Luego de que La Hora reportó que el Estado de Guatemala no ha asumido la responsabilidad por cualquier efecto secundario vinculado a las vacunas que donará Estados Unidos y las dosis adquiridas a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX por sus siglas en inglés), este jueves el Ejecutivo, tras varios días de análisis, optó por recurrir al Congreso y presentó una iniciativa de ley para regular los aspectos relacionados a la exención de responsabilidad.
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Vacunas: Gobierno opta por el Congreso y propone ley ? [https://t.co/zJEN0cwj3L] pic.twitter.com/DMz7T1coCd— Diario La Hora (@lahoragt) June 24, 2021
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó a través de una nota de prensa que, la iniciativa se planteó porque los distintos fabricantes de vacunas imponen una serie de requisitos para concretar la venta de sus dosis; además solicitan que se les exima de responsabilidad civil por reacciones adversas serias atribuibles a las vacunas contra el Covid-19, como lo había adelantado este medio desde la semana pasada.
Según la SCSP, otro de los requisitos necesarios planteados por las farmacéuticas fue designar una autoridad o dependencia pública encargada de analizar, investigar y dictaminar esas reacciones, además, de establecer un régimen de compensación.
La Presidencia indicó que todas las acciones contempladas en la iniciativa del proyecto de ley estarían a cargo de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
SE CREARÍA COMITÉ DE EVALUACIÓN
La iniciativa de ley contempla la creación del mecanismo que tendrá por objeto compensar a las personas afectadas por los posibles efectos adversos graves que pudieran ocurrir.
“Esta compensación no será aplicable en los casos en que el evento sea resultado de la conducta fraudulenta intencional de la persona afectada”, explicaron.
Además, será obligación de la cartera de Salud crear el Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas, el cual estaría encargado de realizar la investigación respectiva, y emitir el dictamen correspondiente en el que se establezca, en cada caso en concreto, si las reacciones analizadas pueden ser atribuibles o no a la vacuna contra el Covid-19, “con el objeto de establecer si tales circunstancias deben ser compensadas a través del mecanismo de compensación o no aplica”, agregó la SCSP.
DIRECTORA DE USAID CONFIRMÓ LA NECESIDAD DE LA EXENCIÓN
La directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, confirmó hace más de una semana que era necesario que el Estado asumiera la responsabilidad de los posibles efectos secundarios de vacunas producidas por farmacéuticas estadounidenses para recibir un donativo de 500 mil dosis del gobierno del presidente, Joe Biden.
“Cada vez que una de las grandes farmacéuticas organiza una entrega a un país de manera bilateral digamos, no a través de COVAX, sino de manera directa, es necesario negociar un acuerdo entre el país receptor y la empresa farmacéutica sobre temas de responsabilidad civil y otros asuntos”, explicó.
Durante una citación el pasado martes, la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que la cartera evaluaba la emisión de un Acuerdo Gubernativo, pero no descartó recurrir al Congreso con una iniciativa de ley, lo cual sucedió hoy.
