Foto La Hora: José Orozco

Por María España*
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Después de la polémica contratación de Karin Orellana como Fiscal Especial para investigar las denuncias contra Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la fiscal general María Consuelo Porras modificó el acuerdo de la Asesoría en Análisis y Verificación, encargada de evaluar a los aspirantes a ingresar al Ministerio Público (MP). Este es un proyecto que venía preparando previo a lo sucedido con la Fiscal Especial y se realizó con apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Según el Acuerdo 53-2020, firmado el 11 de diciembre, la primera modificación fue del artículo 1 del acuerdo 01-2020, sobre la creación de la dependencia para brindar asesoría a la Fiscal General y a la Dirección de Recursos Humanos “en relación a la investigación socioeconómica, análisis de personal; así como brindar la información, análisis, estudio o propuestas para la toma de decisiones y acciones oportunas que permitan una contratación idónea, independientemente del renglón presupuestario que corresponda”.

Además, resalta que se integrará a personal profesional y administrativo dependiendo de la necesidad del servicio dentro de la dependencia, pero esta queda integrada de la siguiente forma:

a) Asesor en Análisis y Verificación
b) Profesional en Análisis y Verificación I
c) Profesional en Análisis y Verificación II
d) Psicólogo de Análisis y Verificación
e) Coordinador de Recopilación de Datos de Campo
f) Técnico Recopilador de Datos de Campo
g) Oficinista III

Mientras que en la Instrucción 10-2020 de la Fiscal General a la Asesoría en Análisis y Verificación, y la Dirección de Recursos Humanos establece que ambas dependencias “deberán coordinar actividades a efecto de implementar los instrumentos, técnicas, normas y procedimientos necesarios para las evaluaciones de conformidad a su ámbito de competencia, incluyendo la de probidad”.

Luego de implementar los instrumentos para el proceso de reclutamiento, selección y contratación, la Asesoría deberá establecer la continuidad de la probidad, la cual será evaluada por la jefa del MP cuando lo requiera o cada cinco años, indica el artículo 2 de la instrucción.

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Así también, enfatiza en que la Dirección de Recursos Humanos deberá trasladar el expediente a la Asesoría, independientemente del renglón presupuestario que sea, para realizarle la investigación correspondiente. Al finalizar, será devuelto a la Dirección.

“Los aspirantes que no superen el proceso de evaluación de probidad, podrán iniciar, transcurrido un año, nuevos procesos de reclutamiento y selección para aspirar a un cargo dentro del Ministerio Público, lo que deberá quedar registrado en el sistema informático de la Dirección de Recursos Humanos”, puntualiza.

Además, al emitir esta nueva instrucción, se deroga la Instrucción General del 12 de marzo del presente año sobre la evaluación de probidad por la Asesoría. El 9 de noviembre fue la presentación pública de la unidad, en la que participó el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp.

Se mencionó que la iniciativa fue apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

POLÉMICA CONTRATACIÓN

Tras la polémica contratación de Karin Orellana como Fiscal Especial para investigar las denuncias contra Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI y la detención de su pareja sentimental por delitos relacionados al narcotráfico, el pasado lunes, Consuelo Porras intentó justificar que no conocieran sobre esa vinculación al evaluar su perfil.

El ente investigador argumentó que ella había cumplido con los requisitos establecidos y la Fiscal General, además, achacó no haber sido informada por la Fiscalía encargada del caso contra la pareja sentimental de Orellana.

Con información de Lourdes Arana*

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