POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
En Guatemala, en medio de la pandemia del COVID-19, 1 mil 486 personas, principalmente niñas y adolescentes, habrían sufrido violencia sexual, según las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) del 13 de marzo (a partir de que se conoció el primer caso del virus) al 17 de julio de este año. Aunque en los últimos dos años se registran más evaluaciones por delitos sexuales comparadas con el mismo periodo de tiempo, informes internacionales y una profesional del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar) sugieren que la situación podría estar relacionada con dificultades para denunciar en medio del confinamiento y las restricciones, así como porque el agresor podría estar en el hogar.
*Jimena tiene 12 años de edad y tres meses de embarazo, vive en Santa Eulalia, Huehuetenango, fue violada durante la pandemia del coronavirus. En el contexto de confinamiento y restricciones de movilidad, ha tenido que seguir viendo a su agresor: su tío.
Jimena relató que un día fue a comprar pan a una tienda de la localidad, cuando su tío se le acercó, la sostuvo con fuerza y la llevó a un terreno boscoso. Le tapó la boca y con cuchillo en mano la obligó a callarse.
El hombre manoseó y besó a la niña, ella trató de alejarlo. El agresor impuso su fuerza física y la golpeó. Le quitó la ropa y la violó. La niña solo recuerda que sintió un líquido que ella describió “como si se hubiera orinado”. El abusador después de violarla la soltó, sin antes advertirle que la mataría si decía lo que había ocurrido.
Jimena regresó asustada a su casa, sin el producto que debía comprar. Su mamá le preguntó ¿Qué le había sucedido? La niña no respondió. La madre consideró llevarla a un hospital, pero ya era tarde y recordó que el traslado podría llevar dos horas, por eso no recibió asistencia médica de inmediato.
El tiempo transcurrió y Jimena se veía enferma, sus padres decidieron llevarla al centro de salud, donde les confirmaron que estaba embarazada. Actualmente la niña tiene 3 meses de embarazo; ella fue trasladada a la clínica de violencia sexual del Hospital Departamental de Huehuetenango y el caso también se refirió al Ministerio Público, para que realice las investigaciones y deduzca responsabilidades.
Actualmente, la niña sufre depresión y rechazo al embarazo. Jimena y su familia han tenido dificultades para dar a conocer lo sucedido en su comunidad.
Este caso es uno de tantos registrados por el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), que expresa preocupación por las principales debilidades para judicializar los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, y durante la pandemia.
ATRAPADAS EN LA SOMBRA DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Los casos de violación se pueden visibilizar a través de las evaluaciones realizadas por el Inacif, que son ordenadas por el Ministerio Público que requiere la prueba científica cuando existe sospecha de la comisión de un delito de esta índole.
Sin embargo, ni antes ni durante la pandemia, todos los casos de violación han sido registrados y denunciados en las entidades de seguridad y justicia, según el Osar.
Del 13 de marzo al 17 de julio de este año, el Inacif ha registrado 1 mil 486 evaluaciones médicas por delito sexual.
De los 1 mil 486 casos documentados, 1 mil 361, es decir el 92 por ciento, corresponde a niñas y mujeres, y 125, el 8 por ciento, a niños y hombres, según información requerida a través de la Unidad de Información Pública.
Los porcentajes más altos de evaluaciones durante los casi siete meses de 2020, son de niñas de 10 a 14 años, en total son 493. En el segundo rubro de afectadas se cuantifican 302 adolescentes de 15 a 17 años. Y en el tercero, 199 evaluaciones de niñas más pequeñas de 5 a 9 años. (Vea la gráfica Evaluaciones de Inacif por delito sexual).
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En los últimos dos años y en el mismo periodo de tiempo, es decir del 13 de marzo al 17 de julio de 2018 y 2019, las estadísticas reflejaban más evaluaciones realizadas por Inacif, sin embargo, a criterio de Mirna Montenegro, directora del Osar, esto no significa que no hayan ocurrido más violaciones en la pandemia del coronavirus.
En 2019, Inacif registró de marzo a julio, 2 mil 861 evaluaciones por delito sexual: 2 mil 582 correspondían a niñas y mujeres y 279 a niños y hombres. En 2018, la estadística de casi siete meses fue de 2 mil 905 reconocimientos médicos por delito sexual: 2 mil 601 en niñas y mujeres y 304 en niños y hombres.
Por su parte, representantes del Área de Comunicación Social de Inacif han explicado que durante la pandemia del coronavirus siguen prestando atención en las clínicas, aunque admiten que los profesionales que atienden se han dividido por turnos.
“Las evaluaciones urgentes como exhibiciones personales, evaluaciones de personas víctimas de violencia sexual cuyo hecho haya ocurrido dentro de los tres días de presentada la denuncia a efecto que no se pierdan los indicios correspondientes, y evaluaciones físicas de mujeres y niñez víctimas de violencia física, serán desarrolladas por el personal de turno en cualquier día y horario, conforme sea necesario”, se explicó en el Acuerdo No. DG-12-Inacif-2020.
MONTENEGRO: POBREZA Y RESTRICCIONES = FALTA DE DENUNCIAS
De acuerdo con Mirna Montenegro, directora del Osar, aunque los números de evaluaciones médicas han disminuido, comparadas con los dos últimos años, esto no significa que los casos de violación han bajado, más bien podrían considerarse otros factores que han imposibilitado denunciar, por ejemplo, la pobreza, las restricciones de movilidad y los toques de queda.
“Los números demuestran que no hay acceso a la denuncia y al reconocimiento -médico por delito sexual-, si lo vemos en el contexto de las familias viven ahora con mayor pobreza porque muchos no tienen empleo, las casas de Guatemala no son precisamente de muchos ambientes, viven hacinados. La violencia sexual no ha disminuido: o se ha mantenido, o se ha incrementado, pero ¿qué puede hacer una adolescente cuando hay restricción en el toque de queda?, hay poco dinero, no consigue una camioneta para salir, debe tener el dinero para pagar el transporte privado y el miedo que generan los agresores”, explica la directora del Osar.
Además, no todas las niñas y adolescentes tienen acceso a un teléfono para interponer la denuncia vía electrónica.
“Creemos que sí las cifras han reducido y los exámenes de delitos sexuales, -se debe- a que las víctimas no tienen acceso para denunciar e ir a los servicios”, indica Montenegro.
Antes de la pandemia el Osar ya había observado otros factores relacionados con la falta de acceso a la justicia para las niñas y adolescentes víctimas de estos delitos, porque carecían de recursos económicos para el traslado de su comunidad a la cabecera municipal o departamental, para buscar justicia a través de la denuncia.
Según el Osar, para una niña que vive en una aldea o municipio, denunciar implica transporte, alimentación de al menos dos personas, la madre y la niña. En ocasiones también de un traductor que hable el idioma maya para interponer la denuncia en las sedes del Ministerio Público.
Otro factor es la carga laboral en las entidades de justicia, porque no se da prioridad a los casos de la niñez víctima, se suspenden audiencias, cambian las fechas de esas audiencias, sin considerar el esfuerzo económico y material que realizan las familias. Mientras que las órdenes de aprehensión de los agresores no son emitidas de forma inmediata, sino hasta meses después, lo cual facilita que los agresores se desplacen a otro lugar.
El Osar también ha argumentado que el estándar probatorio para los casos de violencia sexual con maternidad forzada requiere ser fortalecido con enfoque de género y pertinencia cultural, según un documento compartido.
Además, las sentencias condenatorias por violencia sexual con agravación de la pena (embarazo forzado) se quedan sin reparación digna y si la incluyen, ya no son de competencia del Organismo Judicial para la vigilancia o sanción de casos, de no cumplirse.
Muchas veces, las niñas dependen económicamente de los violadores, que proveen alimentación, vivienda y otras necesidades, además hay familias que temen romper vínculos entre sí al denunciar.
“Hay un 80% donde los agresores son familiares, las familias temen denunciar por lo mencionado anteriormente pero también por el rompimiento familiar y comunitario que eso significa”, explica el Osar.
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ANTES DE LA PANDEMIA, 243 MILLONES DE MUJERES Y NIÑAS HABÍAN SUFRIDO VIOLENCIA EN EL MUNDO
El 12 de abril de este año, fue emitida la declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora de ONU Mujeres, donde advirtió que durante la pandemia del COVID-19, la violencia contra las mujeres y niñas podría incrementar, pues meses antes de esta situación ya se había registrado en el mundo 243 millones de casos de violencia sexual o física.
“Antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella”, explicó.
Agregó que los índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo habían dificultado las medidas de respuesta y recopilación de datos.
“Menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales”.
Además, dio a conocer que era posible, que esa situación pusiera en riesgo la atención y el apoyo que necesitaban las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones, y el apoyo psicosocial y para la salud mental.
“Si no se aborda debidamente, esta pandemia en la sombra se añadirá al impacto económico del COVID-19. En el pasado, el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha estimado en aproximadamente 1,5 billones de dólares estadounidenses. Esta cifra solo puede aumentar en este momento que crece la violencia, y seguir aumentando una vez superada la pandemia”, refirió.
VIOLACIÓN EN GUATEMALA Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
La violación es un delito que está tipificado en el Artículo 173 del Código Penal y quien comete este ilícito tiene una pena de cárcel mínima de 8 años y una pena máxima de 12. Este artículo refiere literalmente:
“Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos”.
El Ministerio Público ha recibido del 13 de marzo al 19 de julio de 2020, 1 mil 912 denuncias por violación, mientras que la Policía Nacional Civil ha ejecutado de marzo a junio de este año, 49 capturas por violación. (Vea la gráfica Violación: durante la pandemia del COVID-19).
El Organismo Judicial ha emitido 214 sentencias absolutorias y condenatorias por violación. Los datos han sido procesados hasta el 10 de agosto de este año; no todos los casos podrían corresponder a un proceso judicial iniciado este año, sino en años anteriores.
En tanto, el Sistema Penitenciario resguarda hasta el pasado 12 de agosto, a 1 mil 091 presidiarios en cumplimiento de condena y en situación preventiva por el delito de violación.
Entre el 13 de marzo y 17 de julio de este año, Inacif realizó 1 mil 486 evaluaciones por delito sexual. En 2019 y en el mismo periodo de tiempo, ese Instituto registró 2 mil 861 evaluaciones por la misma causa. En 2018, la estadística de casi siete meses fue de 2 mil 905 reconocimientos médicos por delito sexual.
Mientras que el MP registró del 13 marzo al 19 julio de 2019, 3,059 denuncias por violación; en 2018, registró 3 mil 153.
En relación con las capturas, la PNC aprehendió de marzo a junio de 2020 a 49 personas por violación. En el mismo periodo de tiempo, pero en 2019 detuvo a 20 y en 2018 a 99, según una solicitud de información pública.
En el caso del Organismo Judicial, registró del 1 de enero al 10 de agosto de este año, 214 sentencias por violación: 55 absolutorias y 158 condenatorias.
En todo el año 2019 obtuvo 1 mil 01 sentencias por ese delito: 302 absolutorias y 699 condenatorias. En 2018, emitió 1 mil 015 sentencias por violación: 293 absolutorias y 722 condenatorias.
COORDINACIONES, DATOS, TECNOLOGÍA Y GOBIERNOS LOCALES
De acuerdo con Mirna Montenegro, directora del Osar, aunque se ha avanzado en crear mecanismo para interponer las denuncias de niñas y adolescentes afectadas por la violencia sexual, también es importante identificar a las Comisiones de Salud, a los Consejos de Desarrollo Comunitario y sobre todo abordar el tema desde la prevención.
“Hay más conocimiento, solo los servicios de salud saben que tienen que interponer una denuncia en el caso de una menor de 14 años embarazada. La distancia de las comunidades es un factor que tiene que romperse, hay que trabajar más en el marco de identificación con las Comisiones de Salud, con los Consejos de Desarrollo Comunitario, con las mismas familias, porque sí bien hemos trabajado para la atención inmediata, todavía no hemos logrado que se vea como una emergencia médica, por eso, después de la violencia sexual hay embarazos. En el tema de prevención en las escuelas no hay educación de sexualidad integral para los y las niñas”, indicó.
El documento “Covid-19 en la vida de las mujeres”, de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emite algunas consideraciones relacionadas con la violencia que históricamente han sufrido las mujeres y destaca la importancia de contar con datos desagregados por género, pues la ausencia de estadísticas ha obstaculizado la toma de decisiones acertadas, las respuestas apropiadas y la mitigación del impacto; esto se ha visto en emergencias de salud anteriores, como la epidemia de Ébola (2014-1658) y el brote de cólera de 2012 en Sierra Leona.
“Si bien estas emergencias de salud son distintas a la del COVID-19, sigue imperante la necesidad de soluciones basadas en evidencia, respaldadas por datos de calidad. De igual manera, es importante desglosar los datos por otros factores como estado socioeconómico y origen étnico-racial, para poder entender los impactos del COVID-19 en poblaciones específicas como personas afrodescendientes e indígenas”, explica.
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El análisis también refiere que las mujeres tienen menos acceso a la tecnología, ya que a nivel mundial hay 200 millones más de hombres que de mujeres con acceso a Internet, y las mujeres tienen 21% menos de probabilidad de tener un teléfono móvil, un recurso clave en países en desarrollo donde los teléfonos brindan acceso a la seguridad, redes sociales contención/organización, sistemas de alerta temprana, atención de salud móvil y transferencia de dinero.
“En el contexto del COVID-19, esta brecha digital de género tiene implicaciones cruciales para el acceso de las mujeres a información y servicios de salud, noticias públicas sobre medidas de aislamiento y cuarentena. Además de fortalecer el acceso de las mujeres de estas tecnologías de información, sería importante garantizar el uso de medios tradicionales como la radio, gráfica impresa y televisión para transmitir información esencial, incluyendo sobre violencia contra las mujeres”, indica.
Concluye en que es necesario reforzar las medidas para asegurar que las políticas que establecen los gobiernos nacionales se implementan en todas las regiones del país.
“Pueden fortalecerse los enlaces territoriales de los gobiernos, mejorar los canales de comunicación con los gobiernos locales, y consultar a las organizaciones y grupos de mujeres que operan en las comunidades”.
*Nombre ficticio y datos modificados para proteger la identidad de la niña afectada.
