En el mes de abril, el Gobierno anunció la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V, por las cuales pagó el 50%, equivalente a Q614.5 millones. Sin embargo, luego de múltiples inconvenientes con las entregas, en el mes de julio la entonces ministra de Salud, Amelia Flores, anunció que se había firmado un nuevo contrato, en donde las dosis adquiridas se reducirían a 8 millones.
Siete meses después las dosis pagadas no han sido completadas y el Gobierno no ha encontrado opciones para rescindir la negociación que le ha costado críticas y cuestionamientos a la administración actual, por el secretismo y opacidad con la que se manejó la negociación.
Según explicó el ministro de Salud Francisco Coma, durante una citación en el Congreso, el contrato por las vacunas Sputnik V está dividido en dos temas, uno es la entrega de 8 millones de dosis pactada con un plazo límite el 31 de diciembre, a partir de ese momento comenzarán las nuevas regulaciones que puedan estar sujetas a la agenda acordada por el Gobierno.
La agenda que mencionó Coma conlleva que el contrato continúa vigente con cumplir con los otros 8 millones en 2022 y 2023.
Coma indicó que, de haber un incumplimiento en la entrega de los primeros 8 millones de dosis, está el proceso de análisis jurídico de la continuidad o no.
“Cualquier acción posterior estará sujeta a ese proceso de cumplimiento, los acuerdos y el contrato están firmados bajo esa línea”, aseguró el funcionario.
40% DEL CONTRATO A COMPLETAR EN UN MES
Según estadísticas del MSPAS hasta la fecha se han hecho entrega 17 lotes de vacunas Sputnik V con un total de 4.86 millones de dosis. De esa cifra 3 millones corresponden a primera dosis y 1,860,000 son del segundo componente.
A falta de poco más de un mes para que se cumpla el plazo fijado para el cumplimiento de la entrega de 8 millones de dosis, aún falta el 40% de las dosis a entregar y no se ha informado fecha para un nuevo ingreso de dosis.
Analistas consultados por La Hora indicaron que declarar lesivo o rescindir el contrato podría generar posibles implicaciones para Guatemala y que la otra salida es intentar negociar haciendo ver el incumplimiento de entregas por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por su sigla en inglés) y la empresa intermediaria.
EDDIE CUX: HAY DOS POSIBLES VÍAS
El director de Acción Ciudadana (AC), Eddie Cux comentó que habría dos posibles vías para finiquitar el contrato con Rusia, al mismo tiempo señaló que el entramado jurídico que aceptó la ex ministra Amelia Flores, dejó en una situación vulnerable al país.
En esa línea, señaló que, a partir de esa premisa, es difícil dar por terminado ese contrato por la vía jurídica y declararlo lesivo podría ser contraproducente, como lo fue la renegociación,
señaló Cux.
Asimismo, indicó “podría promover la vía del arbitraje” una alternativa para rescindir el contrato y este se resolvería en el Centro de Arbitraje Internacional en Singapur, aunque en este caso la responsabilidad máxima que enfrentaría Human Vaccine sería menor al pago anticipado, el cual asciende a USD79,600,000 (Q614.5 millones).
Sería más conveniente que el MSPAS busque renegociar el contrato con el fabricante procurando términos favorables para Guatemala, bajo el acompañamiento de la PGN y Cancillería.
Eddie Cux
ORELLANA: FALTA DE INFORMACIÓN COMPLICA ANALIZAR ESCENARIOS
El abogado Constitucionalista y ex Canciller, Gabriel Orellana indicó que pensar en rescindir el contrato lleva varias contingencias a mediano y largo plazo, subrayó que la falta de información no permite un enjuiciamiento objetivo de las ventajas o desventajas del contrato.
En este caso el abogado indicó que es de gran valor remarcar por la labor Constitucional que tiene asignada la Contraloría General de Cuentas, “realmente quien tendría la primera iniciativa y no solo discrecional, sino obligada y hasta el momento no he escuchado ningún pronunciamiento de ellos”.
El abogado constitucionalista indicó que la Contraloría no ha mostrado postura alguna, “ya sea en apoyo u objetando la forma como se negoció este contrato (…) sería imprudente dar una opinión cuando los organismos constitucionales como Contraloría y Ministerio Público no han dicho nada”.
Por último, Orellana señaló, que es políticamente sano y conveniente para las autoridades dar la información del caso y evitar dudas infundadas o conjeturas de la negociación, acción que hasta el momento el Ejecutivo escuda detrás del argumento de la confidencialidad.
LINARES: CONTRATO DEBE RESCINDIRSE
El analista Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) consideró que hay razones por las que el contrato es contraproducente a los intereses del Estado y que debe rescindirse.
Explicó que “habiendo un incumplimiento de parte de los rusos, cualquier contrato que se haga debe ser con los mejores términos para Guatemala y con mayores compromisos para la empresa rusa, hay antecedentes de incumplimiento, de pagos que se hicieron y no hubo cumplimiento en las entregas”.
Tomando en cuenta el incumplimiento de los rusos, sería conveniente que se renegocie y que se busque rescindir el contrato con efectos de menor compromiso para Guatemala, “que la carga vaya hacia el vendedor porque ya falló”, explicó Linares.
