Por María España
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En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA), Protection International Mesoamérica y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, por medio de un comunicado, expresan su apoyo al mensaje “Reconstruir para Mejorar”, impulsado por la Organización de Naciones Unidas para este año de pandemia del Covid-19.
“Dicha recuperación sólo será posible si se logra erradicar todo tipo de discriminación, reducir las desigualdades existentes, fomentar una participación activa y compromiso de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- para garantizar condiciones dignas para la población en general y en particular para los grupos en situación de vulnerabilidad.”, indican.
Sin embargo, UDEFEGUA registró 844 casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos Humanos durante enero a septiembre de este año, considerándolo como “uno de los años más violentos para la defensa de derechos humanos en el país”.
Por otro lado, señalan que la corrupción e impunidad “deja desprotegida a la mayoría de la población”, y, además, la pandemia del Covid-19 y el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota pusieron en evidencia las condiciones en las que vive la población.
UDEFEGUA señala en un comunicado que desde inicios dl año se han registrado 844 casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. pic.twitter.com/wldwDhJSUA
— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2020
Las organizaciones consideran que la defensa de los Derechos Humanos se dificultó ante el cierre de espacios cívicos, así también los derechos constitucionales fueron restringidos por medidas “para contener la pandemia”, tales como la militarización y la declaración de Estado de Excepción.
“Toques de queda que recuerdan medidas similares a los años ochenta durante el conflicto armado interno, y que generan zozobra y terror en la población, principalmente pueblos indígenas, mujeres, adolescentes, personas ancianas, niñas y niños”, puntualizan.
En relación con el tema, las organizaciones exhortan al Estado a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 28 de agosto de 2014, con lo que debe formular, aprobar, asignar recursos e implementar la Política de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos (PPPDDH).
Asimismo, consideran necesario que el gobierno adopte el Acuerdo de Escazú “como un instrumento para poder acceder a la información, participación pública efectiva, a la justicia ambiental y al reconocimiento de la figura de defensoras y defensores de derechos humanos ambientales”.
