En una columna de la compañía asesora en software y de media bursátil, Bloomberg, la periodista Shannon O’Neil y el editor James Gibney relataron como el norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) al ser un socio “problemático” para Estados Unidos la única solución es “ir tras ellos”, desde un enfoque que sancione a actores corruptos, en vez de contrarrestar los problemas de los habitantes como la desnutrición, desastres naturales, discriminación y desempleo.
En la columna, O’ Neil describe que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es vinculado al robo de dinero del gobierno y aceptar sobornos de narcotraficantes; el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, es conocido por entregar contratos gubernamentales a individuos cercanos y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cerró la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES) y ha ampliado la inmunidad de los políticos.
Desde pequeños sobornos constantes hasta un gigantesco fraude público, la corrupción se extiende por toda Centroamérica. Ninguno de los países: El Salvador, Guatemala o Honduras se encuentra entre los 100 primeros en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La corrupción en estos países tiene un enorme costo económico: la región pierde $13 mil millones o más del 5% del producto interno bruto, cada año, describen.
Además, la columnista de Bloomberg planteó que, al igual que sus líderes, las élites económicas de Centroamérica no están dispuestas a mejorar el panorama de sus naciones. “El favor del gobierno ha hecho a muchos muy ricos, y la carga impositiva es baja y fácil de evadir: los ingresos tributarios en los tres países del Triángulo Norte caen por debajo del promedio de 2019 del 22,9% del PIB en América Latina y el Caribe; según ese criterio, Guatemala tiene los ingresos tributarios más bajos de la región, un ínfimo 13,1%. En lugar de impuestos, las remesas impulsadas por la migración, que alcanzan cerca del 20% del PIB en El Salvador y Honduras, atienden muchas necesidades básicas”, señaló.
La administración Biden-Harris ha opinado que la clave para restaurar la esperanza y las oportunidades en la región y persuadir a sus ciudadanos para que se queden en casa es erradicar la corrupción, sin embargo, Shannon O’Neil mencionó que “para cambiar realmente las cosas, necesita asumir no sólo los síntomas, sino los sistemas políticos y económicos que obligan a cientos de miles de personas a abandonar sus tierras natales. Esta tarea espinosa significa confrontar a los socios ostensibles de Estados Unidos, los gobiernos de la región, que son más un problema que una solución”.
IR TRAS LA CORRUPCIÓN
“Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de EE.UU.?”, cuestionó la columnista. Como primer paso sugirió asegurarse de que la asistencia extranjera no caiga en manos sucias.
“Sabemos lo que funciona. Una amplia combinación de desarrollo económico, prevención de la violencia y programas centrados en los jóvenes ha demostrado ser prometedora para cambiar la realidad cotidiana sobre el terreno y los cálculos de los posibles migrantes. Pero el dinero tiene que ir a las personas y comunidades en riesgo, no a las cuentas bancarias de los funcionarios políticos”, indicó O’Neil argumentando que los fondos estadounidenses deberían ir directamente a oenegés, grupos de la sociedad civil y partes del sector privado que los utilicen de manera transparente.
Segundo, la periodista cree que Estados Unidos necesita redoblar esfuerzos para desmantelar los sistemas corruptos, lo cual implica financiar organismos internacionales de investigación anticorrupción con un historial probado de traer cambios reales, y que los gobiernos del Triángulo del Norte han tratado repetidamente de socavar. “Los EE.UU. deberían ayudar a crear los muy necesarios vigilantes, requiriendo, por ejemplo, que los gobiernos u organizaciones contraten asesores técnicos y empoderen a los generales inspectores en los ministerios que reciben dinero de los EE. UU.”, sugirió.
A criterio de O’Neil el alcance de la ley de EE.UU. es amplio y refirió que este puede ser usado en Centroamérica para asegurar que se haga justicia. Además, describió que “gran parte” de las ganancias mal habidas de C.A fluyen a través del sistema financiero de Estados Unidos o se disfrutan en suelo de EE. UU. “mientras los perpetradores toman vacaciones, compran casas o educan a sus hijos”.
Para estos actores la columnista destaca que no deberían gozar de un puerto en Estados Unidos, que sus visas deberían ser canceladas, y deben ser sancionados. Así mismo, invita a que la promulgación de listas de funcionarios del Triángulo del Norte sospechosos de corrupción, conocidas como las listas de Engel, después de su patrocinador legislativo, el excongresista Eliot Engel, se intensifique y aproveche para la presión diplomática.
Por otro lado, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCen), debería dirigir su experiencia en rastreo a las redes ilícitas de Centroamérica, del mismo modo sugirió que el Departamento de Justicia utilice su jurisdicción mediante la Ley de prácticas corruptas en el extranjero, la Iniciativa para la Recuperación de Activos de la Cleptocracia y otros instrumentos para elaborar y enjuiciar casos.
“Sin duda, las intervenciones pasadas de EE.UU. en Centroamérica han tenido un lado oscuro. Y algunos en el Congreso han cuestionado si los planes de esta administración no terminarán desperdiciando más dinero de los contribuyentes. Sin embargo, estas acciones intensificadas no estarán del lado de gobiernos represivos y élites corruptas. En cambio, tienen el potencial de aprovechar el poder económico y legal de EE.UU. para apoyar a los millones de ciudadanos que quieren que sus tierras sean más libres, más justas y más prósperas”, puntualizó.
Para O’Neil Estados Unidos debe actuar con fuerza del lado correcto de la historia “¿El beneficio agregado?”, planteó, “menos centroamericanos se sentirán obligados a hacer un peligroso viaje al norte”, concluyó.
