Dos de los siete acusados en el caso “Amperios” fueron enviados a juicio, según la resolución del Juez Undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, se trata de Ekaterina Arbolievna Parrilla Artuguina, extitular de Segeplan por el delito de fraude y Jorge José Stalling Sandoval por fraude y falsedad ideológica.
“Sí debe acogerse la acusación únicamente contra de dos sujetos cuyos actos no pueden pasar desapercibidos”, explicó el juzgador.
El juez agregó: “El ingeniero Stalling Sandoval quien es uno de los precursores de estos eventos en donde realizó varios actos, entre ellos modificar términos de referencia, designar a otras personas en las juntas de cotización”, entre otros.
En el caso de Parrilla Artuguina el togado explicó que ella era la titular de la entidad, participó en las sesiones y conocía de los eventos. Además, dijo que también tuvo conocimiento al aprobarse la prórroga del contrato a 17 años, así como la designación y no se opuso.
En el caso de Claudia María Rocasermeño Montenegro, Nancy Siboney Rivera Gularte, Alfonso Efraín Pérez Bassir, Jorge David Figueroa García y Edwin Ramón Rodas Solares, exviceministro de Energía y Minas el juez consideró que “sus actos no se determinan como actos propios de un actuar doloso y determinó que sus acciones fueron en cumplimiento de lo que la ley le determina”. Ante esta situación decretó el sobreseimiento a favor de los cinco.
Caso Amperios: Juez Undécimo Penal, José Eduardo Cojulún, expone sus argumentos previo a resolver si los 7 sindicados serán o no enviados a juicio por un caso derivado de un proceso de adquisición.
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La audiencia de ofrecimiento de medios de prueba quedó programada para el próximo 21 de julio.
Sin mencionar nombres, Cojulún certificó lo conducente al Ministerio Público para que investigue a otras personas que hayan participado en estos hechos.
EL CASO
La Fiscalía sostiene que de 2014 a 2016, a través de un proceso de adquisición, por medio de un contrato de servicios de suministro de energía eléctrica, estas personas supuestamente habrían defraudado al Estado.
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Las pesquisas señalan, que con supuestas acciones fraudulentas convirtieron una licitación de dos años en una de 17, favoreciendo a la empresa “La Libertad S. A.” por intervención y autorización del entonces ministro de Energía y Minas, Érick Archila.
La Fiscalía sostiene que, con este contrato, dicha empresa, hasta septiembre de 2021 había sido beneficiada mediante la generación de pagos que ascienden a Q826,843,822.38.
