
Por María España
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Ayer, Rolando Moisés Pérez fue detenido por supuestamente haber enviado mensajes de textos con amenazas al abogado Marco Leopoldo Zeissig Ramírez, exmandatario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además, es vinculado a los delitos de obstaculización de la acción penal, falsificación de documentos, usurpación de calidad en su contra y señalado de manejar una cuenta “Netcenter”, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Supuestamente el detenido manejaba la cuenta @ElJefedelKARMA en la red social Twitter, desde donde dirigía ataques a funcionarios judiciales, periodistas, entre otros.
IBARRA: MP DIO UN PRIMER PASO
Ante dicha acción, Carmen Aida Ibarra del Movimiento Pro-Justicia (MPJ) indicó que, respecto a las investigaciones, el Ministerio Público (MP) “dio un primer paso al encontrar a alguien quien presuntamente participa en netcenter”. Agregó que es necesario que la investigación trascienda.

“Debe hacer todos los esfuerzos posibles para, en el marco de una investigación objetiva, tener más indicios que permitan acusar a este señor (Rolando Pérez), no solo de las amenazas y otras situaciones en las que puede incurrir, sino que se ponga especial interés en su participación como netcenter”, señaló.
Ibarra enfatizó que la difamación y promoción del discurso de odio contra personas, causa un impacto en las redes sociales, dañando la convivencia pacífica de una sociedad. Añadió que la sociedad guatemalteca se encuentra confrontada de forma política.
En tal sentido, aseveró que espera que se les dé seguimiento a las investigaciones sobre los netcenter “que están financiados desde el gobierno y partidos políticos”, para que tengan una sanción por promover el odio contra operadores de justicia independientes, organizaciones ciudadanas, e individuos que no se somete a las redes de corrupción e impunidad.
CICIG EXPUSO SITUACIÓN EN UN INFORME
Según el informe Bots, Netcenters y Combate a la Impunidad, publicado en 2019 por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los principales clientes de netcenter son funcionarios, políticos y empresarios. Además, indica que, según el estudio en la red social Twitter, la mayoría de las cuentas se encuentran en la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, y que algunas son utilizadas por varios usuarios.
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El costo de servicio que brindan es de aproximadamente US$7,000 mensuales, según el informe de CICIG. Entre los servicios del netcenter se encuentra: Generar imagen pública; comunicación política; posicionamiento de marca; sondeo de contenido o propuestas; ejecución de campaña negra; y creación de rumores, difamaciones y calumnias.
PDH: LAS INVESTIGACIONES DEBEN CONTINUAR
Asimismo, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que las investigaciones deben continuar por parte de las autoridades competentes ante los casos de netcenter, los cuales funcionan para “desacreditar y mandar mensajes de odio”.
Rodas indicó que el seguimiento por parte del MP, podría proporcionar indicios sobre más hechos delictivos en relación con el tema. Añadió que la problemática existe a nivel mundial, en la que el anonimato predomina.

Por otro lado, Rodas mencionó que “la PDH aún no tiene casos aperturados en ese sentido, las personas que han considerado denunciar, se han acercado al Ministerio Público, y ellos se encargan de la investigación”.
En la misma línea, mencionó que ha sido víctima por parte de los usuarios de netcenter en las redes sociales, y considera negativo dicho trabajo. “Es lamentable, pero cada quién decide en qué trabaja”, enfatizó Rodas, indicando que el discurso de odio perjudica a la población.
DETENIDO TRABAJÓ EN EL GOBIERNO
Por otro lado, el MP reveló que Pérez trabajó para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Asimismo, es señalado de falsificar documentos que lo acreditaban pensum cerrado de ingeniería industrial, y el título de ingeniero civil por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Por su presunta contratación en la Municipalidad de Mixco, la FECI requirió a la Corte Suprema de Justicia iniciar un proceso para levantar la inmunidad del alcalde de Mixco, Neto Bran.