El pasado 8 de marzo se cumplieron cinco años de la tragedia en el “Hogar Seguro Virgen de la Asunción” en donde se registró un incendio que en 2017 cobró la vida de 41 niñas y adolescentes y dejó con heridas de gravedad a otras 15, quienes estaban bajo llave en un aula del recinto ubicado en el kilómetro 25, carretera a San José Pinula. A un lustro del fatídico suceso, familiares de las víctimas siguen esperando justicia y por diversos motivos el proceso penal ha tenido retrasos.
Entre los procesados figuran exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social y de otras instituciones de protección de menores, así como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la protección de las instalaciones en donde ocurrió la tragedia.
En enero pasado, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal unificó las fases 1 y 2 de este caso y programó el inicio del juicio contra ocho sindicados para finales de marzo, pero posteriormente argumentó “carga laboral” para aplazar el debate oral y público para el próximo 26 de julio.
FASE 1
En esta primera etapa del proceso fueron detenidos tres exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) por su presunta responsabilidad en los hechos investigados por el Ministerio Público, (MP). Durante la imputación de hechos, la Fiscalía señaló que, para llamar la atención de las autoridades, las menores iniciaron un incendio y al momento de requerir ayuda, no les fue proporcionada.
Los primeros detenidos por estos hechos fueron:
• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
FASE 2
Por esta fase fueron detenidos y sindicados los siguientes:
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez
En febrero de 2019, la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio presentó el escrito de acusación contra cinco sindicados más, como parte de la fase 2 de la investigación. En esa oportunidad el ente investigador explicó cuáles eran los delitos contra cada procesado.
“A Flores Valenzuela y Chaman Pacay se les acusará por maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas; a Marroquín Carrillo por maltrato contra personas menores de edad, homicidio culposo y lesiones culposas; a Pérez Borja por maltrato de personas menores de edad y abuso de autoridad, y a Castro Gutiérrez por el delito de incumplimiento de deberes”, informó.
FASE 3
El pasado 13 de mayo se tenía previsto el inicio de la audiencia de etapa intermedia de cuatro personas procesadas en esta carpeta judicial, como parte de la tercera fase de las pesquisas, no obstante, la diligencia se suspendió porque el Juzgado Cuarto Penal estaba conociendo otros expedientes. La audiencia de apertura a juicio fue aplazada para el 16 de septiembre.
Los sindicados en este grupo son:
Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del Hogar Seguro Virgen de la Asunción
Crucy Flor de María López Pérez, monitora de la institución
Rocío Murillo, quien era jueza de Paz de San José Pinula, separada del cargo
Rolando Romeo Miranda Navarro, exsecretario del Juzgado de Paz de ese municipio
LOS ANTEJUICIOS DE JIMMY MORALES
En junio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó una solicitud de retiro de inmunidad contra el entonces presidente Jimmy Morales, que fue promovida por los diputados Sandra Morán y Locadio Juracán, por supuestamente tener responsabilidad en los hechos en los que fallecieron las menores.
En su momento la congresista dijo que la denuncia contra Morales fue planteada por la jerarquía de mando y porque las personas clave en la SBS tenían vínculos con el gobernante, entre estos Anahí Keller.
La CSJ por mayoría decidió no retirarle la inmunidad al mandatario por considerar que el requerimiento era político y espurio.
EXSUBCOMISARIO MENCIONÓ AL PRESIDENTE
Durante la audiencia de primera declaración, Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC declaró que el presidente Morales tenía conocimiento de lo que sucedía en el lugar y que habría girado instrucciones por medio de una llamada telefónica, facilitada por una persona que se identificó como asesor presidencial de nombre Carlos Beltetón.
Según una nota de Prensa Libre, “terminada la llamada el comisario ordenó a Pérez Borja coordinarse con el jefe de Distrito de la PNC para enviar a San José Pinula cien agentes para mantener el control en el Hogar Seguro. Llegaron agentes de las comisarías 11, 12, 14 y 15.”.
