Intimidaciones, presuntas acciones anómalas y la posibilidad de la falta de imparcialidad en el proceso, serían las razones por las que el Ministerio Público (MP) buscará presentar ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud para que el caso por la muerte de Melissa Palacios sea remitido a un juzgado de mayor riesgo en la ciudad capital.
Hace poco familiares de Palacios evidenciaron la presencia de hombres fuertemente armados afuera del Juzgado de Primera Instancia Penal de Chiquimula, donde se llevaría a cabo una de las audiencias, lo que motivó la exigencia de un cambio en la judicatura que lleva el proceso ante la inseguridad que generó ese hecho.
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Sin embargo, la Fiscalía, además de estos acontecimientos, tomó en cuenta otros aspectos que hacen pensar que la imparcialidad de los juzgadores que conocen el caso esté comprometida.
CAMBIOS Y ANTEJUICIOS
Uno de los primeros indicios anómalos fue la modificación al delito que se decretó a favor de los dos señalados María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle. El juez de Zacapa, José Maximino Morales González, favoreció a ambos acusados.
Ante la creencia de que pudo existir algún tipo de soborno para no solo cambiar el delito, sino permitir otra clase de privilegios, el MP solicitó el cambio de juzgador y una petición de antejuicio en contra del juzgador, la cual la CSJ dio con lugar, pero la misma no se ha ejecutado por recursos interpuestos por Morales para evitar ser investigado.
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PRUEBA DESCARTADA
A pesar de tener pruebas que podrían probar la participación de los sindicados en la desaparición y muerte de Palacios, algunas de estas pruebas no fueron aceptadas por los juzgadores, como por ejemplo un audio que recientemente se ha filtrado en redes sociales, donde se escucha la voz de Palacios suplicando para no seguir siendo agredida, entre otros que forman parte de la carpeta judicial.
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El caso, por el momento, se encuentra detenido a consecuencia de diversos recursos, por lo que aún está pendiente de que se realice la audiencia de etapa intermedia donde se debe discutir si los sindicados deben o no enfrentar juicio.
Hasta el momento, la petición no ha sido presentada a la Cámara Penal, pero se estima que la solicitud sea entregada no antes de que concluya el mes para conocer el fallo de los magistrados y se determine si el caso es trasladado a la capital o debe continuar en la judicatura de Chiquimula.
