Transcurridas poco menos de 72 horas desde que Alejandro Giammattei entregó el cargo de presidente de la República, Estados Unidos ya lo había sancionado con el retiro de visa. La medida alcanzó a sus tres hijos.
Bajo serias sospechas de corrupción, el exgobernante guatemalteco pasó a formar parte del círculo de funcionarios sancionados por ese país, un listado que ya había sido alimentado por gente de su confianza, como los expresidentes del Congreso, Alan Rodríguez y Shirley Rivera, o sus exministros Gendri Reyes y Alberto Pimentel.
Pero la sanción que más hacía pensar que pronto el expresidente podría ser parte de ese grupo, fue la que Washington le impuso a su pareja, Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno, el 1 de diciembre de 2023, quien fue señalado por supuestos actos de corrupción por la compra de vacunas rusas Sputnik V.
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 20, 2024
A Martínez le fueron aplicadas las sanciones financieras que establece la legislación estadounidense bajo la Ley Global Magnitsky.
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Diversos analistas sostienen que Giammattei perfeccionó un régimen de corrupción, en el cual, gracias a recursos del erario, fue posible comprar voluntades, resoluciones judiciales y votos en el Congreso.
Pero hasta la fecha el Ministerio Público (MP), todavía dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, una fiscal considerada por Giammattei como su «amiga», y quien fue reelecta mediante un procedimiento señalado de vicios, no tiene causas abiertas que vinculen al exgobernante guatemalteco a un proceso penal.
Estos son los casos más sonados en los cuales Giammattei fue señalado de corrupción:
VACUNAS SPUTNIK V
Uno de los casos es el de la compra de vacunas Sputnik V a Human Vaccine, compañía de capital ruso con la cual el Gobierno firmó el contrato en abril de 2021.
Guatemala pagó Q614 millones, el 50 por ciento de 16 millones de dosis, por un lote de vacunas que Rusia envió a cuentagotas, mientras los muertos por COVID-19 aumentaban día a día.
El resto de los países de la región se abastecía del fármaco con distintas empresas de otros países, pero inexplicablemente el gobierno de Giammattei le apostó todo a la Sputnik V.
Nunca estuvo claro por qué se negó a negociar con otras firmas. En algunas entrevistas dijo, sin aclarar, que haber firmado contratos por otras vacunas hubiera sido el equivalente a perder la soberanía.
La opacidad fue la norma en las negociaciones con Human Vaccine. Las autoridades se negaban a entregar el contrato aduciendo la existencia de «cláusulas de confidencialidad».
El 1 de diciembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez, entre otras irregularidades, porque habría recibido sobornos por la compra de las vacunas rusas.
La organización Acción Ciudadana presentó una denuncia por abuso de autoridad en contra de la ministra de Salud de ese entonces, Amelia Flores, el expresidente Giammattei y el excanciller Pedro Brolo, pero hasta la fecha se desconoce si ha avanzado.
Finalmente, las vacunas rusas ingresaron hasta diciembre de 2021, cuando ya en Guatemala el fármaco generaba desconfianza, y, al haber ingresado millones de otras marcas, principalmente por donación. Más de cuatro millones de Sputnik V se vencieron.
SOBORNOS, OTRA VEZ DE RUSIA
Otro caso es el que reveló el medio The New York Times en agosto del 2021. La publicación daba a conocer declaraciones de un testigo que habría participado en el traslado de una alfombra con dinero a la residencia del expresidente Giammattei.
El dinero ilícito, supuestamente, venía de ciudadanos rusos y el fin era sobornar al gobernante para que accediera entregarles un área de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla, según se presume. El caso era investigado por el exfiscal Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, pero fue destituido un mes antes de la publicación del reportaje en el medio estadounidense.
El Departamento del Tesoro sancionó a dos ciudadanos rusos y a tres compañías guatemaltecas relacionados a «esquemas de corrupción».
Por aparte, Estados Unidos emitió sanciones financieras este 17 de enero al exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, señalado de recibir sobornos de compañías mineras con tal de concederles licencias.
El MP confirmó a La Hora en octubre pasado que cerró el caso. Dicha acción ocurrió sin que se le diera mayor gestión al expediente.
TESTIGO «A»
En febrero de 2022, otra investigación periodística señaló a Giammattei. El medio salvadoreño El Faro publicó un extenso reportaje, según el cual, un testimonio que recibió la exjueza Erika Aifán, ahora en el exilio, precisaba que el exgobernante había negociado con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones para financiar su campaña. Vea aquí
El trato era dejar un año más en el cargo a Benito para que siguiera dirigiendo un presunto esquema de corrupción incrustado en el Ministerio de Comunicaciones. El testimonio cita a quien emitió el testimonio como «testigo A».
El testigo dijo que el acuerdo entre Giammattei y Benito incluía otorgar contratos a ciertas empresas constructoras para que, a cambio de dar el dinero, el Estado continuara dándoles adjudicaciones.
De las investigaciones sobre este caso, el MP tampoco ha brindado resultados.
Benito también está ligado a proceso por el hallazgo de Q122 millones en un inmueble ubicado en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez. La Fiscalía determinó que en una de las maletas había un cintillo de una de las aerolíneas en las que el exministro había viajado a España.
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CAMPAÑA
Durante la campaña electoral del año pasado, también abundaron las denuncias de medios de comunicación por el uso de recursos públicos en beneficio del entonces partido oficialista.
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) detectó 52 casos a nivel nacional, sin que el MP diera resultados de alguna investigación de oficio.
Si bien, estas denuncias corresponden más al Tribunal Supremo Electoral (TSE), se recuerda cómo durante el pasado proceso, la FECI, liderada por Rafael Curruchiche, se involucró de lleno a investigar los resultados electorales, derivado de la denuncia de «un ciudadano».
Se consultó al jefe de Información y Prensa del MP por el avance de estas investigaciones, pero no ha respondido.
El 26 de diciembre del año pasado, este medio también le consultó si había alguna pesquisa por los millonarios contratos adjudicados a Aspetro, una empresa señalada de tener vínculos con Miguel Martínez, pero tampoco dio respuesta.
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