El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes fue ligado a proceso penal por el delito de peculado por sustracción. La Fiscalía Contra la Corrupción lo señala de utilizar recursos de la comuna por un monto de Q145 mil para contratar una empresa en 2019 para crear una supuesta campaña negra por medio de redes sociales contra el entonces candidato a la alcaldía, Sebastián Siero.
La audiencia de primera declaración se realizó este miércoles 20 de julio a puerta cerrada en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.
El MP lo señala de utilizar Q490 mil de la comuna para contratar una empresa para crear una campaña negra contra el entonces candidato a la alcaldía Sebastían Siero. La audiencia de primera declaración se realizó a puerta cerrada en el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal.
— Diario La Hora (@lahoragt) July 20, 2022
Durante la diligencia María Elena Rodas Villatoro, representante de la empresa “Grupo Interactivo S.A.”, se declaró culpable y solicitó solventar su situación jurídica por medio de un proceso abreviado.
Al finalizar la indagatoria, la juzgadora Magalí Alvarado le otorgó medidas sustitutivas, las cuales consisten en arresto domiciliario, arraigo, prohibición de acercarse a la municipalidad y prohibición de comunicarse con otros implicados.
EL CASO
Tras tener conocimiento de estos hechos, en mayo de 2019 el entonces candidato a la alcaldía por el partido Unionista, Siero presentó una denuncia contra Alvarizaes ante el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión de malversación de fondos, abuso de autoridad con propósito electoral, fraude y difamación, al utilizar Q490 mil para desacreditarlo en redes sociales.
El MP dio a conocer que durante la reunión Huber “destacó el trabajo de la Fiscal General". Aquí detalles https://t.co/eJq2B7EVHI
— Diario La Hora (@lahoragt) July 20, 2022
OTRO PROCESO PENAL
Actualmente, tanto Alvarizaes como el exalcalde Antonio Coro permanecen vinculados a proceso penal por los hechos ocurridos en la tragedia ocurrida en la comunidad El Cambray II el 1 de octubre de 2015, por supuestamente no advertir a los pobladores sobre los riesgos de habitar el lugar, donde fallecieron un estimado de 300 personas a causa de un alud.
En este caso la Sala Primera de Apelaciones ordenó reabrir el proceso penal contra los exfuncionarios, luego que el juez Décimo Penal, Víctor Cruz los favoreciera cerrando el caso.
