nuevo juez para conocer los procesos, el nuevo no podría incorporarse a los juicios ya iniciados, pues en su mayoría estos se encontraban en la fase final, según explican fuentes judiciales.
Como segundo punto, no se tiene certeza de cuanto tiempo la CSJ podría tardar en nombrar al sustituto de Perdomo, por lo que entra en acción lo contenido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.
Este indica que «si el debate no se reanuda a más tardar el undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su iniciación».
UNAERC EL PRIMER AFECTADO
El Tribunal anunció este 15 de octubre la suspensión de la audiencia de continuación del juicio en contra de cuatro integrantes del denominado Consejo de los 9 de la Mara Salvatrucha.
Los cuatro sujetos enfrentan juicio por el ataque armado que ocurrió afuera de la Unidad Nacional del Enfermo Crónico Renal (Unaerc) en marzo de 2024, y donde presuntamente dieron muerte a un líder de la pandilla del Barrio 18, así como a dos agentes del Sistema Penitenciario.
En este caso, el juicio entra en suspenso tras dos meses de discusión, donde ya las juzgadoras habían escuchado peritos y testigos, al grado que este 15 de octubre se llevaría a cabo la argumentación de las conclusiones y la Fiscalía solicitaría las penas.
Ahora deben esperar una nueva fecha para conocer cuál será el futuro del debate que llegaba a su fin.
TCQ EL SIGUIENTE
Para este miércoles 16 de octubre se tenía prevista la continuación del juicio por el caso TCQ, en donde se discute la incorporación de prueba documental que fue ofrecida para el debate.
Pero ante la situación, se tiene contemplado que se notifique la suspensión del debate ante la desintegración del ente juzgador.
Este juicio cumplió 3 meses desde su inicio, en donde se discute si al menos cinco implicados son culpables de supuestamente haber cedido de forma anómala el puerto Quetzal a la empresa española Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ).
Caso TCQ: Ocho años después inicia juicio contra cinco señalados
ODEBRECHT TAMBIÉN AFECTADO
Otro de los juicios que correrá el mismo destino es el que se lleva en contra de Pablo Yañez y Diego Chacón Yurrita, ambos implicados en el caso Odebrecht.
A estas personas se les acusa de supuestamente haber ayudado al excandidato presidencial, Manuel Baldizón, a ocultar los fondos que presuntamente había adquirido en forma ilícita mediante sobornos entregados por la constructora brasileña.
Este caso tiene siete meses de desarrollo. Dio inicio el 5 de marzo de 2024 y se esperaba que en las próximas semanas entrara a fase de conclusiones.
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