Las instituciones del Estado adjudicaron contratos el año pasado por un monto de Q1 mil 851 millones para el mejoramiento de caminos rurales y la compra de materiales, renta de equipo y otros relacionados. Según datos del portal Guatecompras, en ese periodo se adjudicaron 2,036 contratos, repartidos entre dos ministerios del Organismo Ejecutivo y las municipalidades.
Estas compras, a decir de analistas, son muy difíciles de fiscalizar, por el volumen y porque los montos, en muchos casos, relativamente no son tan elevados.
De acuerdo con la información, del total adjudicado, Q1 mil 492 millones fueron a empresas que se encargaron de hacer trabajos de mejoramiento, mientras que el resto, Q358 millones se erogó para otros gastos relacionados como adquisición de herramientas, piedra o el alquiler de maquinaria.
El pico más grande de adquisiciones se hizo en julio pasado, cuando las compras alcanzaron, Q418 millones, el 23% del total del año, mientras que fue enero, el mes cuando se adjudicó un menor monto, Q52 millones.
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UNIDADES
La Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) fue la unidad ejecutora que más contratos adjudicó en estos proyectos, cinco, por Q493.3 millones —el 27%— seguida del Fondo Social de Solidaridad (FSS), también del CIV, con Q84 millones por la misma cantidad de adjudicaciones.
Enseguida figuran las comunas de Comitancillo, San Marcos -17 concursos- , y de Nahualá, Sololá -30-, con compras que rebasan los Q27 millones cada una, y luego el Fondo de Desarrollo Social, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, con Q26 millones, producto de cinco contratos otorgados.
El top 20 de las unidades ejecutoras más activas en estas adjudicaciones, según Guatecompras, lo complementan comunas de municipios de Totonicapán, Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Chimaltenango y Guatemala.
Estas 20 unidades ejecutoras otorgaron 360 contratos, el 18% del total.
📌¿Masivo foco de corrupción?
En 2023 se adjudicaron Q1,251 millones en "Caminos rurales"https://t.co/OHyJe93Q7L pic.twitter.com/T55ahqRI2y— Diario La Hora (@lahoragt) January 9, 2024
MONTOS
En tanto, la lista de proveedores a quienes más contratos les adjudicaron lo encabeza Grupo Internacional de Proyectos S. A. (Gipsa). Aunque solo cuenta con un contrato, este fue por Q269.6 millones, por la reparación del camino rural que conduce de Patzún a San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
Le sigue Aserradero Las Cruces, que por dos contratos recibió Q48.3 millones.
La lista la complementan: L. E. O. Líneas Eléctricas de Oriente, con Q44.9 millones producto de dos adjudicaciones; J. L. Diseños y Construcción, con Q31 millones; L&S Construcciones, Q25.2 millones y Multiservicios El Gran Jaguar, con Q24 millones, en igual número de contratos adjudicados,
El top 10 lo complementan, Construdesa, Q8.4 millones; Constructora Ochoa López, Q1.6 millones, Constructora Solar, Q1.2 millones; y lo cierra Prodica, que, aunque el monto suma Q462 mil, es la empresa que se hizo de más contratos, 44 en total.
En una revisión por Guatecompras se pueden ver que hay adjudicaciones a proveedores que están identificados, en alguno de sus nombres comerciales, como ferreterías, abarroterías, gasolineras y transporte.
Algunas de estas empezaron a funcionar en 2022 y para el año siguiente ya tenían asignados contratos millonarios. Otras, en los cuatro años de la actual administración de gobierno, obtuvieron el 50% de todos lo que se les ha adjudicado en toda su existencia.
ROSALES: LIMITADA CAPACIDAD
Dámaso Rosales, analista en temas municipales y gestión pública, considera que la Contraloría General de Cuentas (CGC) tiene capacidades técnicas para supervisar ese tipo de proyectos; sin embargo, estima que el campo de maniobra de la institución se ve rebasado debido a la gran cantidad de proyectos.
En tal sentido, cree que la CGC debería apostarle a la descentralización de sus servicios para tener presencia en diferentes regiones del país.
Además, a criterio de Rosales en la fiscalización también deben involucrarse los consejos comunitarios de desarrollo, quienes, al final de cuentas son lo que saben si una obra se construyó y si el gasto se ejecutó adecuadamente en sus localidades.
El analista ve probable que, debido a la mala planificación de la mayoría de comunas, puedan asignarse recursos para el mantenimiento de caminos rurales en época de invierno, pero que los trabajos se “laven” con la llegada del agua.
“Las municipalidades deben hacer planificación estratégica. En el invierno debe hacer estudios para que en la época seca se pueda ejecutar, así se puede alcanzar una mayor eficiencia del gasto”, expuso.
MARROQUÍN: NO HAY AUDITORÍA
Para el fundador de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, los proyectos de infraestructura se han convertido en los últimos 20 años en el “rubro favorito para saquear al Estado”, debido a que se han abandonado las capacidades de fiscalización y la la CGC “no tiene ojos para esos temas”.
“Creo que esa gran inversión en caminos rurales y en infraestructura obedece a que todos vieron que ese rubro era ideal para el saqueo, porque no está sujeto ni a auditoría social ni gubernamental”, expuso el analista.
“A nivel municipal, las alcaldías no le tienen miedo a los auditores porque ya los tienen sometidos a su control, eso es porque se acomodaron al saqueo y a la impunidad”, subrayó.
No obstante, subrayó que, con voluntad política, el problema se puede corregir y revertir en los próximos años si se implementan métodos tecnológicos. “Ahora hay tecnología a distancia, y revisar esto debería ser algo sumamente fácil, pero no ha habido la voluntad de hacerlo”, recalcó.
CGC: MÁS DE 500 AUDITORES
La oficina de Comunicación de la Contraloría, por su parte, respondió a La Hora que esta fiscalización se desarrolla por más de 500 personas de las direcciones de Auditoría y Obra Pública, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones Infraestructura Pública y Vivienda y de Atención a Denuncias.
Los auditores que trabajan en estas áreas «cuentan con personal multidisciplinario, ingenieros, arquitectos, auditores», aseveró la dependencia
Respecto a si el personal es suficiente, indicó que, «siempre es ideal contar con más personal, sin embargo, los profesionales con los que se cuenta actualmente están constantemente en el mejoramiento de sus capacidades».
También han implementado programas tecnológicos que han permitido hacer auditoría «más eficientes», destacó.
Además, indicó que en el informe 2023 presentado el año pasado al Congreso de la República destaca que la Dirección de Auditoría al Sector de Comunicaciones efectuó 59 hallazgos que representaron Q1.6 millones en sanciones.
Mientas que la Dirección de Auditoría al sector de Municipalidades y Consejos de Desarrollo efectuó mil 997 hallazgos, e impuso sanciones por más de Q30.4 millones.
