Luego de ser amparada por la Corte de Constitucionalidad (CC), Alejandra Carrillo directora del Instituto de la Víctima seguirá en ese cargo, esto luego de una acción que promovió Silvia Patricia Valdés, magistrada expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El período de la directora finalizó el miércoles 20 de diciembre. Con la acción presentada se buscaba eludir el nombramiento de un nuevo directivo para el período 2023-2027, justificando lo anterior dado que no se cuenta con una reglamentación adecuada para la designación del cargo.
Lo resuelto por la Corte menciona que la pretensión de los solicitantes, es que se «no se realice ningún acto de nombramiento de un (a) nuevo (a) Director (a) General del Instituto para la Asistencia y Atención a la Victima del Delito para el período 2023-2027, hasta estar reglamentado el procedimiento para la elaboración de la nómina de candidatos para optar al cargo de Director (a) General del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, con la finalidad de elegir y nombrar al candidato idóneo para ocupar dicho cargo».
GOBIERNO ELECTO TENDRÁ QUE DESARROLLAR REGLAMENTO
El amparo otorgado hace referencia al artículo 16 del decreto 9-2019, en el que se establece que, «el Director o Directora General es el representante legal del Instituto de la Víctima, será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo por causa justificada debidamente establecida».
La solicitud señala una, «amenaza cierta, directa y real que deriva de la falta de reglamentación relativa a un procedimiento para la conformación nómina de candidatos que deber ser remitida al Señor Presidente de la República de Guatemala, para optar al cargo de Director (a) General del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito para el período 2023-2027».
GIAMMATTEI PRESENTÓ UNA APELACIÓN
El presidente Alejandro Giammattei apeló en contra de la decisión de la CC de otorgar el amparo.
Una de las objeciones de Giammattei fue que «el Tribunal de Amparo estaba privando, de forma indebida, al Presidente de la República de ejercer legítimamente la función que le confiere el artículo 183, literal s), de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consiste en nombrar a funcionarios públicos, considerando que algunos nombramientos se hacen en forma directa y otros mediante nóminas de candidatos».
Giammattei, afirmó que todos los nombramientos se rigen bajo procedimientos contemplados en la Constitución «y/o en leyes ordinarias, por lo que no puede pretenderse que, a través de una norma inferior –reglamentaria– se establezca la manera de nombrar al Director o Directora del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito».
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Pese a lo indicado por Giammattei, lo anterior le fue rechazado y la CC resolvió suspender provisionalmente el nombramiento del cargo, atendiendo a lo planteado por los solicitantes. El gobierno de Bernardo Arévalo, próximo a asumir el 14 de enero, por lo tanto, tendrá que desarrollar un reglamento para tal designación.
NO CONOCIERON EL AMPARO
Los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Walter Paulino Jiménez Texaj se abstuvieron de conocer el recurso planteado por la expresidenta de la CSJ y demás solicitantes.
Mientras tanto, los magistrados Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López Contreras y Nester Mauricio Vásquez Pimentel votaron a favor de la solicitud de amparo.
En tanto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus dieron su voto en contra.
Además de Valdés, el amparo fue promovido por Lilian Karina Xinico Xiquitá en calidad de Defensora de la Mujer Indígena e Ingrid Johana Romero Escribá en calidad de Directora General del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, «todo actuado como integrantes del Consejo Directivo del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito».
