Es una de las obras de infraestructura más esperadas y demandadas por automovilistas y transportistas de carga en Guatemala que utilizan la carretera al Pacífico. Es el punto de conexión hacia la frontera con México y una de las principales rutas turísticas del país.
Por años se ha hablado de ampliar la carretera a cuatro carriles o por lo menos construir un libramiento que evite cruzar por la aldea Cocales, en Patulul, Suchitepéquez. Ni una ni otra solución ha sido posible; mientras tanto, automovilistas siguen pagando las consecuencias.
Este es el proyecto número 2 de 9 visitados por La Hora en una investigación que busca mostrar un patrón de infraestructura inconclusa en al menos 9 proyectos que le han costado al país casi Q800 millones.
https://lahora.gt/investigacion/smorales/2026/07/21/el-patron-de-la-infraestructura-inconclusa-un-repaso-por-9-proyectos-que-le-han-costado-al-pais-casi-q800-millones/
En total se visitaron nueve puntos geográficos en un recorrido de más de 1 mil 300 kilómetros en cinco días. La ruta guió hacia Sayaxché, Petén; Cocales, en Suchitepéquez; Río Dulce, en Livingston, Izabal; Guanagazapa, Escuintla; Sansare, Sanarate y San Antonio La Paz, en El Progreso; además de tres tramos críticos de la ruta departamental RD-GUA-09, en el departamento de Guatemala.
UN EMBUDO DE DOS KILÓMETROS
En días de mucho tráfico, pueden tardar hasta dos horas para atravesar un tramo relativamente pequeño de la ruta CA 02-Occidente, de poco más de dos kilómetros. Por lo menos hay tres factores que generan embotellamientos en ese sector.
Al llegar a Cocales, desde Escuintla, la carretera se reduce de cuatro a dos carriles, por lo que se forma un embudo. Además, en el centro de la aldea está la bifurcación a la Ruta Nacional 11 (RN-11) a Patulul —norte— y a Nueva Concepción, Escuintla, —sur—, lo que hace que los vehículos tengan que reducir la velocidad o ceder el paso a los que quieren incorporarse a la carretera principal.
Sumado a esto, Cocales ha sido un punto histórico de comercio, donde los automovilistas acostumbran a detenerse a media carretera a comprar alimentos o agua para el camino.
En vivo: ¿Cómo cambiar el modelo de contratación de la obra pública?
Un equipo de La Hora visitó el lugar, ubicado en el kilómetro 113 de la referida ruta, para constatar cómo se encuentra después de más de una década desde que la compañía de origen brasileño Norberto Odebrecht se iba a encargar de ampliarla, y a más de dos años desde que —de nuevo— se adjudicara la construcción de un libramiento para evitar el cruce por Cocales.
Este medio constató que lo único que hay en el lugar es lo que dejó la tristemente recordada constructora brasileña, a pesar de los millonarios desembolsos que se hicieron en favor de una empresa individual a la que se le adjudicó la construcción del libramiento en 2023.
Al llegar, se ven vestigios de un viaducto y partes de una carretera de cuatro carriles que la Odebrecht comenzó a construir después de que recibió la multimillonaria adjudicación. El viaducto colinda con un terreno en donde se lee una valla que advierte: “Hacienda Cocales, no se vende, no se alquila”.
En lo que sería la entrada y salida del libramiento, se ve un área de unos 250 metros en cada extremo, de carretera asfaltada en donde abunda la vegetación. Para lo que ha servido el tramo es para el aterrizaje de helicópteros, puesto que en una parte está dibujada con pintura blanca la letra H.
También se observa una estructura a medio construir cerca de la intersección con la RN 11, posiblemente de uno de los puentes que debían erigirse.
El día de la visita no había ni una persona o maquinaria trabajando. Al inicio del corto tramo en el lado oeste, había dos hombres que levantaban una pared que supuestamente servirá para un negocio. Uno de ellos, así como otras personas que caminaban por la carretera, dijeron desconocer si el proyecto del libramiento se iba a construir.
Los vecinos de la aldea que habitan cerca del área donde se construiría el libramiento dicen que en los últimos años nadie se ha acercado para hablarles. Posiblemente, para la construcción del puente sea necesario trabajar en terrenos en los que habitan hoy.
De hecho, el Informe de Diseño Geométrico que se halla en Guatecompras dice que el proyecto incluye la construcción de las “obras de compensación necesarias para los propietarios de los terrenos privados por donde pasa el tramo”.
PROYECTOS FALLIDOS
Al hablar de cualquier trabajo de remodelación de la CA 02-Occidente, es inevitable recordar el fallido proyecto que pretendía ampliar a cuatro carriles toda la carretera, desde Escuintla hasta Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, en la frontera con México, adjudicado en medio de denuncias de corrupción y pago de sobornos.
El contrato fue otorgado en octubre de 2012 a la constructora de capital brasileño Norberto Odebrecht, por Q3 mil 100 millones, de los cuales se pagaron al menos Q1 mil 600 millones. Se hicieron algunos trabajos en ruta, pero se quedó paralizado, justo después de que estallara el escándalo internacional de esta empresa en Brasil y en América Latina.
De acuerdo con lo reportado en una decena de países y en informes del Departamento de Justicia de EE. UU., la compañía aceptó haber recibido contratos estatales a cambio de sobornos para la manipulación de los procesos de licitación. De acuerdo con fuentes oficiales, pagó alrededor de USD 788 millones en coimas, de 2001 a 2016.
Guatemala no fue la excepción. En 2018, el Ministerio Público (MP) presentó una investigación por esta adjudicación, la cual revelaba que funcionarios guatemaltecos habrían recibido unos USD 17.9 millones en sobornos; sin embargo, a ocho años de que se conoció el escándalo, no hay condenas de los principales señalados de haber recibido las coimas, incluyendo a ninguno de los 108 diputados que aprobaron el préstamo para ejecutar la obra de infraestructura, algunos de los cuales aún son legisladores.
Sinibaldi: en caso Odebrecht “se compraron 106 voluntades o más”
Además, Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones de la época, y el exdiputado y excandidato presidencial, Manuel Baldizón, que también fueron señalados en el caso, han sido beneficiados constantemente con resoluciones judiciales. La más reciente, el pasado 26 de junio, la Corte de Constitucionalidad resolvió librar en forma definitiva al exministro de Otto Pérez Molina.
¿SE REPETIRÁ LA HISTORIA?
Años más tarde, mientras el tráfico vehicular empeoraba y se desvanecían las esperanzas de ampliar a cuatro carriles la CA2-occidente, el gobierno de Alejandro Giammattei adjudicó, cuando le faltaban pocos meses para terminar su gestión, el proyecto para la construcción de un libramiento vehicular en Cocales.
En septiembre de 2023, la Dirección General de Caminos (DGC), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), firmó un contrato con MVC Construcciones, una empresa individual propiedad de José Mauricio Valdez Monroy, que acumula contratos desde 2005 por Q444.9 millones. Como ocurrió con las principales empresas adjudicadas en el gobierno pasado, su principal fortuna la alcanzó de 2020 a 2023.
MVC Construcciones facturó en ese periodo 62% del total de adjudicaciones que ha recibido hasta hoy. La compañía sigue participando en concursos con el Estado y entre 2024 y 2026 lleva contratos por Q88.6 millones, el 95% con municipalidades del departamento de Suchitepéquez.
La construcción del libramiento de Cocales se adjudicó por un monto de Q218.8 millones, de los cuales ya se le han hecho pagos, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) por Q11.5 millones.
La boleta del proyecto registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) detalla que el contratista deberá finalizar la construcción del distribuidor vial en la intersección de Cocales (que dejó a medias Odebrecht), así como los puentes Seco I, Seco II y Madre Vieja.
El plazo para terminar la obra quedó establecido en el contrato en seis meses, contados a partir del día siguiente después de la fecha en que se notificara al contratista el acuerdo ministerial que aprobaba el contrato, lo que ocurrió el 4 de octubre de 2023. Es decir, que el libramiento debió haberse finalizado a inicios de abril de 2024.
La cláusula cuarta del contrato habla de los motivos para solicitar la prórroga; sin embargo, hasta el 20 de julio pasado no había ninguna acta de ampliación del plazo en el portal Guatecompras.
En el Informe de Diseño Geométrico se detalla que para la construcción del proyecto se deberá resolver “el tema de invasiones dentro del derecho de vía” y la resolución del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala (IDAEH) para la reubicación de un puente de ferrocarril existente.
RUTA URGENTE
La ruta es de suma importancia para el comercio y el turismo. Aunque la reciente apertura del libramiento de Xochil, carretera privada que evita cruzar por San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, en Suchitepéquez, se convirtió en un alivio para quienes viajan a la costa sur en carro liviano, el transporte de carga no puede darse ese lujo porque transitar a diario y aumentaría los costos.
“El tramo es urgente; aunque es corto, el transporte de carga evitaría pasar por un lugar donde hay comercio, túmulos y todo tipo de ventas. Eso es un riesgo para nosotros en temas de seguridad porque hay gente circulando a pie, en bicicletas y en tuc tuc”, dijo el director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, José Alejandro Ramírez.
“El libramiento permitiría movernos no solo más rápido, sino exponer menos a los pilotos”, agregó el entrevistado, quien enfatizó que el tramo de Cocales hasta Cuyotenango puede tomarle a un transportista de carga hasta cuatro horas, dependiendo del día y la hora.
Brigadas de la oficina de Protección y Seguridad Vial (Provial) se mantienen en el punto para tratar de agilizar el tráfico. La institución indicó que “especialmente durante fines de semana y feriados largos”, se incrementa la afluencia vehicular.
Todos los días, efectivos de esta dependencia llevan a cabo “acciones de regulación y ordenamiento de tránsito”, debido a que las unidades del servicio de transporte colectivo suelen hacer paradas donde no es permitido, lo que puede afectar la movilidad vehicular, refirió.
INFLUENCIA EN SUCHITEPÉQUEZ
José Mauricio Valdez Monroy, el propietario de la constructora a la que le fue adjudicada la obra, tiene un largo historial de contratos con el poder municipal. El libramiento de Cocales fue la primera obra que le adjudicó el CIV.
Desde 2005 a la fecha ha firmado 194 contratos, de los cuales 187 han sido con municipalidades por montos que van desde compras directas por los Q84 mil hasta licitaciones de Q18 millones.
Su área de influencia es Suchitepéquez, donde ha obtenido 165 adjudicaciones, con cada una de las 21 comunas que componen el departamento, lo que lo convierte en uno de los principales proveedores en esa jurisdicción.
En las elecciones de 2015, según una nota del medio Plaza Pública, participó como candidato a síndico por la Municipalidad de Mazatenango; sin embargo, no llegó a ocupar el cargo.
El partido: Libertad Democrática Renovada (Líder), cuya figura principal fue Manuel Baldizón, procesado por varios casos de corrupción en Guatemala y condenado en EE. UU. tras haber aceptado lavar dinero del narcotráfico.
DICE QUE GASTÓ Q11 MILLONES Y ESO LE PAGARON
La Hora se comunicó con Valdez Monroy para consultar qué es lo que ha pasado con el proyecto, desde el punto de vista del contratista.
El constructor afirmó que el proyecto está detenido “porque el Gobierno no quiere pagar”. “Desde hace ratos andamos con la lucha —pero— ellos le están dando prioridad a sus intereses”, aseveró en la conversación.
Añadió que, entre los trabajos que han hecho, pero que no les han pagado, está “el estudio de un puente grande” y los “muros de contención que llevan los puentes”; sin embargo, durante la visita, este medio no observó ningún trabajo de este tipo.
No obstante, al ser cuestionado por los trabajos que ya hicieron y que no les han pagado, intentó explicar que se tratan de “el remozamiento de la línea donde va a pasar la carretera”. “Echamos un poco de pavimento y hasta ahí nos quedamos, porque ya invertimos plata de nosotros y dijeron que iban a pagar y no han pagado”, dijo.
Así fue parte de la conversación:
LH: ¿Cuánto han invertido de su bolsa?
MVM: Como Q11 millones
LH: De hecho, Q11 millones es lo que ya les pagaron, según registros contables.
MVM: Sí
LH: Entonces sí les han pagado.
MVM: Sí, han pagado, pero después ya no.
LH: Entonces, le decía yo ¿Qué es lo que han hecho y que no les han pagado?
MVM: Empezamos a hacer el estudio del puente grande (titubea) y… cómo se llama… y la, y los muros de, de, de (sic) que llevan los puentes; esto es lo que se está haciendo ahorita y paramos porque mucha plata es la que se ha invertido.
Antes de terminar la conversación, Valdez Monroy dijo que el CIV no ha querido supervisar el proyecto y que los han “dejado en el olvido”.
“La raíz del problema es que el Gobierno no tiene interés. Por qué razón, no sé. Tal vez porque en Suchitepéquez no ganó él —Bernardo Arévalo—” las elecciones de 2023, indicó.
Antes de terminar la llamada, dijo: “Fíjese que lo voy a dejar porque tengo una reunión ahorita; aquí estoy en una municipalidad. Será que me puede llamar en unos cinco minutos y le contesto con mucho gusto”.
Sin embargo, Valdez Monroy ya no respondió las llamadas en los dos días siguientes ni los mensajes enviados por WhatsApp en donde se le consultó: ¿cómo se dio un contrato tan grande con el CIV si su experiencia se limitaba a contratos menores con municipalidades?
También, si está dispuesto a declinar del contrato para que se le adjudique a otra empresa y si tiene intenciones de regresar a la política y si ha financiado o piensa financiar candidaturas en esa región del país.
SIN POSTURA
La Hora intentó obtener una postura del CIV sobre el desarrollo del proyecto, pero hasta el cierre de esta nota no había sido posible.
El martes 21 de julio se le trasladaron varias preguntas a la jefa de la oficina de Comunicación del CIV, Ana Luisa Olmedo, relacionadas con el avance físico y financiero de la obra, qué tipo de intervención se puede hacer para rescatarla o bien para descartarla.
El viernes 24, por medio de otra trabajadora de la unidad, se consultó si ya había una respuesta, y se indicó que, al tenerla, la enviarían a este medio.
Como no se obtuvo respuesta, el sábado 25 se le escribió directamente a la ministra Norma Zea, a su teléfono, si podía darnos la información y una postura, debido a que el constructor señala al CIV de los retrasos; sin embargo, tampoco respondió al requerimiento.
