POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio de Gobernación tiene varias funciones y a su vez debe velar por cada una de las direcciones adscritas a su cartera, entre las más importantes y que están relacionadas a la seguridad están: la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General del Sistema Penitenciario (SP), la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp).
El próximo 14 de enero asume Edgar Godoy Samayoa, ministro de Gobernación designado por el presidente Alejandro Giammattei. Godoy tendrá bajo su responsabilidad las cuatro direcciones mencionadas.
David Martínez-Amador, investigador y profesor universitario, dijo recientemente a La Hora, que el Ejecutivo tiene que atender dos temas en seguridad importantes: el sistema carcelario y la reconstrucción de la PNC.
“Definitivamente tiene que entrarle con los colmillos al tema de las prisiones, que es donde tiene la única experiencia -el presidente Giammattei-, tiene que terminar con la corrupción estructural de las cárceles. Tiene que reconstruir a la Policía Nacional Civil”, dijo el entrevistado.
Actualmente hay 21 cárceles que albergan a 25 mil 319 privados de libertad, de los cuales 13 mil 524 están sentenciados y 11 mil 795 preventivos.
Martínez-Amador agregó que la “PNC quedó destruida y hecha pedazos”, por tanto, debe reconstruirse.
Durante la administración del presidente Jimmy Morales que concluye próximamente, fueron removidos policías de diferentes rangos, también fueron ascendidos trabajadores policías sin pasar el curso de ascenso. Otros problemas continuaron como la falta de dignificación y carencias en infraestructura y vehículos.
DIGICI Y DIGESSP
Por otro lado, Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), opinó que la Digici debe estar integrada por el personal policial, que debe ser permanentemente capacitado.
En relación a la Digessp, la entrevistada dijo que esa institución debe dejar de “ser un brazo” de las empresas de seguridad privada y convertirse en un “brazo del Estado” para supervisar a las compañías.
De León cuestionó que algunos prestadores de seguridad privada se niegan a acatar la Ley de Regula los Servicios de Seguridad Privada y sus Reglamentos, por ello se deben dar plazos para que se cumpla la normativa.
La Hora solicitó ayer información a Digessp sobre la cantidad de prestadores de seguridad privada adecuados y no adecuados, la estadística de guardias acreditados y no acreditados, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
De acuerdo con datos solicitados y publicados por La Hora, el 23 de octubre del año pasado, en el reportaje “Seguridad Privada, el sector más denunciado ante el Ministerio de Trabajo”, se conoció que, hasta el 8 de octubre de 2019, había 210 prestadores de seguridad autorizados.
Además, hasta el 8 de octubre de 2019 se había registrado 39 mil 315 guardias privados en Digessp: 20 mil 861 policías acreditados y 18 mil 454 aún debían cumplir con este requisito.
INSTITUTO DE MIGRACIÓN
Aunque el Instituto de Migración dejó de ser una dirección y estaría en proceso de transición a su autonomía, existen varios desafíos que aún se atienden desde el Ministerio de Gobernación.
Úrsula Roldán, del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, calificó de “opaca” la elaboración de reglamentos internos y destacó que tampoco ha tenido protagonismo en relación con la política migratoria, sino que lo ha hecho el Ministerio de Gobernación; agregó que por eso se debe crear institucionalidad.
“Se necesita fortalecer al Instituto, darle agilidad, la coherencia que necesita a nivel institucional”, explicó Roldán.
