El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, se declaró culpable el pasado viernes 9 de febrero de haber cometido el delito de lavado de dinero, en el caso de los más de Q122 millones que fueron hallados en octubre de 2020 dentro de varias maletas de viaje en octubre que estaban en el interior de una residencia que este arrendaba en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez. En la audiencia, la jueza decidió cambiarle el delito por el cual era acusado, lo cual fue cuestionado por abogados consultados por La Hora.
El procedimiento de aceptación de cargos al que se sometió el exministro le favoreció debido a que se dictó una sentencia condenatoria en su contra sin haber sido sometido a juicio ante un Tribunal de Sentencia, entre otros aspectos.
También pudo recibir una sanción con penas mínimas correspondientes al referido ilícito. La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, fue quien escuchó a Benito y quien dictó las medidas de sentencia.
El MP informó que la pena impuesta al exministro fue de «cuatro años de prisión mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos», por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos. La acusación era por lavado de dinero.
Al acogerse ese mecanismo, la jueza redujo la sanción a la mitad, es decir, dos años, y le impuso multa de Q1 millón 600 mil y le ordenó el pago de reparación digna consistente en Q220 mil.
La Fiscalía señaló que no está de acuerdo con el fallo, por lo cual informó que se apelará dicha sentencia. La FECI acusó al exministro por lavado de dinero, pero la jueza resolvió modificar el delito a conspiración para cometer el delito de lavado de dinero.
EN DESACUERDO
Abogados consultados por La Hora opinaron que la jueza se habría equivocado al dictar la sentencia en contra de Benito, pues consideraron que hay indicios de otros posibles hechos ilícitos. Además, de que la pena mínima contemplada por la ley es de seis años.
El exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, se pronunció respecto a esta decisión de la jueza, en la red social X, asegurando que esta práctica es para beneficiar a los corruptos.
«Atole con el dedo: ¿Cómo es posible que 4 años y rebajada a 2? Si la mínima del delito es 6 y debieron aumentar 1:3 (una tercera parte) por ser funcionario. Qué ridículos que pidan la pena mínima a quien lavó 122 millones y que salga de prisión y el delito es inconmutable», critico Sandoval.
En otro tweet, Sandoval criticó el accionar del MP. «No fue impuesta multa que corresponde al monto del lavado. El MP apeló, es una quimera. La aceptación de cargos es de hechos y calificación jurídica, el MP no quería que supieran su marufia, por qué la audiencia a puerta cerrada».
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INDICIOS DE OTROS DELITOS
Para el abogado Edgar Ortiz, consideró que en este caso el problema es más grande, porque hay indicios de otros posibles delitos.
«Hay otras líneas de investigación del caso. Primero, el origen de los fondos y su posible relación con un cohecho, entonces deja muchas dudas la resolución de la jueza. Entiendo que la Fiscalía ya apeló, pero sí deja dudas la modificación de delitos».
Además, el profesional aseguró que este tipo de temas deja en duda las decisiones de los jueces del país.
«La multa y la reparación digna que se fijaron parecen muy bajas en proporción a la acusación del caso por, Q122 millones», finalizó Ortiz.
MENSAJE GROTESCO
Para Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), es «verdaderamente preocupante, porque la juez bien pudo condenar por un tiempo mucho mayor a lo que impuso, pues la ley le daba un margen entre 6 y 20 años».
Orellana también dijo que «el mensaje que se da es grotesco para la población, porque esa pírrica sentencia no satisface socialmente al daño ocasionado a la población y permite al delincuente quedarse con lo robado tan tranquilamente, porque no hubo una contundente respuesta estatal».
Además, el profesional señaló que «lo que procedía era el comiso total y una reparación digna por el monto de los Q122 millones. No hacerlo así, resulta ser una sentencia que no está acorde a la ley y que debe ser apelada por el Ministerio Público, pues es muy doloroso para el pueblo ver esta clase de fallos en favor de esta clase de personas, que abusando excesivamente de su cargo queden libres y con condenas vergonzosas para el Estado y de enorme daño para la población».
Los profesionales coincidieron al indicar que el MP debería actuar de oficio y solicitar una condena más amplia.
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